Piden juicio para 23 imputados por la muerte de cuatro jóvenes en la masacre de San Miguel del Monte

“Primero hubo un vecino que recogió las vainas de las balas, luego apareció el primer testigo, después uno más. Otro dijo que había visto cómo disparaban. Luego entregaron un video de un teléfono. Y ahí comenzó una catarata que ya no se detuvo. La gente había vencido al miedo. La noticia de hoy es el triunfo de un pueblo que le ganó a la impunidad. No es fácil cuando del otro lado están los policías”. La abogada Dora Bernardez representa a dos de los cuatro jóvenes asesinados en la Masacre de San Miguel del Monte, en mayo de 2019. Acaba de ser notificada por el fiscal de la causa, que completó la investigación y pidió que vayan a juicio los 23 imputados, entre efectivos de la comisaría local, peritos de Policía Científica y un funcionario de Seguridad.

La trágica historia empieza en la Costanera de Monte. Un policía quiere detener un Fiat 147 blanco. El auto no para. El policía saca su arma y tira. Le da a uno de los que van adentro. Un patrullero aparece en escena y los sigue. Desde la ventanilla, otro más le dispara al 147. Una y otra vez hasta que, 15 cuadras después, el Fiat blanco choca con un acoplado. Adentro iban cinco jóvenes, uno era mayor, de 22 años. Los otros tenían 13 y 14. Cuatro murieron, solo una chica sobrevivió a las balas. 

Después de hacer una última pericia que faltaba y de que se digitalizara la causa completa, el fiscal de instrucción Lisandro Damonte presentó el requerimiento de elevación a juicio. En la causa se investiga la muerte de Camila López, Danilo Sansone, Aníbal Suárez y Gonzalo Domínguez y las graves heridas que sufrió Rocío Quagliariello, la fusilada que vive.

Nos pone muy contentos por las familias. Ellos lo estaban esperando y necesitando”, explica Dora Bernardez, defensora de las familias Suárez y Domínguez.

“No siempre estos hechos salen a la luz. Hay decenas de casos en el conurbano en los que nadie se mete por el terror que tienen. La gente declaró, salió a la calle, generó mucha fuerza. Durante una de las marchas, el chico que estaba en el centro de monitoreo de las cámaras de seguridad, se sintió tocado por lo que sucedía, y decidió grabar las imágenes de la persecución y las entregó. Nos pone muy contentos por las familias. Ellos lo estaban esperando y necesitando”, explica Bernardez, defensora de las familias Suárez y Domínguez. “La causa está muy bien investigada, hay muchas pruebas contra los ejecutores y los que lo quisieron ocultar. Ahora hay un mes para que las partes lo vean, pero ya es muy difìcil que no vaya a juicio porque son sólidos los testimonios y las pericias. El paso más grande está dado”, agrega.

Los ex policías Manuel Monreal, Rubén García, Leonardo Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez están procesados por el delito de “homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales calificado por el empleo de arma de fuego consumado y en tentativa”. Ellos fueron, según la acusación del fiscal Damonte, los que tiraron desde la calle y desde el patrullero contra el 147 y provocaron que chocara. 

En paralelo, en la Justicia de La Plata hay una causa contra la ex intendenta de Monte, Sandra Mayol, por presunta violación de sus deberes como funcionaria.

Por el encubrimiento de los crímenes, abuso de autoridad y violación de sus deberes, están imputados los ex policías José Domínguez, José Manuel Durán, Franco Micucci, Nadia Genaro, Melina Bianco. Al teniente Héctor Angel y al ex secretario de Seguridad del Municipio, Claudio Martínez, se los acusó por encubrimiento agravado. De todos los señalados, Salvo Genaro y Bianco, que fueron excarceladas, el resto está con prisión preventiva. A tres peritos de la Policía Científica de Cañuelas también se los imputó por incumplimiento de deberes de funcionario público.

A estos procesamientos, se les sumó en diciembre un grupo de 8 policías de la comisaría de Monte, acusados por falsedad ideológica y encubrimiento agravado. Ellos también forman parte del pedido del fiscal para que vayan a juicio.

En paralelo, en la Justicia de La Plata hay una causa contra la ex intendenta de Monte, Sandra Mayol, por presunta violación de sus deberes como funcionaria. Desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que se constituyó como particular damnificado en el caso, sostuvieron durante la investigación que “la trama de encubrimiento que se desplegó en las horas posteriores a la masacre no pudo haberse realizado sin el conocimiento e, incluso, la anuencia de la (entonces) intendenta Mayol.”

AM