En defensa de la democracia
De Massa y Mayans a Pichetto y Alfonsín: dirigentes firmaron un documento a cuatro años del atentado a Cristina Kirchner
Dirigentes del peronismo, el radicalismo y otras fuerzas políticas difundieron una declaración conjunta, al cumplirse cuatro años del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, en la que reclamaron “nunca más la violencia política” y reivindicaron la legitimidad del adversario como condición para la convivencia democrática.
Entre los firmantes aparecen el jefe del bloque de senadores de Unión por la Patria, José Mayans; Sergio Massa y Diego Giuliano, por el Frente Renovador; Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Republicano Federal; Ricardo Alfonsín, del Frente Amplio por la Democracia; y Federico Storani, de Radicalismo Auténtico.
También suscribieron el documento Juan Grabois, Martín Sabbatella, Guillermo Moreno, Leopoldo Moreau, Carlos Heller, Emilio Pérsico, Claudio Lozano, Gustavo López, Juan Carlos Alderete y otros referentes políticos.
Bajo el título “La democracia no admite la eliminación del adversario”, la declaración fue difundida en el cuarto aniversario del intento de asesinato de la entonces vicepresidenta, ocurrido el 1° de septiembre de 2022.
“Aquel hecho no puede ser reducido a un episodio aislado ni desvinculado del clima político que lo precedió”, sostuvieron los firmantes, que vincularon ese contexto con “discursos de odio, campañas de estigmatización, noticias falsas —fake news—, operaciones de desinformación y distintas formas de violencia política”, comienza el escrito.
El documento planteó además que existe “una frontera que ninguna democracia puede permitirse cruzar: cuando la eliminación simbólica del adversario abre paso a la posibilidad de su eliminación física”.
En ese sentido, los dirigentes señalaron que el aniversario del atentado “no interpela exclusivamente al peronismo ni a quienes acompañan políticamente a Cristina Fernández de Kirchner”, sino “al conjunto del sistema democrático argentino”.
“En democracia, al adversario se lo enfrenta con ideas, argumentos, organización política y votos”, afirmaron, y advirtieron que nunca se lo debe perseguir “hasta convertir el ejercicio de la política en un riesgo para su libertad, su integridad o su vida”.
La declaración también hizo referencia al lawfare, definido como “la utilización de mecanismos judiciales, políticos y comunicacionales para perseguir, disciplinar o excluir dirigentes de la competencia democrática”, y cuestionó la articulación entre persecución judicial, operaciones mediáticas, noticias falsas y hostigamiento en redes.
Los firmantes relacionaron además el planteo con los 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, aunque aclararon que se trata de “contextos históricos profundamente diferentes” y que no corresponde establecer “equivalencias simplificadoras”.
“Ningún proyecto de país puede construirse sobre la eliminación del que piensa distinto”, sostuvieron.
El texto reivindicó finalmente la necesidad de recuperar “la legitimidad del adversario” y la posibilidad de “discutir profundamente sin negar el derecho del otro a existir políticamente” y “confrontar sin deshumanizar”.
La declaración concluyó con una serie de consignas: “Nunca más la eliminación del adversario. Nunca más la violencia política. Más democracia. Más participación. Más política”.
El documento completo y las firmas
La democracia no admite la eliminación del adversario
A cuatro años del atentado contra la vida de Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 10 de septiembre de 2022 mientras ejercía la Vicepresidencia de la Nación, creemos necesario volver a reflexionar sobre las condiciones políticas, culturales y comunicacionales que hicieron posible que un arma cargada fuera gatillada a centímetros de su rostro.
Aquel hecho no puede ser reducido a un episodio aislado ni desvinculado del clima político que 10 precedió. Durante años, la Argentina asistió a la instalación sistemática de discursos de odio, campañas de estigmatización, noticias falsas —fake news—, operaciones de desinformación y distintas formas de violencia política dirigidas contra quienes participan de la vida pública y, de manera particularmente intensa, contra Cristina Fernández de Kirchner.
La llamada “antipolítica” no es solamente eI rechazo espontáneo de una parte de la sociedad hacia sus representantes. También ha sido construida y alimentada como un sentido común por sectores del poder económico concentrado y amplificada a través de medios de comunicación, redes sociales, plataformas digitales y nuevos dispositivos de producción y circulación de contenidos. Cuando la política es presentada sistemáticamente como corrupción; cuando el dirigente político es convertido en enemigo; cuando la militancia es ridiculizada o criminalizada; cuando la mentira se reproduce hasta adquirir apariencia de verdad; cuando el insulto reemplaza al argumento y la deshumanización del adversario se vuelve cotidiana, la democracia comienza a deteriorarse.
En ese contexto deben analizarse también las prácticas conocidas como lawfare: la utilización de mecanismos judiciales, políticos y comunicacionales para perseguir, disciplinar o excluir dirigentes de la competencia democrática. La articulación entre persecución judicial, operaciones mediáticas, noticias falsas y hostigamiento en redes puede construir un sentido común en el cual aquello que debería resultar inadmisible comienza a naturalizarse. Y existe una frontera que ninguna democracia puede permitirse cruzar: cuando la eliminación simbólica del adversario abre paso a la posibilidad de su eliminación física.
EI 10 de septiembre de 2022 la Argentina estuvo a centímetros de atravesar definitivamente esa frontera. Un hombre apuntó un arma contra la cabeza de la entonces Vicepresidenta de la Nación y gatilló. Ese instante debería permanecer en nuestra memoria democrática no solamente por 10 que ocurrió, sino también por 10 que pudo haber ocurrido.
Por eso consideramos que este aniversario no interpela exclusivamente al peronismo ni a quienes acompañan políticamente a Cristina Fernández de Kirchner. Interpela al conjunto del sistema democrático argentino.
Los partidos políticos, cualquiera sea su identidad ideológica, deberían ser capaces de establecer un acuerdo elemental: en democracia, al adversario se 10 enfrenta con ideas, argumentos, organización política y votos. Nunca se 10 persigue hasta convertir eI ejercicio de la política en un riesgo para su libertad, su integridad o su vida. Esta reflexión adquiere una significación todavía mayor cuando la Argentina transita los 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Sabemos que se trata de contextos históricos profundamente diferentes y que no corresponde establecer equivalencias simplificadoras. Pero nuestra historia debería habernos dejado un aprendizaje definitivo: ningún proyecto de país puede construirse sobre la eliminación del que piensa distinto.
Hace cincuenta años, el terrorismo de Estado secuestró, torturó, asesinó y desapareció a miles de argentinos y argentinas. La democracia recuperada en 1983 estableció otra regla para nuestra convivencia: las diferencias políticas se tramitan dentro de las instituciones, mediante la palabra, la participación popular y el voto. Por eso resulta alarmante que, medio siglo después del golpe, todavía existan sectores que conciban al adversario político como alguien a quien hay que destruir, silenciar o expulsar de la vida pública.
Las herramientas pueden cambiar. EI hostigamiento puede expresarse hoy mediante campañas digitales, noticias falsas, operaciones comunicacionales, persecuciones judiciales o discursos que promueven el odio. Pero existe un límite democrático que debemos defender colectivamente: nadie debe ser perseguido, amenazado ni violentado por sus ideas políticas. Defender ese límite no significa reclamar una política sin conflicto. La política es discusión. Es confrontación de intereses, proyectos, valores e ideas. Es pasión, identidad y disputa por el rumbo de una sociedad. Pretender eliminar esas diferencias sería negar la propia democracia. Lo que debemos recuperar es algo distinto: la legitimidad del adversario. Poder discutir profundamente sin negar el derecho del otro a existir políticamente. Poder confrontar sin deshumanizar. Poder ganar y perder elecciones sabiendo que ninguna derrota habilita la persecución y ninguna diferencia justifica la violencia.
Quienes firmamos esta declaración hacemos llegar a Cristina Fernández de Kirchner nuestro abrazo y nuestra solidaridad al cumplirse un nuevo aniversario de aquel 10 de septiembre. Pero, fundamentalmente, asumimos el compromiso de reivindicar el ejercicio de la política. De defender la palabra frente a la violencia. La verdad frente a la mentira organizada. EI debate frente a la estigmatización. La participación frente a la antipolítica. Y a trabajar para que la discusión, eI intercambio de ideas y la confrontación democrática vuelvan a ser reconocidos como 10 que nunca debieron dejar de ser: un ejercicio noble, indispensable y profundamente democrático.
Nunca más la eliminación del adversario.
Nunca más la violencia política.
Más democracia. Más participación. Más política.
Firmantes:
PARTIDO JUSTICIALISTA — José Mayans
FRENTE RENOVADOR — Diego Giuliano / Sergio Massa
ENCUENTRO REPUBLICANO FEDERAL — Miguel Ángel Pichetto
NUEVO ENCUENTRO — Martín Sabbatella
PRINCIPIOS Y VALORES — Guillermo Moreno
MOVIMIENTO NACIONAL ALFONSINISTA — Leopoldo Moreau
PATRIA GRANDE — Juan Grabois
FRENTE AMPLIO POR LA DEMOCRACIA — Ricardo Alfonsín
RADICALISMO AUTÉNTICO — Federico Storani
KOLINA — Carlos Castagneto
FRENTE GRANDE — Mario Secco
LA PATRIA DE LOS COMUNES — Emilio Pérsico
PARTIDO SOLIDARIO — Carlos Heller
UNIDAD SOCIALISTA — Jorge Rivas
UNIDAD POPULAR — Claudio Lozano
FORJA — Gustavo López
PARTIDO DE LA VICTORIA— Esteban San Pedro
ESPACIO POPULAR — Eduardo Sigal
PTP-PCR — Juan Carlos Alderete
PARTIDO INTRANSIGENTE — Lucrecia Monteagudo
PARTIDO COMUNISTA — Jorge Kreyness
NUEVA DIRIGENCIA — Matías Barroetaveña
LIBRES DEL SUR — Humberto Tumini.