Críticas a Larreta por la quita de planes sociales a las familias que no manden a los chicos a la escuela

La decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de quitar programas sociales a los y las estudiantes que superen el 15% de inasistencias generó rechazo en la comunidad educativa porque consideran que no resuelve la deserción escolar y castiga a las familias más pobres. Son más de 23.000 niñas, niños y adolescentes que reciben un subsidio adicional del programa social Ciudadanía Porteña.  “Quienes no manden a sus hijos a la escuela van a dejar de percibir el adicional por hijo”, dijo el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Ante las críticas, desde el Ministerio de Educación sostuvieron que trabajarán para retomar el vínculo con la escuela. elDiarioAR habló con especialistas en Educación, gremios y familias para conocer su opinión

Esta mañana, Rodríguez Larreta anunció que aquellos estudiantes que no alcancen el 85% de asistencia perderán el adicional que reciben por el programa de ayuda social. El Ministerio de Educación controlará cada dos meses la regularidad escolar de los hijos e hijas de las personas que perciben ingresos de Ciudadanía Porteña y con esa información, determinarán si les pagarán el “adicional por hijo”. Según confirmaron fuentes de la cartera de Soledad Acuña a este diario, el monto promedio del programa es de $15.722 y varía según la composición del hogar, el índice de vulnerabilidad y la situación de escolaridad de los menores de 18 años. El monto adicional por menor en concepto de hogar pobre es de $5.256,30 y de $7.884,50 por hogar indigente.

La secretaria general del UTE-CTERA, Angélica Graciano dijo se trata de “un anuncio para los libertarios y para subirse a una campaña de la que no es parte”. “Es marketinero, electoralista y no tiene perspectiva pedagógica ni social”, le dijo a elDiarioAR. “Está orientado hacia la coerción, es una señal para los sectores de la ultraderecha y no para abordar el problema. Larreta tiene que anunciar medidas respecto de cómo sostener la regularidad y cómo colaborar con las familias para ello. Las trabajadoras sociales que hay en la Ciudad son muy pocas para la primaria y secundaria. ¿Cómo se puede armar así una red para los chicos que están faltando?”, afirmó la referente del gremio docente mayoritario en la Ciudad.

A partir de ahora, para ser alumno regular, los estudiantes deberán asistir en cada bimestre un mínimo del 85% de los días efectivos de clases y  no podrán tener más de 25 inasistencias injustificadas al año. El licenciado en Ciencias de la Educación y especialista en Gestión y Conducción de Sistema Educativo de FLACSO, Gabriel Brener, afirmó que “si los chicos tienen que ir a clase todos los días, primero el Estado debe invertir en educación”. 

En diálogo con este diario, Brener sostuvo que hay que debatir la idea de obligatoriedad que plantea el gobierno porteño. “Es un debate que tiene que ver con la educación del siglo XXI. Rodríguez Larreta la practica como en tiempos de Roca con la Ley 1420, del año 1884, que le daba el poder de policía al Estado para ir a buscar a los hijos de los inmigrantes. Esa era la obligación, de ir a la escuela y del Estado para compeler por la fuerza pública y mandar a los chicos al sistema educativo. La obligatoriedad de ahora, de la Ley 26.206, plantea la obligación del Estado de hacerse garante y responsable para que los chicos estén en la escuela. Y todas las maneras de hacerlo son las que viene incumpliendo y deteriorando el gobierno de Larreta que solo hace marketing comunicacional con estos mensajes”, indicó.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) también rechazó la propuesta porque supone un retiro de la protección estatal para quienes mayor nivel de acompañamiento requieren e implica sumar a la vulnerabilidad educativa una de tipo alimentaria. La abogada del programa Derechos Sociales de la Niñez, Bárbara Zanino, afirmó que “el mensaje que se da, de un pretendido recrudecimiento de las condiciones para el acceso a una prestación social, incrementa una situación estigmatizante injusta”.

“Las trayectorias educativas en riesgo de abandono son una preocupación de toda la sociedad, y por supuesto que los Estados deben formular políticas públicas para incentivar las continuidades educativas. Sin embargo, los mecanismos basados en el retiro de prestaciones sociales no aportan nada novedoso a lo que ya existía normativamente, y difícilmente logren eficacia para cumplir ese objetivo”, le dijo a este medio.

En esa línea, Graciano sostuvo que la disposición no identifica las dificultades que hacen que un niño falte a la escuela, ni tampoco sobre cómo recuperar el tiempo perdido. “Hemos tenido casos de chicos que se prestaban las zapatillas para ir a la escuela, un día iba uno y otro día, otro. Cuándo fue la trabajadora social nos enteramos que es lo que pasaba. Había chicos que no dormían, que no tenían para el pasaje, que estaban con gente enferma en la familia. Debería haber una trabajadora social por escuela y por turno. Junto con las pedagogas sociales son el puente con la escuela”, agregó.

El programa Ciudadanía Porteña alcanza a 41.669 hogares integrados por 100.057 personas. De ese total, 23.686 tienen menos de 18 años. La medida rige a partir del 1 de agosto, y el primer cruce de datos con el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat se realizará dentro de dos meses. “Desde septiembre vamos a notificar a las familias que tengan irregularidades en la asistencia de sus hijos y ese proceso lo vamos a repetir cada tres meses, no vamos a esperar a fin de año. Ahora bien, si después de contactarlos la situación no cambia y los chicos siguen sin ir a clases, después de tres meses de dará de baja el componente adicional, y, si a los seis meses tampoco se reincorpora, se va a suspender la totalidad del plan”, afirmó Rodríguez Larreta hoy durante el anuncio.

Desde el Ministerio de Educación porteño indicaron que también se pondrán en contacto con la escuela para trabajar en nuevas oportunidades dentro del aula. “Las escuelas tienen a disposición una serie de herramientas como por ejemplo las clases los días sábados, y durante las vacaciones de invierno y verano, para asegurarse de que los estudiantes adquieran los conocimientos necesarios para garantizar su derecho a la educación”, le respondieron a elDiarioAR.

El diputado nacional de Juntos y exministro de Educación del gobierno de Mauricio Macri, Alejandro Finocchiaro, apoyó la decisión y dijo que es fundamental la apuesta para modificar el régimen de regularidad estudiantil. “La obligatoriedad de la educación es algo que nos interpela a todos como sociedad y, mucho más, a las familias de los alumnos. Poner a la escolaridad como contraprestación de la asistencia social es central si realmente queremos apuntar a la promoción, a la movilidad social ascendente y no a la mera supervivencia. Los chicos deben estar en el aula, siempre”, afirmó. 

En contraposición, Brener señaló el impacto en la obligatoriedad del descenso del presupuesto educativo: “Bajar 10 puntos el presupuesto en la última década, no entregar tecnología para uso escolar a los chicos más vulnerados durante la pandemia, pauperizar las viandas escolares y deber miles de vacantes en la educación obligatoria no es garantizar condiciones para efectividad dicha escolaridad”.

Desde los colectivos de la comunidad educativa que nuclean a madres, padres, docentes y estudiantes también criticaron la medida porque no ofrece una contención para las familias afectadas por la deserción escolar. “No hay una justificación para las ausencias en las escuelas, no está bien. Pero quitar un ingreso que puede ser clave para sostener esas infancias  y juventudes no es una medida a favor de ellos. No hay políticas de contención para las familias”, le dijo a este diario Patricia Pines, docente e integrante de Vacante para Todos, un grupo de más de 20.000 personas. “Hicimos 800 amparos judiciales, vemos como les asignan vacantes en escuelas a 10 kilómetros de la casa. Por ejemplo, gente que vive en Flores y le dan en La Boca. Si las familias de pronto consiguen una changa, no los pueden llevar si la escuela está lejos o porque no pueden pagar el boleto para el adulto que acompaña al niño”, agregó.

Para justificar la medida, Larreta indicó que en el último mes el 30% de los alumnos faltó a clases al menos cinco veces y que “muchos asisten a clase sólo 3 días a la semana”. Sin embargo, Graciano sostiene que ese argumento es estigmatizante porque no considera a los hijos de familias de ingresos medios y altos que faltan para irse de vacaciones.

CDB/MG

La decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de quitar programas sociales a los y las estudiantes que superen el 15% de inasistencias generó rechazo en la comunidad educativa porque consideran que no resuelve la deserción escolar y castiga a las familias más pobres. Son más de 23.000 niñas, niños y adolescentes que reciben un subsidio adicional del programa social Ciudadanía Porteña.  “Quienes no manden a sus hijos a la escuela van a dejar de percibir el adicional por hijo”, dijo el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Ante las críticas, desde el Ministerio de Educación sostuvieron que trabajarán para retomar el vínculo con la escuela. elDiarioAR habló con especialistas en Educación, gremios y familias para conocer su opinión

Esta mañana, Rodríguez Larreta anunció que aquellos estudiantes que no alcancen el 85% de asistencia perderán el adicional que reciben por el programa de ayuda social. El Ministerio de Educación controlará cada dos meses la regularidad escolar de los hijos e hijas de las personas que perciben ingresos de Ciudadanía Porteña y con esa información, determinarán si les pagarán el “adicional por hijo”. Según confirmaron fuentes de la cartera de Soledad Acuña a este diario, el monto promedio del programa es de $15.722 y varía según la composición del hogar, el índice de vulnerabilidad y la situación de escolaridad de los menores de 18 años. El monto adicional por menor en concepto de hogar pobre es de $5.256,30 y de $7.884,50 por hogar indigente.

La secretaria general del UTE-CTERA, Angélica Graciano dijo se trata de “un anuncio para los libertarios y para subirse a una campaña de la que no es parte”. “Es marketinero, electoralista y no tiene perspectiva pedagógica ni social”, le dijo a elDiarioAR. “Está orientado hacia la coerción, es una señal para los sectores de la ultraderecha y no para abordar el problema. Larreta tiene que anunciar medidas respecto de cómo sostener la regularidad y cómo colaborar con las familias para ello. Las trabajadoras sociales que hay en la Ciudad son muy pocas para la primaria y secundaria. ¿Cómo se puede armar así una red para los chicos que están faltando?”, afirmó la referente del gremio docente mayoritario en la Ciudad.

A partir de ahora, para ser alumno regular, los estudiantes deberán asistir en cada bimestre un mínimo del 85% de los días efectivos de clases y  no podrán tener más de 25 inasistencias injustificadas al año. El licenciado en Ciencias de la Educación y especialista en Gestión y Conducción de Sistema Educativo de FLACSO, Gabriel Brener, afirmó que “si los chicos tienen que ir a clase todos los días, primero el Estado debe invertir en educación”. 

En diálogo con este diario, Brener sostuvo que hay que debatir la idea de obligatoriedad que plantea el gobierno porteño. “Es un debate que tiene que ver con la educación del siglo XXI. Rodríguez Larreta la practica como en tiempos de Roca con la Ley 1420, del año 1884, que le daba el poder de policía al Estado para ir a buscar a los hijos de los inmigrantes. Esa era la obligación, de ir a la escuela y del Estado para compeler por la fuerza pública y mandar a los chicos al sistema educativo. La obligatoriedad de ahora, de la Ley 26.206, plantea la obligación del Estado de hacerse garante y responsable para que los chicos estén en la escuela. Y todas las maneras de hacerlo son las que viene incumpliendo y deteriorando el gobierno de Larreta que solo hace marketing comunicacional con estos mensajes”, indicó.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) también rechazó la propuesta porque supone un retiro de la protección estatal para quienes mayor nivel de acompañamiento requieren e implica sumar a la vulnerabilidad educativa una de tipo alimentaria. La abogada del programa Derechos Sociales de la Niñez, Bárbara Zanino, afirmó que “el mensaje que se da, de un pretendido recrudecimiento de las condiciones para el acceso a una prestación social, incrementa una situación estigmatizante injusta”.

“Las trayectorias educativas en riesgo de abandono son una preocupación de toda la sociedad, y por supuesto que los Estados deben formular políticas públicas para incentivar las continuidades educativas. Sin embargo, los mecanismos basados en el retiro de prestaciones sociales no aportan nada novedoso a lo que ya existía normativamente, y difícilmente logren eficacia para cumplir ese objetivo”, le dijo a este medio.

En esa línea, Graciano sostuvo que la disposición no identifica las dificultades que hacen que un niño falte a la escuela, ni tampoco sobre cómo recuperar el tiempo perdido. “Hemos tenido casos de chicos que se prestaban las zapatillas para ir a la escuela, un día iba uno y otro día, otro. Cuándo fue la trabajadora social nos enteramos que es lo que pasaba. Había chicos que no dormían, que no tenían para el pasaje, que estaban con gente enferma en la familia. Debería haber una trabajadora social por escuela y por turno. Junto con las pedagogas sociales son el puente con la escuela”, agregó.

El programa Ciudadanía Porteña alcanza a 41.669 hogares integrados por 100.057 personas. De ese total, 23.686 tienen menos de 18 años. La medida rige a partir del 1 de agosto, y el primer cruce de datos con el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat se realizará dentro de dos meses. “Desde septiembre vamos a notificar a las familias que tengan irregularidades en la asistencia de sus hijos y ese proceso lo vamos a repetir cada tres meses, no vamos a esperar a fin de año. Ahora bien, si después de contactarlos la situación no cambia y los chicos siguen sin ir a clases, después de tres meses de dará de baja el componente adicional, y, si a los seis meses tampoco se reincorpora, se va a suspender la totalidad del plan”, afirmó Rodríguez Larreta hoy durante el anuncio.

Desde el Ministerio de Educación porteño indicaron que también se pondrán en contacto con la escuela para trabajar en nuevas oportunidades dentro del aula. “Las escuelas tienen a disposición una serie de herramientas como por ejemplo las clases los días sábados, y durante las vacaciones de invierno y verano, para asegurarse de que los estudiantes adquieran los conocimientos necesarios para garantizar su derecho a la educación”, le respondieron a elDiarioAR.

El diputado nacional de Juntos y exministro de Educación del gobierno de Mauricio Macri, Alejandro Finocchiaro, apoyó la decisión y dijo que es fundamental la apuesta para modificar el régimen de regularidad estudiantil. “La obligatoriedad de la educación es algo que nos interpela a todos como sociedad y, mucho más, a las familias de los alumnos. Poner a la escolaridad como contraprestación de la asistencia social es central si realmente queremos apuntar a la promoción, a la movilidad social ascendente y no a la mera supervivencia. Los chicos deben estar en el aula, siempre”, afirmó. 

En contraposición, Brener señaló el impacto en la obligatoriedad del descenso del presupuesto educativo: “Bajar 10 puntos el presupuesto en la última década, no entregar tecnología para uso escolar a los chicos más vulnerados durante la pandemia, pauperizar las viandas escolares y deber miles de vacantes en la educación obligatoria no es garantizar condiciones para efectividad dicha escolaridad”.

Desde los colectivos de la comunidad educativa que nuclean a madres, padres, docentes y estudiantes también criticaron la medida porque no ofrece una contención para las familias afectadas por la deserción escolar. “No hay una justificación para las ausencias en las escuelas, no está bien. Pero quitar un ingreso que puede ser clave para sostener esas infancias  y juventudes no es una medida a favor de ellos. No hay políticas de contención para las familias”, le dijo a este diario Patricia Pines, docente e integrante de Vacante para Todos, un grupo de más de 20.000 personas. “Hicimos 800 amparos judiciales, vemos como les asignan vacantes en escuelas a 10 kilómetros de la casa. Por ejemplo, gente que vive en Flores y le dan en La Boca. Si las familias de pronto consiguen una changa, no los pueden llevar si la escuela está lejos o porque no pueden pagar el boleto para el adulto que acompaña al niño”, agregó.

Para justificar la medida, Larreta indicó que en el último mes el 30% de los alumnos faltó a clases al menos cinco veces y que “muchos asisten a clase sólo 3 días a la semana”. Sin embargo, Graciano sostiene que ese argumento es estigmatizante porque no considera a los hijos de familias de ingresos medios y altos que faltan para irse de vacaciones.

CDB/MG

La decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de quitar programas sociales a los y las estudiantes que superen el 15% de inasistencias generó rechazo en la comunidad educativa porque consideran que no resuelve la deserción escolar y castiga a las familias más pobres. Son más de 23.000 niñas, niños y adolescentes que reciben un subsidio adicional del programa social Ciudadanía Porteña.  “Quienes no manden a sus hijos a la escuela van a dejar de percibir el adicional por hijo”, dijo el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Ante las críticas, desde el Ministerio de Educación sostuvieron que trabajarán para retomar el vínculo con la escuela. elDiarioAR habló con especialistas en Educación, gremios y familias para conocer su opinión

Esta mañana, Rodríguez Larreta anunció que aquellos estudiantes que no alcancen el 85% de asistencia perderán el adicional que reciben por el programa de ayuda social. El Ministerio de Educación controlará cada dos meses la regularidad escolar de los hijos e hijas de las personas que perciben ingresos de Ciudadanía Porteña y con esa información, determinarán si les pagarán el “adicional por hijo”. Según confirmaron fuentes de la cartera de Soledad Acuña a este diario, el monto promedio del programa es de $15.722 y varía según la composición del hogar, el índice de vulnerabilidad y la situación de escolaridad de los menores de 18 años. El monto adicional por menor en concepto de hogar pobre es de $5.256,30 y de $7.884,50 por hogar indigente.