"¿No podemos tener miedo los morochos?": el barrio de Lucas González, conmovido y en guardia ante su asesinato

En medio del profundo dolor, los padres de Lucas González donaron sus órganos.

“¡A mi hijo no, a mi hijo no!”. Pablo escuchó el grito desde su casa: un vecino en la vereda bramaba desesperación. Estaba por sentarse a almorzar y el ruido que entró por la puerta y todas las ventanas lo hizo salir a ver qué pasaba. El grito fue el miércoles al mediodía y de boca de Mario “Peca” González, sobre la Calle 14 del barrio San Eduardo de Florencio Varela. Este viernes, en el frente de esa casa, hay tres banderas colgadas: dicen “Justicia por Lucas González”, “Basta de gatillo fácil” y “Fabián López José Nievas Gabriel Isasis asesinos”. Son los nombres de los tres policías de la Ciudad acusados de, en Barracas, de civil y sobre un Nissan Tiida sin identificación institucional, abrir fuego contra el auto en el que viajaban Lucas y tres amigos, y en el que la víctima recibió el tiro en la cabeza que lo asesinó.

“Desmoronado, sin vida”, dice ahora, tomándose el tiempo que lleva no desarmarse del todo, Carlos López. Es el abuelo materno de Lucas, el futbolista de la sexta división de Barracas Central cuyo crimen se conoció este jueves. Trabaja en un corralón a cinco cuadras de donde vivía su nieto de 17 y donde todavía viven su hija, su yerno, su nieta de 14 y su nieto de 8. No sabe todavía a qué hora van a poder velar a Lucas, no sabe a qué hora su hija le avisará que ya dispone del cuerpo de su hijo, que pasó por una ablación de órganos y una autopsia. Sí sabe qué quiere: “Perpetua. Que vayan a la cárcel y que sus hijos nunca se crucen con unos asesinos como ellos. Que alguien les críe a esos hijos como mi yerno y mi hija criaron a mi nieto, un pibe que se levantaba a la madrugada para ir a entrenar y que después estudiaba”.

En estas cuadras que le hacen de frontera a los barrios San Eduardo y La Sirena, con malvones y rayitos de sol florecidos y rejas que custodian las ventanas y las puertas, muchas de las casas se identifican no sólo con la altura de la calle sino con el nombre de las familias que las habitan. El cartel de los Carbonell queda justo enfrente de la casa de Lucas y anuncia que allí trabaja una costurera. Este viernes, en vez de entrar y salir ropa, entran y salen fotocopias: tienen la cara de la víctima y dicen “Justicia por Lucas”.

Los carteles ya están pegados en las lunetas de los autos, en las rejas de los negocios y en las ventanas de las casas. Los sostienen desplegados algunos nenes que van de los 8 a los 13 años y que se formaron en un rincón de sombra. Miguel tiene 12 y dice: “No sé bien cómo explicar por qué pero sí sé que esto que pasó es injusto”.

“Dijeron que eran chorros. Soy un morocho, me pongo una visera y soy chorro. ¿Vos escuchaste el audio del pibe que le avisó a su mamá lo que había pasado? Estaba cagado de miedo. ¿No podemos tener miedo los morochos? Se estaban escapando, estaban re cagados”. Javier tiene 17, la misma edad que Lucas. Vive en la misma cuadra que los González y trabaja en el flete del padre.

El asesinato de Lucas González es investigado por la Justicia. Los tres policías de la Ciudad fueron pasados a disponibilidad en esa fuerza. Fue después de que un primer parte policial no consignara la presencia de ningún arma en la Volkswagen Suran en la que viajaba Lucas junto a tres compañeros y amigos y, en una segunda versión, ese parte consignara que había allí un arma de juguete, aparte de los cuatro disparos que impactaron en el auto y que salieron de un arma reglamentaria .9 milímetros.

Aunque se declaró incompetente en la causa, el juez de menores Alejandro Cilleruelo alcanzó a prohibir la salida del país de los tres policías investigados por el crimen y a sobreseer a los tres compañeros de Lucas que viajaban con él en el auto. Dos de ellos pasaron la noche del miércoles en un instituto de menores. Según contaron sus familias, fueron detenidos tras acercarse a pedir ayuda a dos policías de la Ciudad apenas Lucas recibió el disparo. La primera carátula de la causa fue “averiguación de ilícito” en relación a la víctima y sus amigos.

“Yo cuando vuelvo de trabajar al mediodía hago zapping por los noticieros. Estaba pasando por Crónica y ahí escucho que parecía que unos delincuentes habían tenido un tiroteo en Barracas. En ese mismo momento le sonó el celular a mi hija, la tía de Lucas, y era mi otra hija. Le contó que Lucas había tenido un accidente en Barracas, volviendo del club, y yo le decía que le preguntara dónde. Cuando dijo la dirección entendí todo. De delincuente lo trataron a mi nieto, unos asesinos me lo trataron de delincuente”, dice López.

En 2020 hubo en total 537 víctimas de las fuerzas de seguridad en todo el país entre casos de gatillo fácil, muertes en lugares de detención, femicidios perpetrados por uniformados y desapariciones seguidas de muerte.

Según estadísticas de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), en 2020 hubo en total 537 víctimas de las fuerzas de seguridad en todo el país entre casos de gatillo fácil, muertes en lugares de detención, femicidios perpetrados por uniformados y desapariciones seguidas de muerte. Esa misma organización relevó que, en sus cinco años de existencia, la Policía de la Ciudad acumula 121 víctimas de gatillo fácil.

“Lo particular de este caso es que, si bien inicialmente la prensa masiva como el Poder Judicial tomaron a libro cerrado la primera versión de la Policía, esta vez esa versión se cayó en cuestión de horas porque dio la casualidad que la víctima es un pibe que por su actividad deportiva está vinculado a un club vinculado a un señor importante (N. de la R.: el presidente la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, es también presidente del club Barracas Central). Por eso los primeros en desmentir la versión oficial policial fueron periodistas deportivos, por eso esto dejó de ser, como muchas otras veces, un hecho de inseguridad y pasó a ser lo que es: gatillo fácil”, describe María del Carmen Verdú, referente histórica de CORREPI.

Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), asegura: “Hay un corrimiento en el debate público sobre los niveles de uso de violencia con los que el Estado puede y debe responder ante delitos o ante conflictos. Esto se traduce en algunos casos en mayores índices de violencia policial, sea en una situación de delito o en un escenario como el de Lucas en el que hay una persecución en la que la Policía actúa de manera feroz. Ese corrimiento termina en situaciones de violencia policial extrema como los de Lucas y también en casos injustificables cuando se dispara a una persona que probablemente acaba de cometer un delito. Acá el riesgo es pensar que esto que pasó es sólo problemático porque la víctima era inocente. Esto es problemático por cómo actuó la Policía, y porque además esa actuación repite patrones de discriminación que operan a toda la sociedad”.

“¿Por qué tenían que imaginar los chicos que esas tres personas armadas que se bajan de un auto particular eran policías? Datos oficiales del Ministerio de Seguridad de la Nación: el 66% de las personas muertas con intervención policial son asesinadas con el arma fuera de servicio. Sólo con prohibir el uso de arma reglamentaria fuera del momento de servicio y sin uniforme reducís a menos de la mitad la muerte por gatillo fácil”, sostiene Verdú, militante y abogada.

A la casa de los Carbonell entra una chica con una resma de hojas A4. Serán más fotocopias con la cara de Lucas y el pedido de Justicia. En la cuadra repasan las distintas convocatorias a marchas para repudiar su asesinato: algunos amigos prevén una para este viernes, otros vecinos saben que habrá una el martes. “Todavía no nos lo devuelven”, dice Carlos. Vuelve a tomar carrera para terminar una oración: “Mi nieta iba a bailar con él en los 15. Y ahora no. Ahora ya no”.

JR

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