Muerte, fármacos y “fiestas controladas”: qué se sabe de las causas que investigan al entorno del anestesista Alejandro Zalazar

La muerte del anestesista Alejandro Zalazar y el robo de fármacos del Hospital Italiano derivaron en dos causas judiciales que avanzan en paralelo, pero cada vez muestran más puntos de contacto. Ambas investigaciones, atravesadas por el hallazgo de drogas anestésicas, allanamientos y la mención de “fiestas controladas”, esperan ahora pericias clave para determinar responsabilidades y dimensionar el alcance del caso.

El punto de partida fue el hallazgo, a fines de febrero, del cuerpo sin vida de Zalazar en su departamento del barrio porteño de Palermo. Según el parte policial, el profesional -que trabajaba en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez- tenía una vía conectada en uno de sus pies y una marca similar en el otro, un dato que desde el inicio orientó la investigación hacia el consumo de sustancias.

El giro decisivo llegó con el resultado de la autopsia, que determinó que la muerte se produjo por una congestión, edema pulmonar y edema meningoencefálico. Los investigadores presumen que el cuadro está vinculado a una sobredosis de propofol y remifentanilo, dos potentes anestésicos de uso hospitalario.

En paralelo, el Hospital Italiano denunció el faltante de fármacos tras detectar irregularidades mediante filmaciones internas. A partir de esa presentación judicial, se abrió una causa por hurto calificado que permitió avanzar sobre un circuito de sustracción de insumos médicos. Con el correr de los días, un allanamiento en la vivienda de Zalazar confirmó que parte de las sustancias halladas correspondían a los lotes robados en ese centro de salud, lo que terminó de conectar ambas pesquisas.

El análisis de dispositivos electrónicos aportó otro elemento clave: la existencia de un grupo de WhatsApp integrado por profesionales de la salud que participaban de las denominadas “fiestas controladas”, encuentros en los que se utilizaban estos anestésicos fuera del ámbito médico.

En ese marco, la Justicia imputó por administración fraudulenta a Hernán Boveri, ex integrante del área de Anestesiología del Hospital Italiano, y a Delfina Lanusse, residente de tercer año en la misma institución. Ambos fueron indagados pero se negaron a declarar.

La causa por la muerte de Zalazar está a cargo del fiscal Eduardo Cubría, mientras que la investigación por el robo de fármacos quedó en manos del juez Javier Sánchez Sarmiento.

En ese expediente, la Policía de la Ciudad llevó adelante el 13 de marzo tres allanamientos -dos en Capital Federal y uno en Tigre-—en los que se secuestraron dispositivos electrónicos como celulares, notebooks, tablets y pendrives. Además, en uno de los domicilios se encontraron elementos de uso médico: tubos con anestesia clínica, jeringas, agujas y ampollas con sedantes quirúrgicos, lo que complicó la situación de los imputados.

Allanaron la sede de la Asociación de Anestesia

La investigación también avanzó sobre instituciones vinculadas a la actividad profesional. En ese contexto, fue allanada la sede de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación, en el barrio de Caballito, con el objetivo de secuestrar documentación y actas que permitan reconstruir posibles vínculos o responsabilidades. Desde la entidad señalaron que acompañaron la denuncia desde un primer momento y que están colaborando con la Justicia, además de remarcar que no tenían antecedentes que hicieran sospechar de los acusados.

En paralelo, la Federación Argentina de Asociaciones de Anestesia, Analgesia y Reanimación difundió un duro comunicado en el que buscó despegar estos hechos del ejercicio profesional. La entidad subrayó que se trata de situaciones del ámbito privado y advirtió sobre el riesgo de generalizaciones que puedan afectar la confianza en una especialidad “altamente regulada”. También reafirmó su disposición a colaborar con la investigación judicial.

Con información de la agencia NA