Cortes de rutas y asambleas

El reclamo salarial de los estatales misioneros desafía la cintura política de Rovira y pone en jaque a la provincia

Posadas —

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“¡Rovira, compadre, la cosa está que arde! ¡Rovira, compadre, la cosa está que arde!”. Pocos minutos habían pasado de las 19 de este jueves y el clima comenzaba a caldearse entre los docentes que se concentraban frente a la Cámara de Representantes de Misiones, en el barrio posadeño de Villa Sarita. Puertas adentro, sin embargo, la sesión transcurría con total normalidad. Hasta que un hecho encendió las alarmas de los legisladores presentes en el recinto: un grupo de maestros decidió pasar a la acción directa y correr las vallas que impedían el paso al playón principal del palacio legislativo, lo que motivó la intervención de las fuerzas de seguridad y una abrupta suspensión del orden del día.

Los cánticos con referencias explícitas a la figura del exgobernador y líder del provincialista Frente Renovador de la Concordia, Carlos Rovira, no eran nada casuales. Su presencia en la Legislatura no pasa desapercibida para nadie, a pesar de haber dejado el gobierno formal de la provincia hace más de 15 años y que, desde diciembre, ocupa una banca como diputado raso, luego de desistir de postularse una vez más como presidente de ese cuerpo unicameral. Rovira llegó al poder de Misiones en 1999, pero el costo político de la crisis social que tenía por delante lo terminó por pagar su mentor, el fugaz presidente Federico Ramón Puerta. Dos décadas más tarde, la historia parece repetirse, pero con una diferencia: ahora está únicamente él en el centro de todas las miradas.

Con asambleas permanentes y cortes de rutas en distintos puntos de la provincia, hace semanas que los docentes reclaman por una mejora salarial del 100% que les permita recomponer mínimamente sus ingresos y salir de la situación de indigencia a la que fueron empujados en los últimos meses por el ajuste llevado adelante por Javier Milei. Un pedido desesperado que no obtiene respuesta oficial y que llevó a varios de ellos incluso a hacer huelga de hambre. Además de en la Legislatura, las manifestaciones también se replican en la Plaza 9 de Julio, donde todos los días tienen lugar marchas para solicitar alguna respuesta por parte de las autoridades.

“Somos los peores pagos en el país”, se lamenta María, una docente posadeña con más de diez años de antigüedad, que pide abiertamente por la presencia del actual gobernador Hugo Passalacqua. En diálogo con elDiarioAR, comenta que un docente misionero recién iniciado gana alrededor de $240.000 y uno de máxima antigüedad “apenas llega a los $394.000”. La situación es tan dramática que muchos no pueden dar clases debido a que el dinero no les alcanza para pagar el transporte hacia la escuela. “Es eso o no comer”, comenta Dolly, una docente de la ciudad de Oberá que critica el accionar del gremio Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (UDPM), al que acusa de “estar con el poder” y de ser el responsable de las infructuosas negociaciones con las autoridades.

Fuego policial

Pero los trabajadores de la educación no son los únicos que se encuentran movilizados por las calles de Posadas. En las últimas horas, también se sumaron los profesionales de la Salud y un actor que demuestra que la situación se vuelve cada vez más delicada para el gobierno provincial: la Policía de Misiones. En la madrugada del viernes, un grupo de efectivos iniciaron una protesta frente al edificio del Comando Radioeléctrico, ubicado sobre la Avenida Uruguay de la capital provincial. Quemaron cubiertas e interrumpieron el tránsito, una medida de fuerza a la que luego se sumaron efectivos retirados que, desde el lunes y hasta ayer, acamparon frente a la Jefatura de Policía sin obtener respuestas. 

A partir de una denuncia del propio gobierno provincial, la Justicia ordenó esta mañana que se desaloje el edificio policial por supuesto delito de sedición y pidió colaboración a Gendarmería para llevar adelante la tarea. El Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich se hizo eco del pedido del ministro de gobierno local, Marcelo Pérez, y anunció la convocatoria a un comité de crisis que a última hora del viernes le otorga al gobierno provincial la facultad para reprimir el reclamo. Poco importó que los voceros policiales se habían encargado de mostrarle al juez de turno, Ricardo Balor, que las instalaciones del comando se encontraban en funciones y que en realidad no había toma alguna.

“La familia policial suele tener en sus madres a docentes y lo de anoche en la Legislatura fue un detonante”, aventuraba una fuente al tanto de los entretelones del conflicto. La misma le hizo saber a elDiarioAR acerca de una denuncia por supuestas “represalias” a algunos de los manifestantes que fueron “reasignados a puntos insólitos de la provincia, de un viernes a un lunes”. Y apuntó que el recrudecimiento de la protesta se debió a que el gobierno provincial “tomó como una señal de debilidad en vez de como una señal de buena voluntad” el levantamiento del acampe.

Este lunes 20 de mayo será un día clave en vistas a algún tipo de resolución de los conflictos que cruzan por estas horas a Misiones. Es que el gobernador Passalacqua, según fuentes consultadas por este medio, estaría planeando anunciar un aumento salarial que abarcaría a gran parte de la administración pública. La mesa de diálogo con los docentes, convocada para este lunes, podría ser la instancia elegida por el oficialismo provincial para hacer su propuesta formal, que incluiría también a policías y trabajadores del servicio penitenciario, además de personal de Salud Pública y Vialidad Provincial, entre otros. El porcentaje de la oferta, según trascendidos, podría rondar el 20%.

Pragmatismo misionerista

La eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) golpeó duro a la docencia misionera, lo que motivó al gobierno provincial a anunciar su propio fondo provincial. La Renovación —como se conoce popularmente al espacio que gobierna la provincia desde el 2003— se encarga de hacer alarde de que Misiones es una de las pocas jurisdicciones del país que, con recursos propios, “cubre el desfasaje generado por las medidas de la administración central”. Sin embargo, el monto de $28.700 del FOPIP, que será abonado el próximo martes 21, no deja de ser la mitad de lo que hubiese representado el FONID, que había sido creado en 1999 y que la Casa Rosada ya dio por extinto —pese a que le liquidó a Misiones $1.476 millón de lo adeudado.

Ante ese panorama, sin embargo, la bajada de línea de Rovira a su tropa fue tan audaz como pragmática: evitar por todos los medios salir a criticar al gobierno de Milei. “Ir a la Corte para reclamar por los recortes de la Nación, no alcanza, no sirve”, fueron las palabras pronunciadas por el “conductor” de la Renovación en un encuentro a puerta cerrada con dirigentes, a principios de abril. Durante ese cónclave, Rovira dio rienda suelta a su característico instinto de supervivencia al dejar en claro que sus funcionarios no deben quedarse en la queja sino que deben “pasar a la acción” con iniciativas propias. 

La estrategia consiste, a fin de cuentas, en mimetizarse lo máximo posible con la ola violeta que acaparó a Misiones el año pasado, cuando Milei obtuvo el primer lugar en las tres instancias electorales. Es por eso que las usinas oficialistas subrayan las supuestas coincidencias entre la Renovación y La Libertad Avanza en lo que hace al carácter “liberal” de las medidas económicas llevadas adelante por la provincia, con el “equilibrio” de las cuentas públicas como bandera. Un relato por demás curioso a la luz de que la presión impositiva misionera es una de las más altas del país.

Fue la visita que el ministro del Interior, Guillermo Francos, realizó a la provincia a mediados de abril la que terminó de cerrar el círculo. El funcionario nacional se reunió con Rovira y selló un pacto que fue más allá de un mero acuerdo de gobernabilidad: el jefe de la Renovación se aseguró poder contar con candidaturas “libertarias” propias en las elecciones legislativas de 2025. Así lo dio a entender la llamativa presencia del subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, uno de los encargados del armado electoral nacional que delinea Karina Milei de cara a los comicios del año próximo.

Del encuentro —que también incluyó, según fuentes renovadoras, una comunicación telefónica en la que el propio Milei habría admitido no estar interesado en disputarle el poder a Rovira en su territorio—, el ministro Francos se llevó el compromiso de que los diputados y senadores que le responden votarían a favor tanto de la ley Bases como del paquete fiscal. ¿La contrapartida? Que el gobierno nacional desembolse los fondos adeudados para reactivar la obra pública suspendida, que equivaldría a $20.000 millones y que recién llegaría en el segundo semestre del año, según precisó el ministro de Hacienda local, Adolfo Safrán.

En La Libertad Avanza niegan la existencia de una práctica de “látigo y chequera” en el marco del debate legislativo. Sin embargo, el 26 de abril, apenas cinco días después de la visita libertaria a la tierra colorada, la Casa Rosada le giró a Misiones $1.500 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Guiño que no tardó en dar sus frutos: el 30 de abril, los representantes “misioneristas” en la Cámara Baja acompañaron la aprobación de la media sanción de la ley Bases, gesto que en Balcarce 50 esperan que sea replicado por los dos legisladores que responden a Rovira en el Senado. Fluido “toma y daca” cuyos beneficios parecen estar lejos de reflejarse en el bolsillo de los empleados públicos misioneros.

PL/MG