Tras meses de reclamos y movilizaciones
El Senado convirtió en ley un régimen permanente de discapacidad con el apoyo de todos los bloques
El Senado convirtió este jueves en ley, por unanimidad, un nuevo régimen permanente de discapacidad que mantiene buena parte de los beneficios establecidos en la ley de emergencia aprobada en 2025, que había sido vetada por el presidente Javier Milei. La iniciativa recibió el respaldo de los 71 legisladores presentes y representa un cambio de posición del oficialismo, que un año atrás se había opuesto a la ampliación de las prestaciones y ahora acompañó una propuesta destinada a garantizar su continuidad.
La aprobación se produjo después de meses de reclamos y movilizaciones de las organizaciones de personas con discapacidad, sus familiares y los prestadores del sector, que venían advirtiendo sobre el deterioro del sistema y las dificultades para sostener los servicios. El debate también estuvo atravesado por el reciente respaldo del papa León XIV a esos reclamos.
El proyecto, denominado “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, reproduce gran parte de las disposiciones de la Ley 27.793, pero elimina su carácter transitorio y establece un régimen de orden público que busca garantizar derechos y prestaciones más allá de los cambios de gobierno.
La nueva legislación llega cuando se aproxima el vencimiento de la emergencia, previsto para el 31 de diciembre, y procura evitar que las personas con discapacidad y sus familias vuelvan a quedar sujetas a la incertidumbre de una eventual prórroga.
El oficialismo defendió el cambio de régimen y la oposición recordó los reclamos
Al abrir el debate, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde, defendió la decisión de reemplazar la emergencia por una legislación permanente, en lugar de extender su vigencia por otro año, como reclamaban distintas organizaciones del sector.
“La única forma de salir de la emergencia en discapacidad es con reglas estables, generando previsibilidad. Este proyecto crea un régimen que asegura la continuidad de las prestaciones, pensiones, coberturas y su compatibilidad con el trabajo”, sostuvo.
Desde la oposición, la senadora Alicia Kirchner advirtió que la sanción de una nueva norma no alcanza para reparar las consecuencias de las políticas aplicadas durante los últimos años.
“Ninguna sanción reconstruye los derechos que fueron vulnerados; en tal caso, es un punto de partida”, afirmó la exgobernadora de Santa Cruz. Y agregó: “Hoy estamos dando una respuesta muy importante, pero no definitiva”.
En la misma línea, la senadora catamarqueña Lucía Corpacci cuestionó la política del Gobierno hacia las personas con discapacidad y atribuyó el avance de la iniciativa a la persistencia de las movilizaciones.
“Esta ley existe porque la ciudadanía en su conjunto, encabezada por el colectivo de discapacidad, salió a la calle. Tiene cosas por mejorar pero por lo menos mantiene los derechos. Pero si no modificamos el presupuesto, nada de esto va a valer la pena”, señaló.
Corpacci también sostuvo que a Milei “no le interesan los discapacitados y así lo demostró con las políticas que ha instrumentado” y remarcó que, aunque la nueva legislación impide que se pierdan los beneficios de la emergencia, la situación del sector continúa siendo crítica.
Por su parte, la senadora libertaria Nadia Márquez destacó que la norma permitirá establecer “reglas claras”, mientras que Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, reclamó acompañamiento a las provincias para garantizar la continuidad de los servicios.
El presidente del bloque del PRO, Martín Goerling Lara, también respaldó la iniciativa y afirmó que “la dignidad de una persona con discapacidad y la tranquilidad de sus familias no pueden estar atadas a una emergencia que vence el 31 de diciembre. Hoy tenemos la oportunidad de darles previsibilidad y respeto”.
La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, presentó el acuerdo como una salida a la sucesión de medidas transitorias que habían regulado el sector.
“Es un acuerdo social y un acuerdo político”, afirmó. Según explicó, el objetivo es abandonar la lógica de las emergencias y establecer un esquema con mayor transparencia, previsibilidad y estabilidad para las familias.
Bullrich destacó además que, a diferencia del régimen anterior, la nueva legislación establece de dónde provendrán los recursos necesarios para financiar las prestaciones.
Qué establece la nueva ley
Uno de los principales puntos de la norma es la continuidad de las pensiones no contributivas por discapacidad, cuyo monto equivale al 70% del haber jubilatorio mínimo.
La legislación mantiene la posibilidad de cobrar esa prestación y, al mismo tiempo, desempeñar un empleo formal o estar inscripto en el monotributo, siempre que los ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles. Esta compatibilidad alcanza a las personas que cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
También conserva el nomenclador único de prestaciones y ratifica un mecanismo de actualización automática y periódica de los aranceles, tomando como referencia el índice de movilidad jubilatoria, vinculado a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Otro de los aspectos centrales es la garantía de cobertura básica de salud a través del programa federal Incluir Salud para quienes perciban una pensión por discapacidad.
En cuanto al financiamiento, la norma establece que los recursos presupuestarios asignados al Ministerio de Salud no podrán ser inferiores, en términos reales, a los del ejercicio fiscal anterior. De esta manera, busca impedir que la inflación reduzca el financiamiento disponible para el sistema.
El texto incorpora, además, un esquema de auditorías periódicas mediante el cruce de información entre la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).
Esos controles deberán realizarse bajo el principio del debido proceso inclusivo, con el propósito de garantizar que las verificaciones respeten los derechos de las personas beneficiarias.
A pedido de los bloques aliados, también se incorporó una cláusula transitoria que fija un cronograma para cancelar las compensaciones adeudadas a los prestadores y establece un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la ley.
Una sesión con otros temas en agenda
La sesión comenzó poco después de las 11 y contempló, además del debate sobre discapacidad, el tratamiento de distintas iniciativas, entre ellas la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, un proyecto vinculado con la restitución de la Ley de Tierras y la denominada Ley Joaquín.
Antes de abordar el nuevo régimen de discapacidad, el Senado dio ingreso formal a una serie de pliegos para cubrir cargos judiciales y aprobó el ascenso al grado inmediato superior del general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez, titular de la Casa Militar.
La promoción fue respaldada por 59 votos afirmativos, tres negativos y una abstención, con vigencia desde el 31 de diciembre de 2025.
Los senadores también aprobaron mociones para dar tratamiento preferencial a distintos proyectos durante la última sesión prevista para el 26 de noviembre, entre ellos una iniciativa para prorrogar el Estatuto del Periodista.
Sin embargo, la decisión política más significativa de la jornada fue la aprobación unánime del nuevo régimen de discapacidad. Después de un año de enfrentamientos entre el Gobierno y las organizaciones del sector, el oficialismo terminó acompañando una legislación que preserva los principales derechos contemplados en la emergencia que había rechazado en 2025.
La sanción abre ahora una nueva etapa, en la que la reglamentación, la asignación efectiva de recursos y el cumplimiento de las obligaciones con los prestadores serán determinantes para que las garantías establecidas en el texto se traduzcan en una mejora concreta para las personas con discapacidad y sus familias.
Con información de la agencia NA