Lugones admitió la crisis del PAMI pero buscó bajar la tensión: “Hoy están pagando”

En el marco de la cumbre de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), realizada este martes en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, el ministro de Salud, Mario Lugones, hizo alusión al frente más sensible que por estas horas aqueja a su cartera. “Sí, hay crisis”, admitió sobre la situación del PAMI, la mayor obra social del país. Pero enseguida buscó bajar la tensión. “Hoy están pagando”, repitió, como una garantía mínima en medio del conflicto con prestadoras, a las que se les debe, según cálculo oficiales, más de 500.000 millones de pesos. En diálogo con la periodista Daniela Blanco, el ministro dejó en claro que el Gobierno es consciente del cuadro, aunque evitó refirse al paro de 72 horas que llevan adelante los médicos de cabecera.

El contexto no es menor. La situación del PAMI se convirtió en uno de los puntos más delicados de la gestión sanitaria, con tensiones por los cambios en los esquemas de pago y una transición que todavía no termina de ordenarse. En paralelo, Lugones atraviesa su propio frente interno, con cuestionamientos a su gestión, dudas sobre la velocidad de las reformas y presión por mostrar resultados en un área especialmente sensible. En ese marco, su definición funcionó más como una señal de contención que como una solución de fondo.

A partir de ese punto, el ministro amplió el foco. Habló de un sistema “en crisis”, atravesado por un problema estructural vinculado al envejecimiento de la población. “Cuanto más grandes somos, más dependemos de los médicos o de los medicamentos”, graficó. El diagnóstico, para nada novedoso, en boca del funcionario adquiere otra dimensión porque justifica la necesidad de reformular el modelo desde parámetros “descentralizadores”.

En ese rediseño, Lugones hizo especial hincapié en el rol de las provincias. Insistió en que la salud es una responsabilidad “jurisdiccional” y que no tiene sentido intentar conducir el sistema desde la Casa Rosada. “¿Qué mejor que el gobernador de cada jurisdicción para saber qué necesita su gente?”, planteó, al comparar realidades tan disímiles como las de Jujuy y Tierra del Fuego, punto sobre el que ya había hablado el año pasado. En esa línea, explicó que el Ministerio de Salud avanzará con recomendaciones y planes generales, pero que la ejecución quedará en manos de los distritos. Algunas provincias, dijo, ya están trabajando más articuladas con el sector privado, mientras que otras avanzan a otro ritmo.

Esa lógica implica un repliegue del Estado nacional como ejecutor y su reconversión en un actor que orienta y ordena. El objetivo, según planteó, es “nivelar la cancha” para que el sistema funcione con mayor eficiencia y cada jurisdicción asuma la responsabilidad que le corresponde. En paralelo, abrió la puerta a una mayor participación del sector privado, especialmente en aquellas provincias donde el sistema público muestra más limitaciones.

El otro eje fuerte de su intervención fue la transformación de la salud en un vector de inversión. Lugones vinculó esa estrategia al acuerdo con Estados Unidos, que según planteó abre la puerta a la llegada de capitales, al desarrollo tecnológico y a la generación de patentes en el país. Habló de reuniones recientes con laboratorios internacionales, de la necesidad de eliminar “tercerizaciones” que no agregan valor y de avanzar en regulaciones que impulsen la producción de “biosimilares” para fortalecer a la industria local.

En ese esquema, la refuncionalización de la ANMAT aparece como una pieza clave. El organismo, dijo, tendrá mayor protagonismo en investigación clínica y ensayos, en línea con la intención de convertir a la Argentina en un polo regional. Incluso proyectó al país como un “faro” en la región, en articulación con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), para exportar medicamentos a otros países de América Latina.

Sobre el final, el ministro volvió sobre uno de los puntos más sensibles: las personas con discapacidad. En el marco del escándalo por la causa que investiga el supuesto pago de sobornos en lo que fue la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Lugones econoció desorden administrativo, con convenios vencidos desde 2009 que debieron prorrogarse para poder pagar, y denunció la existencia de intermediaciones que, según su mirada, desvían recursos. Pero cerró con una promesa política. “No los vamos a dejar solos [a los discapacitados], de ninguna manera”.

Entre el reconocimiento de la crisis y la apuesta a una transformación estructural, Lugones dejó expuesta la tensión que atraviesa hoy al sistema. Mientras el Gobierno avanza con su idea de descentralizar, desregular y abrir la salud a la inversión privada, el PAMI sigue siendo el termómetro más inmediato de esa transición. Un organismo que, aun en crisis, necesita seguir pagando para que todo lo demás no se detenga.

PL/MC