De un lado del ring, el presidente Javier Milei y las empresas mineras que avanzan sin freno –algunas más que otras dependiendo de su emplazamiento–, a reformar la ley de protección de glaciares con un Congreso con más libertarios y provincias peronistas que apuestan a la minería. Del otro, están las organizaciones ecologistas que claman contra cualquier cambio a la norma de 2010. A ellas se suman los pequeños agricultores y ganaderos, bodegas y hasta empresas de agua embotellada que tienen sus temores sobre el impacto en las vertientes de la explotación de los metales en los Andes.
Pero también están los glaciólogos, quienes coinciden con las compañías en que la zona periglacial está mal definida en la legislación, y discuten sobre si la que realmente lo es, según su conocimiento, debe resguardarse o no, dependiendo de si cuenta con reservas estratégicas de agua.
Milei ha dicho hace dos semanas, envalentonado con el triunfo electoral, que no sólo impulsará las reformas laboral y tributaria sino otras como la de glaciares, además de la educativa y la penal. En cuanto a la que protege los heleros, el Presidente sostuvo que está mal definida la zona protegida periglacial, que no son los neveros blancos –zonas de montana donde la nieve se concentra durante todo el año, como el Perito Moreno– sino que el permafrost –suelo, tierra, rocas y sedimentos que permanece congelado a cero grados o menos durante al menos dos años consecutivos–, que puede tener hielo o no, y que incluye los glaciares de escombro, que a simple vista aparecen rocosos.
El Presidente, que niega el cambio climático y censura en el ámbito estatal –desde el área de medio ambiente a la científica– a quienes lo contradicen en este aspecto, sostiene que la legislación está frenando inversiones millonarias en litio, cobre y otros minerales. Y aboga por la idea del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, de que cada provincia determine qué es glaciar, periglaciar y qué no está protegido, en lugar de que sea el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla). Cornejo es también el gobernador que revirtió la prohibición de la minería en Mendoza, que sigue vigente en Tucumán, Neuquén, Río Negro, Chubut, La Pampa, Córdoba, San Luis y Tierra del Fuego.
El reclamo de las mineras
La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), que reúne sobre todo a las multinacionales que manejan el negocio, alega que hasta el 75% de las áreas con riqueza minera queda vedada por la ley y que debe reformarse o reglamentarse porque la definición actual de áreas periglaciales podría, según su visión, frenar a futuros proyectos que ya tienen aprobación ambiental y avanzan. “Preocupan definiciones poco claras en la ley de glaciares tal como está redactada, que podrían derivar en que, tras realizar una inversión, que en la minería son de gran volumen y largo plazo de recupero, una interpretación distinta de la ley obligue a frenar un proyecto avanzado”, comentan en CAEM, mientras expertos advierten que lo que hoy no controla el gobierno de Milei o los gobernadores de diverso color mañana podrían revertirlo funcionarios con otra conciencia ambiental.
Hay un proyecto importante de cobre en San Juan, Pachón, que aún carece de esa autorización ambiental y que, según expertos, se encuentra en zona protegida. El CEO de la agrícola-minera suiza Glencore en la Argentina, Martín Pérez de Solay, dice que allí hay glaciares de escombros que “no tienen función hídrica contundente”.
Los glaciólogos están divididos. El Ianigla ha emitido la semana pasada un comunicado en el que informa que no ha sido ni siquiera consultado sobre una posible reforma. El instituto tiene un inventario de 16.968 glaciares (ver mapa), desde Jujuy a Tierra del Fuego, muchos de difícil acceso en la alta montaña límite con Chile, algunos justo donde hay potencial minero. Pero no hay una delimitación de las zonas periglaciales, que también están resguardadas por ley.
“El agua (superficial y subterránea) de la que dependen provincias como Mendoza es provista casi exclusivamente por el aporte de la nieve, los glaciares y el ambiente periglacial”, advierte el Ianigla, que dirige Pablo Villagra, tiene sede en esa provincia e integra el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas (Conicet). “El ambiente periglacial, definido por la presencia de permafrost y procesos de congelamiento y descongelamiento del suelo, representa asimismo una reserva de hielo subterráneo conservada durante largos períodos. Los glaciares de escombros, representativos del ambiente periglacial, pueden contener entre un 35% y un 70% de hielo en su interior. Por lo tanto, constituyen reservas hídricas potenciales y cumplen una función hidrológica esencial al regular el aporte de agua a la escorrentía, pudiendo aportar entre un 25% y un 50% del caudal total en cursos de agua en los Andes Áridos, especialmente en años de sequía”, agregó el Ianigla, que le marcó así la cancha al Gobierno, aunque aclarando que sólo elabora un inventario y que por ahora la autoridad competente es la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, en manos del incombustible Daniel Scioli.
Qué proteger
Pero no todos los glaciólogos están de acuerdo con el Ianigla. Silvio Pastore, que dirige el gabinete de estudios de glaciología de la Universidad de San Juan, provincia minera si las hay, se manifiesta a favor de la reforma: “Vemos favorable la modificación de la ley, o terminar de reglamentarla o solucionar ambigüedades porque prohíbe minería y explotación de hidrocarburos en ambiente periglacial. Hay que adecuar la norma para que los estados provinciales determinen qué es lícito sin desproteger el ambiente y las reservas de agua”.
“El ambiente glaciar es conocido: la ley protege cuerpos de hielo, pero debe proteger reservas hídricas”, opina Pastore. “Hay dos ambientes frios, el glacial, donde se desarrollan glaciares blancos, en general a mayor altitud y mayor latitud, y el periglacial. En el ambiente glacial se protege la geoforma. En el periglacial hay que proteger aquello que represente reservas hídricas estratégica para las provincias, que son las dueñas del recurso, y no proteger a aquellas reservas que no son estratégicas. La ley actual no define qué es reserva hídrica estratégica. Hay que ver su contenido de hielo y su aporte a la cuenca hidrológica local. Al menos durante dos veranos consecutivos hay que tomar datos, es un estudio mínimo de tres años.”
“En San Juan es zona periglacial todo lo que está a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar”, explica Pastore. “Eso incluye casi todas las minas de cobre: Pachón, Altar, Vicuña, Luna Huasi. Todo está en ese clima, pero no necesariamente hay allí reservas hídrica estratégicas. En cambio, en Mendoza, el proyecto de cobre San Jorge (a 2.400 metros sobre el nivel del mar, cerca de Uspallata) está por debajo de la zona periglacial, pero los de Malargüe, a más latitud (y a 2.600 metros), está por encima, lo mismo que Mara (a 3.300 metros) en Catamarca”, añade el glaciólogo sanjuanino.
En cambio, el glaciólogo Lucas Ruiz, que dejó este año el Ianigla para incorporarse a una consultora ambiental en Chile, arranca advirtiendo que “ningún cientifico de Conicet puede contradecir al Presidente” o se expone a la censura. También aclara que él trabajó en el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, según sus siglas en inglés). A partir de ahí, opina: “No hay claridad sobe lo que es ambiente periglacial. La ley tuvo un buen objeto, pero no hay ambiente periglacial en la baja y media montaña, eso está mal”.
“En Ushuaia, a 1.500 metros sobre el nivel del mar sí hay alta montaña, hace frío, hay glaciar, hielo y permafrost”, explica Ruiz que esa misma altitud pero a mayor latitud no hay zona periglacial. “Periglacial es donde el frío puede fracturar rocas, donde hay permafrots a cero grados, haya hielo o no. Los mineros dicen que si tiene hielo y permafrost pero no significancia hídrica, se puede explotar. Si entramos en eso, hay zonas no glaciares que sí tienen relevancia hídrica y que habría que proteger.”
“Necesitamos minería para la transición energética”, se refiere Ruiz a la necesidad de litio y cobre para la movilidad eléctrica. “Pero con el menor impacto posible. Hay que evaluar la cuenca hídrica en su conjunto, no sólo lo glaciar y periglacial. Mantener el ambiente sano es el piso para hacer desarrollo. No es fácil definir la significancia hídrica. Hay que tener un estándar claro para evaluar y tener más control. Entre el sí o no a la mina, prefiero el no, no estoy con el vamos por todo”, alerta el experto, que advierte que en Chile la ley y la vigilancia son más protectores que en la Argentina.
La posición de los ambientalistas
Entre las organizaciones ambientalistas exponen sus argumentos en contra de una reforma de la ley. En un comunicado, Greenpeace sostuvo que modificarla “significa reducir la protección de las reservas de agua más importantes del país en plena crisis hídrica y climática”. “Esto no es un cambio técnico: es una decisión que impacta directamente en la seguridad hídrica nacional y en la vida de 7 millones de personas”, advierte la organización internacional y recuerda que “los glaciares y el ambiente periglacial constituyen una de las mayores reservas de agua dulce del mundo, regulan el ciclo hidrológico al almacenar agua en invierno y la liberan gradualmente durante el verano, aportando agua a ríos y arroyos en cuencas de montaña, y y ayudan a estabilizar el clima global, reflejando radiación solar y amortiguando los aumentos de temperatura”.
“Argentina es uno de los países más dependientes del agua de los glaciares: alimentan 36 cuencas hídricas que cubren más de 1 millón de km² de nuestro país”, sostiene Greenpeace. “Gran parte del país se encuentra dentro de la Diagonal Árida Sudamericana, una región donde el agua es naturalmente escasa. En los Andes desde Jujuy a Mendoza, las zonas más amenazadas por proyectos extractivos, el ambiente periglacial es clave para sostener caudales estivales cuando ya no queda nieve. El retroceso ya es evidente: 48 de los 50 principales glaciares del Campo de Hielo Sur están en retroceso.La superficie con glaciares de los Andes Desérticos, de Jujuy al norte de San Juan se redujo 17% en la última década. La superficie de hielo descubierto en los Andes Centrales, en San Juan y Mendoza principalmente, cayó 36% entre 1986 y 2020.”
“Modificar la ley excluyendo glaciares pequeños o gran parte del ambiente periglacial es científicamente incorrecto y riesgoso”, alerta el grupo internacional sobre el contenido original de la ley Bases, que incluía esta reforma. Ahora se desconoce el proyecto exacto que enviará el Gobierno al Congreso. “¿Qué implica modificarla? Dejar fuera del área protegida a los glaciares menores a un hectárea. Dejar sin protección a gran parte de los componentes del ambiente periglacial. Abre la puerta a repetir casos de contaminación como los de Veladero (Jáchal), donde hubo múltiples derrames con cianuro y mercurio en los últimos años”, apunta a la mina de oro de la canadiense Barrick y la china Shandong a la que acusaron este de la mortandad de miles de peces por derrame de cloro para neutralizar cianuro.
Pero Greenpeace apunta no sólo al impacto en la salud humana y animal: “Modificar la ley de Glaciares tendría impactos económicos como la disminución del agua para agricultura, turismo y consumo local e implicaría la necesidad de reemplazar con infraestructura costosa funciones que hoy cumple la montaña naturalmente”. No por nada en Mendoza desde bodegas hasta Aguas Danone sostienen sus reparos a la minería.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) también se opone a cualquier cambio con el mismo argumento: “La afectación de los glaciares y el área periglacial tendría impactos ambientales, sociales y económicos, si consideramos su rol relevante para alimentar el caudal de los ríos, recurso del cual dependen múltiples actividades productivas. A su vez, los glaciares desempeñan un papel crucial en la regulación del clima, resguardan el 70% del agua dulce en forma de nieve o hielo. No podemos permitir que los intereses de las empresas privadas se sobrepongan frente a las fuentes de vida de todos los argentinos. Nos encontramos en un contexto de crisis climática, ecológica, social y económica, que requiere de una mirada integral y de un debate amplio para la construcción de políticas legítimas que contemplen no sólo las pretensiones de un determinado sector económico, sino también las dimensiones ambientales y sociales de cada medida y sus consecuencias para las futuras generaciones”.
AR/MG