Violencia de género en la política: la ministra de salud de Entre Ríos acusó a un sindicalista, un juez cerró la causa y crece el repudio por “garantismo hipócrita”

“Un nuevo revés del poder Judicial en mi causa por coacciones agravadas en contexto de género. La misma no me va a desalentar para continuar el camino de los recursos para que no quede impune y se llegue a un juicio de debate como corresponde y repare este grave delito de acción pública” dijo en sus redes la ministra de Salud de la provincia de Entre Ríos, Sonia Velázquez al conocerse la decisión judicial que hizo caer la causa por violencia de género en el ámbito político contra ex diputado y actual secretario general del gremio de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) José Allende.

 Velázquez apuntó directamente hacia un “garantismo hipócrita” al conocer la decisión del juez de garantías Mauricio Mayer, de dar por prescripta la causa, lo que generó un fuerte repudio por parte de representantes del mismo sector político al que pertenecen tanto la víctima como el victimario que emitieron comunicados de respaldo a la funcionaria.

Cansada del hostigamiento Velázquez decidió hacer la denuncia en 2018, luego de dos situaciones en donde recibió insultos y agresiones por parte de Allende ante la vista de todas las personas presentes: un acto oficial en el Sindicato de Empleados de Comercio, y otro en Casa de Gobierno. 

Cansada del hostigamiento Velázquez decidió hacer la denuncia en 2018, luego de dos situaciones en donde recibió insultos y agresiones por parte de Allende ante la vista de todas las personas presentes en dos actos

En tribunales la ministra relató de manera pormenorizada cómo fue fustigada por quien era diputado provincial en ese momento, en distintas circunstancias, tanto de manera pública como privada, desde que ella pasó a integrar el gabinete del gobernador Gustavo Bordet. Allende le enviaba mensajes y hacía llamados con amenazas e insultos, a tal punto que la funcionaria debió solicitar una orden de restricción para evitar el acoso.  

En el proceso de juicio, la querella -a cargo de la abogada Fernanda Vazquez Pinasco- se impuso férreamente para evitar un acuerdo que buscaba favorecer a Allende con un juicio abreviado. En él se pretendía dirimir cuatro causas penales que pesaban sobre Allende; a la denuncia de la ministra, se agregó la denuncia por amenazas hacia el periodista Martín Carboni, y las investigaciones penales por enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública, que involucraban al dirigente y a su núcleo familiar.

Los distintos recursos de apelaciones fueron dilatando el trámite judicial. No obstante el 30 de diciembre de 2020 un Tribunal de Alzada declaró la nulidad de la audiencia de juicio abreviado y habilitó una nueva instancia que empezó el jueves 29 de julio de 2021 ante el juez Elvio Osir Garzón, en el cual se lo escuchó a Allende admitir su responsabilidad en la comisión de los delitos que se le imputaron, y donde finalmente aceptó la pena impuesta a 2 años y 8 meses de prisión de cumplimiento condicional, el pago de una multa de 3 millones de pesos, e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. También, se le impuso el decomiso de dos propiedades.

En esa oportunidad el juez Garzón reprochó por errónea la calificación como amenazas simples que efectuó el fiscal Leandro Dato en la causa por violencia política de género: “Más allá del expreso reconocimiento de Allende, del material probatorio colectado plasmado en el juicio abreviado y presentado por el fiscal Leandro Dato, queda acreditada de manera irrefutable que este hecho se enmarca en el delito de coacciones agravadas” apuntó el juez y agregó que las normas exigen resolver con perspectiva de género. “Luce patente que tal como está descripta la conducta de Allende, nos encontramos frente al delito de coacciones y no de amenazas simples, ya que claramente se imputa amenazas para obligar a otro a hacer algo en contra de su voluntad”.

Pero las advertencias del juez Garzón para reconocer a la violencia política de género, no fueron tenidas en cuenta por el juez de Garantías Mauricio Mayer, que declaró la prescripción de la causa. La calificación de coacción simple por parte del fiscal Datto -y no de coacción grave en contexto de violencia de género - fue considerado por la defensa de la ministra como “un error gravísimo que produce este resultado dañoso a la víctima” y el primer paso en un proceso de inmunidad para Allende.

“Es conveniente advertir la radical importancia de la perspectiva de género para resolver este caso, puesto que evidentemente las magistradas y los magistrados de la Constitución, no podemos decidir este tipo de cuestiones como si fuera un caso más, como otro cualquiera, sino que debemos juzgarlo con perspectiva de género, con el fin de detectar y eliminar las barreras y los obstáculos que discriminan a las personas por su pertenencia a su género” señala en los fundamentos la apelación interpuesta Velázquez.

En la audiencia, la querella planteó la necesidad de considerar una definición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que indica que “la impunidad de los delitos cometidos, envía el mensaje de que la violencia contra las mujeres es tolerada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de administración de justicia”.

En distintos comunicados, legisladoras y legisladores nacionales, como Carolina Gaillard, Blanca Osuna y Tomás Ledesma, legisladores provinciales, la Red de Concejalas Justicialistas de Entre Ríos y referentes de organizaciones feministas, gremiales y sindicales, salieron a respaldar a la ministra y a expresarse en las redes. Piden a la justicia entrerriana que apliquen la perspectiva de género y que no repitan fallos que dejan indefensas a las mujeres en situación de violencia. 

“La (in)justicia provincial decidió, insólitamente, minimizar la gravedad de la violencia política ejercida por razones de género. Contrariamente a investigar los hechos desde la perspectiva de género como lo manda la actual legislación vigente, la fiscalía participo de un intento de juicio abreviado, sin consultar a la propia denunciante su opinión, quien tuvo que imponerse desechando cualquier acuerdo y exigiendo llegar a juicio para develar efectivamente la violencia de género” sentencia uno de los comunicados y denuncian que en este se ha degradado el concepto violencia política por razones de género. 

SM