-¿Usted es víctima de la Escuela de Yoga de Buenos Aires? -preguntó la psicóloga de la Protex, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas
-No, yo soy víctima de ustedes -respondió la mujer.
Esta semana declararon siete mujeres que pertenecen a la Escuela de Yoga de Buenos Aires, la organización que la Justicia investiga por trata de personas, lavado de activos y ejercicio ilegal de la medicina, entre otros delitos. La fiscalía recreó una Cámara Gesell vía Zoom. Todas las cámaras estaban apagadas, menos las que apuntaban a las declarantes. De acuerdo al expediente, quienes dieron su testimonio son presuntas víctimas de la Escuela. Durante las declaraciones, sin embargo, ninguna se percibió como tal. Apuntaron contra Pablo Salum, primer y principal denunciante de la Escuela, contra los agentes que participaron en los allanamientos, y el fiscal Carlos Stornelli.
“Es muy probable que las víctimas no colaboren con la investigación así que seguiremos generando prueba independiente para sostener la imputación. Sus testimonios no son dirimentes en el caso. Y que no se reconozcan como víctimas es parte de la técnica de dominación que ejercía la Escuela a través de la psiquis. La coerción psicológica era el método principal de captación y permanencia en la organización. Es una constante en este tipo de casos no reconocerse como víctima”, dijo a elDiarioAR una fuente con acceso directo al expediente.
De acuerdo al procesamiento, la organización captaba nuevos miembros en la Clínica CMI Abasto, la empresa de coaching BA Group y las clases en la confitería de la planta baja de la sede central. “La meta era contactar a personas ajenas a la organización para que participaran de algunas de las actividades, generar una relación de confianza con la promesa de sanación espiritual y física, y la existencia de un ambiente agradable, para que formaran parte de la Escuela en forma oficial. Esta segunda etapa de incorporación se lograba, entre otros métodos, mediante el obsequio de monedas de oro y plata”, dice el expediente.
Para los investigadores, mediaba el principio de reciprocidad: las personas se sienten obligadas a devolver “favores” a personas ajenas a la Escuela para luego lograr que ingresen. Así, habrían conseguido que los alumnos convencieran a sus familias para ser parte, menores de edad incluidos. La fiscal Alejandra Mángano dijo en esta entrevista para Infobae que no hay menores involucrados.
“Yo no soy ninguna víctima de nada”
elDiarioAR pudo reconstruir los testimonios de las mujeres mencionadas en la causa como “presuntas víctimas”. Una mujer refirió que el denunciante Pablo Salum “le arruinó la vida” al decir que es “una coptada, una explotada sexual” sin haberle preguntado “nunca nada”. Otra mujer también apuntó al denunciante: “Dice que quiere ser un denunciante protegido pero se pasea por todos los canales de televisión, sale por YouTube y cobra con nosotros, con las barbaridades que dice de nosotros”. Otra dijo: “A nosotros nos metieron presos por ser felices” y hubo quien llamó al fiscal que entiende en la causa, Carlos Stornelli, “Extornelli”.
Otra de las mujeres que prestó testimonio como presunta víctima se refirió a los allanamientos en el edificio de Estado de Israel al 4400, donde funcionaba la sede central de la Escuela y donde residían muchos miembros de la organización. Cuestionó que más de cien policías hayan entrado y apuntado, sin explicarles qué estaba pasando y sin identificación. “Yo no soy ninguna víctima de nada, gozo de plena libertad, hago lo que se me canta”, dijo y agregó: “¿Cómo puede ser que entren e irrumpan en un lugar a los gritos, apuntando con armas y con escudos?”.
Por lo pronto hay 19 detenidos, algunos con arresto domiciliaria, y ochos prófugos. Todos son miembros de la Escuela y tenían puestos jerárquicos altos dentro de la organización. Están imputados, entre otros delitos, por trata de personas, lavado de activos y ejercicio ilegal de la medicina entre 2004 y agosto. La Escuela de Yoga de Buenos Aires funcionó ininterrumpidamente desde fines de la década del ochenta. Esta es la tercera vez que la Justicia la investiga.
VDM/MG