El Gobierno deja de financiar pasajes gratis en micros de larga distancia a discapacitados, trasplantados y niños con cáncer

El Gobierno nacional resolvió dejar de financiar el sistema de compensaciones económicas destinado a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos otorgados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños con cáncer. A partir de ahora, las compañías deberán hacerse cargo de esos costos, aunque el derecho de los usuarios a viajar sin cargo continuará vigente.

La medida fue oficializada a través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este martes en el Boletín Oficial. La normativa elimina el esquema mediante el cual el Estado reintegraba parcialmente a las empresas el valor de los boletos emitidos en el marco de distintas leyes de protección social.

Hasta ahora, las compañías recibían compensaciones por los pasajes entregados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados o en lista de espera registrados en el SINTRA y menores alcanzados por la legislación de oncología infantil.

En los fundamentos de la resolución, el Ejecutivo sostuvo que el sistema de subsidios había sido creado en un contexto de emergencia y bajo un esquema de fuerte regulación estatal sobre las tarifas del transporte.

Según argumentó el Gobierno, la desregulación del transporte interjurisdiccional impulsada a través del Decreto 883/2024 modificó el modelo vigente y estableció un sistema basado en la libertad tarifaria y la competencia entre empresas.

En ese marco, la Secretaría de Transporte consideró que las compañías cuentan ahora con mayor capacidad para definir precios, recorridos y horarios, lo que les permitiría incorporar dentro de sus costos operativos las obligaciones legales vinculadas a los pasajes gratuitos.

La administración de Javier Milei remarcó que la medida no elimina el beneficio para los pasajeros alcanzados por las leyes 22.431, 26.928 y 27.674. De hecho, la resolución aclara que el derecho a la gratuidad “permanece plenamente vigente y exigible frente a los transportistas”.

“El eventual impacto económico de la decisión se circunscribe exclusivamente a la relación financiera entre el Estado y los operadores privados”, señaló el texto oficial.

Para garantizar el cumplimiento del sistema, el Gobierno encomendó a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) mantener los mecanismos de control y fiscalización sobre las empresas de transporte de larga distancia.

La resolución entró en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial, aunque contempla el pago de compensaciones que ya hubieran sido devengadas antes de la entrada en vigor de la nueva normativa.

Con información de la agencia NA