La ausencia de Gerardo Martínez fue el primer mensaje. El titular de la UOCRA no participó del convite final del Consejo de Mayo en Casa Rosada como advertencia de que la reforma laboral, tal como la quería Federico Sturzenegger, no tendría el apoyo de la CGT. La central sindical, luego, anunció que reunirá el jueves al consejo directivo para definir un plan de acción. Mientras tanto, continúa negociando: la CGT busca resguardar los derechos colectivos de los sindicatos y el Gobierno, decidido a sancionar la reforma laboral, está dispuesto a ceder en su batalla cultural para lograrlo.
El Gobierno está convencido de que Javier Milei triunfará allí donde Mauricio Macri y Fernando de la Rúa fracasaron. Que será Milei quien logrará, así como ya lo hizo con la Ley Bases, modificar la estructura de las relaciones laborales de la Argentina. Están convencidos de que el escenario político es el propicio -no solo por el espaldarazo del triunfo electoral, sino por el consenso social general de que es necesaria una modernización laboral- y están ansiosos por impulsarlo lo más rápido posible.
Patricia Bullrich, desde el Senado, agita los tiempos. La jefa del oficialismo, que fue ministra tanto de Macri como de De la Rúa, quiere comenzar a tratar la reforma laboral el próximo jueves en la comisión de Trabajo. Está convencida de que, con los votos libertarios (20), los radicales (10), los del PRO (4) y los gobernadores aliados (mínimo 4), podrá impulsar la ley y aprobarla en el recinto antes de que finalice el año.
En el peronismo, puertas adentro, coinciden con ella. La bancada que preside José Mayans hace cuentas y llega a la misma conclusión que Bullrich. Anticipan, resignados, que la reforma laboral saldrá en el Senado con más de 40 votos a favor. No solo del PRO, la UCR y los libertarios, sino de los senadores que responden a Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Osvaldo Jaldo (Tucumán) e, incluso, desconfían del actual senador santiagueño Gerardo Zamora. ¿Por qué? Porque están convencidos de que, cuando llegue el momento, la CGT cerrará un acuerdo con el Gobierno.
Policía bueno, policía malo
La primera respuesta de la CGT al borrador de la reforma laboral fue un grito de guerra. El embajador sindical en el Consejo de Mayo, Gerardo Martínez, decidió faltar al encuentro final, donde se anunció formalmente el contenido de la reforma laboral. En Azopardo se habían encendido las alarmas la semana pasada, cuando llegó a sus manos el primer borrador que incluía la limitación del derecho a huelga, la creación de los bancos de horas, cambios en el cálculo de las indemnizaciones y la eliminación de la ultraactividad de los convenios.
El cachetazo final, sin embargo, fue la inclusión de dos artículos que atacaban directamente la supervivencia de los sindicatos. Esto es: la eliminación de la obligatoriedad de las cuotas solidarias, que financian a las organizaciones gremiales, y la prelación del convenio por empresa respecto al convenio por actividad, que fragmenta la negociación colectiva. Dos reformas empujadas, fundamentalmente, por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que la CGT había creído que quedarían fuera del texto final.
La respuesta inmediata de la conducción de la CGT -un triunvirato compuesto por Octavio Arguello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo- fue convocar una reunión del consejo directivo para el jueves. El objetivo era definir un plan de acción. Amagaban, incluso, con articular con otros grupos de presión, como la CTA, que también se reunirá este jueves, y los gobernadores. “Estamos en modo alerta y movilización. Vamos a definir acciones conjuntas con todas las centrales sindicales”, advirtieron en la mesa de la CTA.
Mientras amenazaban, sin embargo, la CGT mantenía abierto aún el canal del diálogo con el Gobierno. Frente a la avanzada del ala Sturzenegger, la central sindical apostaba a fortalecer el vínculo con el ala “política”, que son quienes insisten en que hay que pacificar el frente sindical para poder avanzar con la reforma. Uno de los representantes de este sector es Santiago Caputo, quien todavía conversaba hasta tarde a la noche con algunos de los representantes de la CGT. No era el único: el karinismo también tenía su pata política, encarnada en Lule Menem y Diego Santilli, negociando para contener a la CGT.
Quienes se autoperciben como el ala “política” del Gobierno insisten en que, si bien es imposible convencer a la CGT de que acompañe la reforma laboral, es necesario evitar una confrontación directa. “Tenemos que definir con quiénes nos queremos pelear. Si nos queremos pelear con algunos sindicatos o con todos”, advierten en las Fuerzas del Cielo, que responde a Caputo.
Nadie lo dice en voz alta, pero el foco de la discusión son las cuotas solidarias. La propia CGT reconoce, en reuniones privadas, que su objetivo es proteger los derechos colectivos, no tanto los privados, como las indemnizaciones o las vacaciones. “Eso se puede discutir en los convenios colectivos o en la Justicia”, argumentan. El punto, advierten, es evitar el debilitamiento de las organizaciones sindicales.
Las conversaciones continúan, pero, por si acaso, la CGT comenzó a preparar el terreno para las medidas de fuerza. En el Gobierno, sin embargo, creen que terminará prevaleciendo el acuerdo político. Aún a costa de la batalla cultural contra los sindicatos. “No veo a ellos con capacidad de fuego ni a nosotros con ganas de joder”, admitió un referente libertario desde una oficina en el Congreso. Ninguno tiene muchas ganas de pelearse.
MCM/CRM