Carne de cañón
Los menores y la violencia en Rosario: “Una transgresión sería ir a la escuela o no agarrar un arma”
Tamara Milagros Molina volvía a su casa en la tarde del 14 de marzo cuando una persona todavía no identificada la asesinó a balazos. Tenía 18 años y había crecido en medio de la violencia y las bandas que se disputan la venta de drogas en Tablada, un barrio de la zona sur de Rosario. Ella misma registraba una causa por portación de armas siendo menor, había sobrevivido poco antes a un intento de asesinato y sus hermanos de 16 y 12 años están involucrados en homicidios. Pero la vida y la muerte de Tamara no son excepcionales en una ciudad donde “las economías ilegales avanzan mientras el Estado se retira de los barrios”, como advierte el politólogo Luciano Vigoni.
“El narcotráfico diversifica su negocio en Rosario. Ya no es solo la comercialización de drogas. También aparecen como algo muy importante el préstamo informal a tasas usurarias, lo que genera una nueva circulación de violencia, y lo que se llama el casinito, las apuestas ilegales a través de plataformas”, dice Vigoni, exdirector del Programa Nueva Oportunidad durante el gobierno de Miguel Lifschitz en Santa Fe. En ese escenario, “los pibes no solamente venden casinitos, también guardan armas, prestan plata y reparten bolsitas (con drogas)”.
. El narcotráfico diversifica su negocio en Rosario. Ya no es solo la comercialización de drogas. También aparecen como algo muy importante el préstamo informal a tasas usurarias, lo que genera una nueva circulación de violencia, y lo que se llama el casinito, las apuestas ilegales a través de plataformas
“Los pibes tienen acceso a las armas y son utilizados para llevar, traer y también para guardar armas y drogas en sus casas, las que no están marcadas”, confirma el juez penal juvenil Alejandro Cardinale. “Me cuesta ver que en esas vidas haya transgresión. No la hay, en realidad, porque no existe una norma. Son pibes que han sufrido distintas violencias, que perdieron padres o hermanos y donde la comida de cada día llega por la actividad delictiva. Una transgresión hubiera sido ir a la escuela o no agarrar un arma, esos serían actos de rebeldía”, reflexiona el juez.
Tamara Milagros Molina fue asesinada el pasado 14 de marzo. Tenía 18 años. Sus hermanos de 16 y 12 años están involucrados en homicidios.
El crimen de Tamara Milagros Molina fue precedido el 31 de diciembre por el otro vecino de Tablada, Valentino Yandel Ramírez, un chico de 16 años en situación de pobreza extrema que se había vinculado al narcomenudeo. Un tirador no identificado baleó a Valentino por la espalda mientras otro menor lo distraía. Uno de los hermanos de Tamara, por otra parte, fue involucrado en tres crímenes y detenido después de tirotear un colectivo del transporte urbano en septiembre de 2024 siguiendo órdenes de Juan Carlos “Pelo Duro” Fernández, un preso de la cárcel de Coronda que se inició en el consumo de drogas a los 11 años, registró su primera detención a los 15 y en 2019 fue condenado a dieciocho años de prisión por homicidio y otros delitos.
Otro hermano de Tamara, a los 12 años, junto con otros de 10 y de 14, provocó la muerte de un hombre que vivía en la calle, Hugo Silva Viera, al arrojarle una botella con combustible y una mecha encendida el 6 de marzo de 2025. La tragedia ocurrida en una esquina de Villa Manuelita, un sector de Tablada, reunió así a niños atravesados por situaciones de violencia y un adulto sumido en el alcohol y la indigencia después que un accidente le imposibilitó trabajar como estibador. El padre está ausente de la casa donde se criaron los niños y la madre registra antecedentes vinculados con el narcomenudeo.
“Los espacios para menores privados de la libertad en Rosario no hacen otra cosa que reproducir la violencia. No hay tecnología de gestión nueva, es lo del Siglo XX y peor: los pibes pasan la mayor parte del tiempo encerrados, con tratamientos donde prima la lógica penitenciaria. Los pibes no pueden salir de ahí en mejores condiciones de las que entran”, afirma Luciano Vigoni.
“Hay varias barreras que deconstruir para pensar en una sanción en el sentido de la resocialización –dice el juez Cardinale–. En los casos graves, cuando les empieza a caer la ficha de lo que hicieron, hay que sostener esas subjetividades porque el pibe se derrumba y se sigue exponiendo al mata o muere y a otras conductas delictivas para volver a la cárcel más por una necesidad culposa que de rebeldía al sistema. Cuando podemos identificar eso, con un diálogo real, interdisciplinario, no resolviendo sobre la letra de un informe, la posibilidad de la intervención tiene un sentido formativo. Se sanciona a alguien que es parte de la comunidad”.
Los pibes tienen acceso a las armas y son utilizados para llevar, traer y también para guardar armas y drogas en sus casas, las que no están marcadas
Cardinale intervino cuando Tamara fue detenida por portación de armas: “Estuvo alojada en la División de Asuntos Juveniles Femenina, la cárcel de menores. La estrategia fue que saliera del núcleo familiar y del barrio; había una hermana mayor en Villa Gobernador Gálvez, pero la chica volvió a su casa. Hubo una falta de refuerzo estatal en la medida”.
La economía ilegal como forma de subsistencia
La descripción de bandas criminales suele invisibilizar la situación de familias rosarinas dedicadas al narcomenudeo como forma de subsistencia o para saldar deudas. Fue el caso del allanamiento realizado el 9 de enero en una casa de Las Flores al 3500, en la zona sudoeste de Rosario, donde el Ministerio Público de la Acusación descubrió a unas mellizas de 6 años que hacían de pasamanos para la venta de drogas. A esa edad, además, las niñas ya presenciaron otros operativos policiales en su domicilio y salieron ilesas de balaceras. El secuestro fue ínfimo: 10 gramos de cocaína.
“La economía ilegal es cada vez mayor frente a los restos del Estado en los barrios de Rosario, que son las escuelas, los centros de salud y algo de lo social –dice Luciano Vigoni–. Los clubes son la única estructura no estatal con presencia en el territorio, pero están muy debilitados. El gobierno provincial proyecta el encarcelamiento masivo de los jóvenes y el municipal de Rosario habla de buenos y malos, pero nadie mira una sociedad fragmentada y con mayores y múltiples niveles de violencia. En una recesión como la actual, con la falta de trabajo y hasta de changas, las economías ilegales son para muchas familias la posibilidad de generar un ingreso”.
La venta de drogas, el casinito y los préstamos informales de dinero funcionan entonces como alternativas para la subsistencia y el consumo, dice Vigoni, ex militante del Partido Socialista y ahora parte del Frente Amplio por la Soberanía: “Los pibes quieren consumir, quieren la moto, las llantas, la gorra. Obviamente están los clanes familiares (dedicados al narcomenudeo) pero ellos se conocen entre sí, van cambiando de un lugar a otro”.
El MPA y el gobierno de Maximiliano Pullaro contabilizan 109 puntos de venta de drogas “desactivados” en los últimos dos años. Sin embargo la comercialización de drogas no disminuye en Rosario: las transacciones se realizan en espacios abiertos –entre ellos el terraplén de barrio Las Flores donde fueron asesinados tres compradores el 23 de diciembre pasado– y el bunker se traslada a los propios domicilios de las familias. En otro procedimiento del mes de enero, los fiscales se encontraron con un niño de 10 años que asistía a su familia en la venta de drogas.
Los puntos de venta y la situación de los menores suelen quedar expuestos con los hechos de violencia. Una nena de 7 años llamada Pía resultó baleada el 28 de diciembre en el ataque de una banda contra su casa en Génova y Cabal, barrio Empalme Graneros. “Esta es una zona de balaceras. El bunker funciona hace cuatro o cinco años”, dijo entonces una vecina a Radio 2.
“La criminalidad en su más amplio espectro –bandas, violencia, narcomenudeo, intervención corrupta de la policía– es un factor de vulnerabilidad para cualquier persona y más para un pibe que todavía se está criando –afirma el juez Cardinale–. Una medida de protección puede ser alejar al menor de ese ámbito. A veces hay opciones dentro del entorno familiar y a veces no. Ahí es donde queda limitada la respuesta estatal, y es también lo que muchas veces se entiende como que no se hace nada. Pero la herramienta legal, institucional, está”. En los casos de menores no punibles, “la gran protagonista por acción o por omisión es la Secretaría de Protección de Niñez de la provincia”.
Como la disputa por el mercado de drogas, el prestamismo informal asoma en la superficie cuando deriva en represalias. El 16 de marzo una familia del barrio Empalme Graneros denunció un ataque incendiario contra su casa por no afrontar una deuda. “El prestamista puede prestar por un día, por un fin de semana, por un mes, a un interés que se negocia en la desesperación por consumir o de cubrir una necesidad básica –explica Vigoni–. Si no se devuelve con billetes se paga con un bien o en el límite con la propia casa. No son necesariamente los narcos, también lo hacen familias o personas a las que le sobra algo de plata”.
La investigación sobre Los Menores, la banda narcopolicial que desafió la tradicional hegemonía de Los Monos en Rosario, reveló la explotación de casinos virtuales y apuestas ilegales. “Es una diversificación del negocio menos riesgosa en términos de violencia –apunta Vigoni–. Se hace a través de plataformas que ofrecen todos los juegos de un casino. Un administrador provee el usuario para jugar, carga las fichas, recibe el dinero y hace los pagos. Ahí hay un negocio en ascenso que no se ve, pero es masivo”. La investigación de la fiscalía de Rosario identificó las plataformas Zeus y Rojo23 utilizadas por una rama de Los Menores que habría organizado Fernando Cappelletti.
Los Menores deben su nombre a la utilización de menores de edad como sicarios y custodios de puntos de venta. Lautaro Nicolás Brest tiene hoy 20 años, pero su trayectoria está ya marcada por la muerte violenta: siendo menor presenció los asesinatos de dos amigos de 14 y 15, en la zona oeste de Rosario, y de su propio padre, un taxista de 38 años. El 25 de marzo Brest fue imputado como parte de Los Menores, banda a la que se atribuye entre otros crímenes el de Andrés “Pillín” Bracamonte, el líder de la barra brava de Rosario Central.
“En quince años de trabajo nunca escuché a nadie decir ‘es menor no punible, no se puede hacer nada’ –enfatiza Vigoni-. La situación en Rosario es abordable aún hoy, pero el nuevo Régimen Penal Juvenil va a profundizar el problema. Necesitamos instituciones que tengan restricciones pero donde el tránsito cotidiano pase por lo cultural, lo deportivo y la atención de salud mental”.
Al Régimen Penal Juvenil que baja la edad de punibilidad a los 14 años se suma la nueva ley de organizaciones criminales, que por su parte incrementa penas e iguala la responsabilidad de los integrantes de bandas más allá de la función de cada uno. “Pero en un bunker tradicional, un espacio completamente cerrado con una mirilla por donde se despacha la droga, donde un pibe, una pibita están encerrados vendiendo, hay una situación de trata evidente dentro de la organización criminal –destaca el juez Cardinale-. Así lo definió la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. El menor es en esos casos una víctima más que el autor de un delito”.
Cardinale define como “terraplanismo punitivo” al Régimen Penal Juvenil que entrará en vigencia en septiembre. “Los problemas son complejos y la respuesta es falaz, simplista y no va a generar ninguna incidencia en la tasa de criminalidad ni en el estándar de seguridad comunitaria –señala el juez–. En Santa Fe los homicidios dolosos disminuyeron de una manera llamativamente abrupta sin ninguna ley agregada, supuestamente alcanzó con un patrullaje organizado y con cortar la comunicación desde la cárcel. El Régimen Penal Juvenil se aplicará además a una población que tiene una incidencia ínfima en la criminalidad”.
OA/MG