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“El Tuerto Cacho”, de armero de ladrones a convertirse en mito narco cordobés

Raúl Cuello, alias El Tuerto, en el momento de ser detenido en Córdoba por narcotraficante.

La primera vez que Raúl Alberto Cuello (50) fue conocido masivamente a través de los medios, se dio en medio del sangriento motín de la cárcel de barrio San Martín de la ciudad de Córdoba en febrero de 2005, cuando los presos, guardiacárceles y policías lo señalaron como uno de los cabecillas de la revuelta que término con ocho muertos: cinco internos, dos agentes del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) y un policía.

El apellido Cuello fue rápidamente reemplazado en el ideario colectivo por “El Tuerto Cacho”, el mote que hizo famoso a este narcotraficante como uno de los líderes del motín de la Penitenciaría de barrio San Martín, quien esta semana fue condenado a 5 años de cárcel por la Justicia cordobesa. Junto a Raúl Alberto “El Tuerto Cacho” Cuello fueron condenados 21 integrantes de una banda familiar, todos acusados de integrar una asociación ilícita dedicada a la “comercialización de estupefacientes doblemente agravada”. Las penas para algunos integrantes de la banda, como una de sus hermanas, llegaron hasta 8 años de prisión, superando la sanción recibida por el jefe.

A principios de junio, en otro juicio también realizado en los tribunales provinciales en el marco de la causa denominada “Herederos del Tuerto Cacho” fueron condenados 13 miembros de una banda que comandaban dos hermanos de Cuello y operaban en lo que fue la villa de emergencia La Maternidad, el lugar donde Raúl Cuello comenzó a delinquir. Esa vez, las condenas llegaron hasta los 9 años y medio de cárcel.

Para el Gobierno y la Justicia de Córdoba, “el Tuerto Cacho” es un poderoso narco que integra una de las bandas de venta minorista de drogas más importantes de esta provincia mediterránea, sin embargo se lo condenó por narcomenudeo en vez de ser juzgado por narcotráfico por la Justicia federal. Uno de sus abogados defensores, Miguel Juárez Villanueva, cuestionó a la Justicia cordobesa: “Condenaron a 13 mujeres, eso es lo que pasa con la creación del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico. Se llevaron preso a un barrio entero. En la Justicia provincial debe haber unos 600 personajes como “El Tuerto Cacho”; mientras que en la Justicia federal hace ocho años que no hay una causa importante. Esto no pasa en la Justicia federal, donde para haber condenas debe haber un trabajo investigativo que incluya intervenciones telefónicas, seguimiento de los sospechosos, fotografías y secuestro de material probatorio. Acá, en el Fuero de Lucha contra el Narcotráfico, basta con tres denuncias anónimas y ya lo consideran indicio. En el fuero Federal hubiera habido 10 absoluciones”.   

En la provincia de Córdoba el Fuero de Lucha contra el Narcotráfico comenzó a funcionar el 1 de diciembre de 2012 y apunta a lo que el Gobierno dio en llamar el narcomenudeo: la venta de drogas minorista, el vendedor que vende en su casa; no el narcotraficante que desembarca los cargamentos de cocaína y marihuana para luego ser vendidos por estos dealers barriales.

En 2017, cinco años después de la creación de este fuero antinarco, uno de sus fiscales, Marcelo Sicardi, había señalado que en la ciudad de Córdoba había 280 referentes del narcomenudeo entre condenados, detenidos a la espera de juicio y en libertad pero bajo investigación. El fiscal explicó, además, que “un referente es quien tiene un maxiquiosco de droga, abierto las 24 horas”. Casi cinco años después, la cifra de narcomenudistas se duplicó, según las propias palabras del abogado Juárez Villanueva, defensor de “El Tuerto Cacho” y otros narcos como René Alejandro “El Chancho” Sosa.

En Córdoba los clanes narcos señalados desde el Gobierno no son más de 20, entre cordobeses y extranjeros, pero a diferencia de lo que sucede en Rosario con Los Monos –la banda liderada por Ariel Máximo “Viejo” Cantero-; hace años que no son condenados por narcotráfico mayor, sino por menudeo: Jorge “El Gallo” Altamira; Ramona Reyna (a) “La Gorda Kika; “El Chancho” Sosa, “Los Jatib” o “Los Coreanos”; Alejandro Alsogaray y “Los Colela”; son algunos de los nombres que se repiten en los expedientes judiciales. 

Tras la caída de todos ellos, sus negocios ilegales siguieron funcionando; y con los cabecillas presos, “El Tuerto Cacho” fue acrecentando su poder: “El narco que nunca cae”, le decían. Hasta que cayó.

La caída

La mañana del 3 de octubre de 2018, Raúl Cuello fue detenido cerca del Jardín Zoológico de Córdoba y de un centro comercial ubicado sobre la avenida Sabattini, en un operativo de la Fuerza Provincial Antinarcotráfico (FPA) que incluyó más de 100 efectivos y una decena de allanamientos. “El Tuerto Cacho” se encontraba con un cómplice en un Peugeot 307 color bordó y cuando intentó escapar fue cercado por distintos móviles policiales. Unos días antes, había sido detenida Marcela “La Enana” Sánchez, una de las hermanas de Cuello que vivía con otras mujeres y niños en una vivienda donde fraccionaban drogas. Luego de ese operativo, se ordenó la detención de Cuello, sindicado como proveedor de la droga secuestrada a su hermana. 

Fue así que el 3 de octubre se realizaron distintos allanamientos en los barrios Acosta, José Ignacio Díaz, Arturo Capdevilla y Cooperativa El Progreso donde se secuestraron casi ocho kilos de cocaína en una tapera que no tiene dueño, 370 gramos de marihuana, 67 kilos de elementos para estirar la droga y que rinda más al ser procesada; además de $ 360 mil y US$ 1.600. Desde la defensa de “El Tuerto Cacho” explicaron que “esos 67 kilos de material para estirar la droga pueden parecer una cantidad importante, pero su tenencia no es punible porque se trata de vidrio de tubo fluorescente molido, maicenas, harinas y azúcares, entre otros elementos”.

Ya en diciembre de 2017, diez meses antes de su detención, el fiscal federal Enrique Senestrari le había solicitado -sin suerte- al juez federal Ricardo Bustos Fierro una serie de allanamientos y la detención de “El Tuerto Cacho” como narcotraficante mayor y no como simple narcomenudista, delito por el que fue condenado esta semana.

Las tizas de La Maternidad

Hace casi veinte años, en agosto de 2002, en plena crisis luego de la caída del gobierno de Fernando de la Rúa, la Policía cordobesa allanó una casucha en Entre Ríos y la Costanera, en la villa La Maternidad, en la entrada de barrio San Vicente, a pocas cuadras de la vieja Estación Terminal de Omnibus de Córdoba. El mediodía del 9 de agosto “El Tuerto Cacho” y su amigo Juan “Fufi” Quevedo preparaban “tizas” de cocaína que escondían en un pozo  sobre el margen sur del río Suquía; las que luego eran vendidas. Cuello tenía 30 años de edad y antecedentes penales, vivía en barrio Acosta, cerca de la tapera que utilizaban para fraccionar la cocaína. Su cómplice Quevedo, que después se convirtió en su lugarteniente, tenía 21 años, no tenía antecedentes y vivía en barrio San Vicente. 

El fiscal federal Senestrari fue quién guió a la Policía hasta Cuello: los agentes sorprendieron al “Tuerto Cacho” y a “Fufi” con casi dos kilos de cocaína; y a fines de diciembre de 2003 el Tribunal Oral Federal N° 1 los condenó a penas de cinco años de prisión.

Hasta que fue detenido mientras compactaba cocaína, Cuello se había dedicado a proveer de armas a los delincuentes de la zona este de la capital. Las alquilaba para distintos delitos, esa fue su especialidad durante años. Luego, comenzó a usarlas él mismo, a la vez que seguía con el alquiler a otros colegas del hampa.

Como muchos delincuentes de la zona de San Vicente, como el fallecido Carlos Dante “El Colorado” Leal –secuestrado y asesinado en marzo de 2014-; Cuello mutó de los robos y asaltos al narcotráfico. La primera causa narco por la que lo detuvieron fue la de la casucha de villa La Maternidad.

En febrero de 2005, mientras purgaba condena por esa causa, se desató el motín de la Penitenciaría de barrio San Martín y “El Tuerto Cacho” apareció como uno de los líderes, junto a Ricardo Serravalle, un delincuente de buenos modales que para los medios y puertas afuera, aparecía como una garantía a la hora de negociar las condiciones de rendición de los amotinados; y puertas adentro era un líder frío y calculador. En esta cárcel que ya no funciona más y será reconvertida en un paseo, Cuello y Serravalle, y otro delincuente llamado Rolando Ricardo “El Ciego” Hidalgo consolidaron su amistad forjada mientras estaban libres y armaron una nueva banda.

Condenado por el motín con una pena unificada por la causa de las tizas, en 2008 Cuello recuperó su libertad y se mudó de sus casas históricas en barrio Acosta y la villa La Maternidad hacia Ciudad de Mis Sueños, uno de los llamados barrio-ciudad construidos por el gobernador José de la Sota en la periferia de la Capital, donde fueron relocalizadas las villas de emergencia.

La casa del “Tuerto Cacho” en Ciudad de mis Sueños –está en la zona sudeste de la Capital- no pasa desapercibida. Si bien el barrio es un plan de viviendas sociales, la casa de Cuello resalta: son dos lotes unidos donde destaca una propiedad de dos plantas; muy distinta a todas las otras construcciones. Sin embargo, desde hace años no vive más allí, sino que hasta ser detenido iba pernoctando de casa en casa, en varias de las propiedades de la banda que lo tiene como jefe.

Al igual que todos los vecinos de la villa La Maternidad, “Fufi” Quevedo, el lugarteniente de “El Tuerto Cacho”; también fue relocalizado en Ciudad de Mis Sueños. Mientras su jefe seguía preso, “Fufi” estaba libre y delinquiendo; hasta que cayó preso en mayo de 2008 en un asalto en la localidad bonaerense de Coronel Suárez, a 175 kilómetros al norte de Bahía Blanca; a 282 kilómetros al sudeste de Santa Rosa y a 834 al sur de Córdoba. Alojado en la cárcel de Junín, armó una estructura de narcomenudeo junto a algunos familiares que operaba en la ciudad de Córdoba.  

El río y las armas

En diciembre de 2013, una protesta policial iniciada en la sede de barrio Cerveceros del Comando de Acción Preventiva (CAP) IV y V por reclamos laborales como aumentos salariales, provisión de ropa y contra el hacinamiento; y contra jefes corruptos derivó en un amotinamiento de más de 10 mil policías que dejaron a la Capital y el Gran Córdoba durante el 3 y 4 de ese mes a merced de bandas delictivas que provocaron millonarios saqueos. El gobernador José de la Sota estaba de viaje en el exterior y regresó de urgencia. La crisis se llevó a toda la cúpula del Ministerio de Seguridad y de la Policía cordobesa.  

En mayo de 2015, el jefe de la Policía cordobesa, comisario general Julio Suárez, que ya había sancionado a los agentes que iniciaron la protesta gremial de 2013 decidió reivindicar “a los buenos policías” y en la comisaría de barrio Cerveceros montó un acto donde entregó ropa, borceguíes y armas a los policías. El CAP IV y V ya había sido dividido en dos, se solucionó el hacinamiento del personal, y el jefe Suárez hizo algo prohibido por protocolo: entregó armas a policías fuera de la Central de Policía.

Hasta la sede del CAP de Cerveceros ubicada en el sudeste capitalino, llegó un camión con pertrechos para repartir, entre los que se encontraban pistolas calibre 9 milímetros nuevas y más de 7.000 balas del mismo calibre. Esa tarde-noche del mes de mayo de 2015, desaparecieron al menos 72 pistolas policiales flamantes y miles de balas. El robo nunca denunciado por las autoridades policiales cordobesas ni por el Gobierno, se conoció cinco meses después, cuando la noticia fue publicada en un diario nacional.

Rápidamente, el gobernador José de la Sota minimizó el hecho y lo trató de “chusmerío de la Policía”. Hubo una investigación sumaria que derivó tres días después de la aparición de la noticia en la detención del personal directivo de la División Armamentos y la denuncia del jefe policial Suárez del robo de 67 pistolas. La causa iniciada en una fiscalía de turno, pasó al Fuero Anticorrupción y nunca avanzó. Desde algunos medios se instaló la versión de que se trató de un robo hormiga de los arsenales de Armamento ubicados en el subsuelo de la Central de Policía ubicada en el cruce de las avenidas Colón y Santa Fe.

Sin embargo, en el bajo mundo corría otra versión: el robo lo habría cometido “El Diente”, un delincuente muy cercano al “Tuerto Cacho” en la sede del CAP de barrio Cerveceros o cuando los policías pararon a comer un choripán en un puesto cerca del Jardín Zoológico. En octubre de 2018, en la misma zona, fue detenido Cuello y un cómplice.

Un alto jefe policial de la época confió a elDiarioAR: “Para la Policía, la Capital está dividida en Zona Norte y Zona Sur y esa divisoria que va de Oeste a Este está delimitada por el río Suquía. Todas las pistolas robadas que se fueron encontrando “de casualidad”, aparecieron en domicilios ubicados en la Zona Sur. Incluso, alguna pistola fue secuestrada en Santa Fe, en manos de una banda de Córdoba que está domiciliada al sur del río”. Consultado sobre la posibilidad de que las pistolas fueran efectivamente robadas por “El Diente” fuera del edificio central de la fuerza y que cayeran en manos de “El Tuerto Cacho”, el investigador respondió: “No te olvides que las primeras actividades del “Tuerto” como delincuente fue ser proveedor de armas. Y hay otro dato: en su primera causa como narco; “El Tuerto” escondía la cocaína cerca del río Suquía”.

El Viernes Negro de Nueva Córdoba

Entre la noche del jueves 15 y la madrugada del viernes 16 de febrero de 2018, una banda integrada por al menos cinco delincuentes copó una cueva financiera en el corazón de barrio Nueva Córdoba, desatándose una balacera en la que murieron el policía Franco Ferraro (29) y los jefes de los asaltantes, Ricardo Serravalle (58) y Rolando Ricardo “El Ciego” Hidalgo (62). Los dos líderes de la banda habían trabado amistad con “El Tuerto Cacho” antes de caer presos y esa relación se cohesionó durante su presidio en el penal de barrio San Martín y quedó demostrado en el motín de 2005. 

Cuando los delincuentes llegaron al dúplex de los pisos 7° y 8° A del edificio de Rondeau 84, le apuntaron a la cabeza a su dueño Guido Romagnolli (34) y amenazaron a su pareja Melisa Sosa (31). Buscaban un botín millonario que nunca apareció. Romagnolli, quien decía ser inversor inmobiliario, denunció el robo de apenas $ 300 mil y cheques por $ 2,3 millones. Una banda de “pesados” como Hidalgo y Serravalle no montaría tal logística por un puñado de pesos.

En julio del año pasado, por ese asalto que terminó con tres homicidios, la Cámara 8ª del Crimen de Córdoba condenó a prisión perpetua a Ariel Murúa Rodríguez (43), Ariel Gramajo (43) y Diego Tremarchi (34), acusados del delito de homicidio criminis causae –mataron para ocultar otro delito-; mientras que para los hermanos Teresa Mitre (69) y Miguel Mitre (65) las condenas fueron de 13 años, como partícipes necesarios. La mujer era empleada doméstica de Romagnolli, a quién conocía desde hace décadas y la acusaron de haberle pasado el dato a su sobrino Tremarchi de que allí se movía mucho dinero.

Tras la balacera mortal, la fiscal federal Graciela López de Filoñuk inició una investigación de oficio para determinar quién era Guido Romagnolli y su veloz crecimiento patrimonial detectado por la AFIP por requerimiento de la funcionaria judicial. Inexplicablemente, la mañana del viernes 16 de febrero, horas después del asalto y tiroteo, la pareja de Romagnolli, Melisa Sosa, salió del dúplex con una importante suma no determinada de dinero, que depositó en distintos bancos. No se sabe por qué el fiscal Rubén Caro a cargo de investigar el atraco no precintó el lugar del hecho y permitió a Sosa saliera con dinero. Tampoco se sabe si la mujer sacó, además documentación importante para la investigación por lavado de activos.

Murúa Rodríguez, Ariel Gramajo y Diego Tremarchi nunca reconocieron su participación en el Viernes Negro de Nueva Córdoba. Y otra vez se sospechó de la omnipresencia de Raúl Cuello tras el atraco: los dos delincuentes muertos fueron amigos suyos fuera y dentro de prisión; algunos los sindicaron como mano de obra utilizada para cobrar deudas; incluso, algunos ex policías se animaron a arriesgar que en esa cueva financiera “El Tuerto Cacho” cambiaba los pesos de la venta minorista de drogas por divisas: en Paraguay y Bolivia la droga se compra en dólares.

Tras su detención ocho meses después del robo de Nueva Córdoba, Raúl Cuello fue alojado en el penal de Bouwer, al sur de esta Capital. En abril del año pasado, cuando cursaba la primera etapa de la cuarentena obligatoria por el Covid-19 y se habían suspendido las visitas a las cárceles cordobesas, hubo una revuelta en ese complejo carcelario ubicado al sur de esta Capital. “El Tuerto nos está manejando los presos”, fue la queja de los guardiacárceles y Cuello fue trasladado a la cárcel de la ciudad norteña de Cruz del Eje. Otro que fue trasladado a Cruz del Eje fue “René Alejandro “El Chancho” Sosa.

En el banquillo

El pasado 4 de junio, la Cámara 3ª del Crimen de Córdoba condenó a 14 integrantes de una banda de narcomenudeo llamada “Los herederos del Tuerto Cacho”, que estaba comandada por Cristian Germán Zurita y dos hermanos de Raúl Cuello: Cristian Orlando “Tartuchín” González y Diego Javier “La Foca” González. Zurita fue condenado a nueve años y medio de cárcel; Cristián González a seis años y su hermano Diego a cinco años y ocho meses.

Según la acusación del fiscal Marcelo Hidalgo, “Los herederos del Tuerto Cacho” se hicieron cargo del negocio narco cuando Raúl Cuello cayó detenido en octubre de 2018 y “para desarrollar su actividad delictiva para la venta de drogas, se logró determinar que se trató de un copamiento territorial en la zona de la ex Maternidad provincial”.

El fiscal Hidalgo le dijo a elDiarioAR que “este fenómeno del copamiento territorial bajo ningún punto de vista tiene que ser menospreciado, entiendo que si la Fuerza Policial Antinarcotráfico no existiera en Córdoba, nos pareceríamos mucho a Rosario”.

Durante el juicio se demostró que esta banda “en algunos sitios guardan la droga “los guardaderos”, en otros la vendían. Todas las personas y lugares dependían de los González. La causa se inició con un denunciante que aportó nombres y domicilios de las personas encargadas de traer la droga a la Ciudad de Córdoba, así como también menciona los lugares de donde proviene (Salta y Bolivia)”. 

El 30 de octubre de 2019, un año después de la detención de “El Tuerto Cacho” se realizó un megaoperativo donde “se produjo el secuestro de estupefacientes y de otros objetos de interés probatorio para las pesquisas”. Además de los líderes de la organización, fueron condenados seis hombres y cinco mujeres.

Mientras que en el juicio que condenó esta semana en la Cámara 4ª del Crimen a Raúl “El Tuerto Cacho” Cuello, se demostró que “estamos frente a una compleja organización delictiva dedicada a la venta de drogas en Córdoba, con asiento principal en barrio Cooperativa Los Paraísos”, señaló el fiscal de cámara Raúl Gualda. Mientras que el fiscal del fuero antinarco, Marcelo Sicardi, a cargo de la investigación, aseguró a este diario: “Tanto Raúl Cuello, como sus hermanas Norma y Marcela Sánchez, y otros integrantes de esta organización, ya habían recibido condenas anteriormente por este mismo delito, por lo cuál conocían la actividad al detalle y se manejaban con muchísima habilidad para evitar ser descubiertos”.

Mientras que “El Tuerto Cacho” fue condenado a 5 años de cárcel, a su hermana Marcela la condenaron a 8 años de prisión: a Cuello no le secuestraron droga, mientras que a la mujer le secuestraron cocaína en un operativo que posibilitó que tres días después fuera detenido su hermano. En esta causa fueron condenados 13 varones y nueve mujeres.

Tras las condenas a las bandas de “El Tuerto Cacho” y “Los Herederos del Tuerto Cacho”, desde la Justicia y la Fuerza Policial Antinarcotráfico señalaron que “la organización fue desbaratada”. Sin embargo, en la zona sur de esta Capital, sostienen que “la banda es tan grande, que “El Tuerto” la sigue manejando desde la cárcel. Y no está sólo, al negocio también lo siguen sus socios bolivianos y algunos de Santa Isabel”, un barrio que está a la salida de Córdoba, en el camino a Alta Gracia.

GM

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