A seis años del crimen que conmocionó a la Argentina, el asesinato de Fernando Báez Sosa continúa interpelando a la sociedad y al sistema judicial. La madrugada del 18 de enero de 2020, a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell, aquel joven de 18 años que soñaba con ser abogado y que por primera vez se iba de vacaciones con sus amigos, fue brutalmente atacado por un grupo de rugbiers que actuó de manera coordinada y con extrema violencia. Murió minutos después a causa de un para cardiorespiratorio tras un traumatismo craneoencefálico grave.
El juicio oral concluyó en febrero de 2023, poco más de tres años después, con condenas ejemplares que marcaron un precedente en casos de violencia grupal. El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores consideró probado que el ataque fue cometido con alevosía y en grupo, sin posibilidad alguna de defensa para la víctima.
Las imágenes mostraron una secuencia brutal: patadas reiteradas, golpes dirigidos a la cabeza y un cuerpo indefenso tendido en el suelo mientras el ataque continuaba. La viralización de esos registros generó una conmoción inmediata y un repudio transversal, difícil de revertir incluso con el paso del tiempo.
Esos videos no solo expusieron la ferocidad del ataque, sino que desarmaron cualquier intento de la defensa de los rugbiers de relativizar lo ocurrido. La crudeza del material audiovisual aceleró el reclamo social de justicia y colocó el caso en el centro de la agenda pública durante tres años. Marchas, homenajes y manifestaciones se multiplicaron en todo el país, con una consigna que se repitió una y otra vez: “Justicia por Fernando”.
Durante el juicio, esas imágenes fueron determinantes. Permitieron reconstruir la dinámica del ataque, identificar roles dentro del grupo agresor y demostrar que la violencia continuó aun cuando la víctima ya no podía defenderse. La sentencia dictada en febrero de 2023, con condenas a prisión perpetua y penas de 15 años, encontró en ese material una de sus bases probatorias más contundentes.
Cinco de los acusados —Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Luciano Pertossi, Ciro Pertossi y Matías Benicelli— fueron condenados a prisión perpetua como coautores del homicidio doblemente calificado. Para los jueces, tuvieron un rol central en la golpiza fatal: ejecutaron los golpes más violentos, incluidas las patadas en la cabeza que resultaron determinantes para la muerte de Fernando Báez Sosa.
Otros tres imputados —Lucas Pertossi, Ayrton Viollaz y Blas Cinalli— recibieron penas de 15 años de prisión al ser considerados partícipes secundarios. Según la sentencia, su función fue clave para asegurar el ataque: rodearon a la víctima, impidieron la intervención de terceros y colaboraron en el accionar del grupo, aun cuando no propinaron los golpes letales.
El fallo fue respaldado por otras pruebas contundentes, entre ellas peritajes forenses y testimonios que mostraron la secuencia completa del ataque. La sentencia fue leída como una respuesta firme frente a la violencia ejercida en grupo y un mensaje claro sobre la responsabilidad penal individual dentro de acciones colectivas.
Más allá de la condena judicial, el crimen de Fernando Báez Sosa generó un debate profundo sobre la violencia juvenil, el consumo de alcohol, la cultura de la impunidad y la necesidad de políticas de prevención. Sus padres, Graciela y Silvino Báez, transformaron el dolor en una lucha constante por memoria, justicia y conciencia social.
A seis años del asesinato, el caso sigue siendo un símbolo: de una vida truncada, de una sociedad que dijo basta y de una Justicia que, al menos en este caso, logró dar una respuesta acorde a la gravedad del crimen.