Toda ecología es política

Introducción

Las primeras décadas del nuevo mileno se presentan ante nosotros como un panorama de devastación: los gases de efecto invernadero afectan glaciares y reservas de corales, los residuos plásticos forman islas en el medio de los océanos, grandes incendios barren con bosques, selvas y praderas, y enormes contingentes de personas son desplazados de sus territorios. El Mediterráneo puede ser pensado como un gran cementerio. Los cuerpos de quienes en los últimos años intentaron emigrar desde África hacia Europa, que yacen en el fondo del mar, expresan de modo dramático que esas personas, en palabras de Edward Said, fueron catalogadas como subhumanas.

Tampoco hay suficiente conciencia acerca de la ligazón que existe entre la cuestión ecológica y los padecimientos de otros tantos millones que huyen de la guerra o de la sequía. En este sentido, la expulsión de un millón y medio de personas de Siria debido a un conflicto bélico que ya lleva casi una década estuvo exacerbada por una gran escasez de agua, y existe una relación innegable entre el estrés hídrico y los conflictos políticos en Libia, Gaza, Afganistán y Pakistán. En todo el mundo las desigualdades aumentan porque ya no queda suficiente espacio para expandir la frontera extractiva y no hay alternativas baratas para llegar a los combustibles fósiles. Estamos cerca de quebrar los límites biofísicos que hacen posible la vida, porque los recursos han sido acaparados por una minoría. No es posible soslayar el lazo estrecho que existe entre la concentración de recursos como la tierra y el agua, las nuevas realidades que fuerza el cambio climático y el aumento de las desigualdades.

Ya no podemos pensar que estos fenómenos suceden en forma remota en los grandes centros de poder global o en lugares alejados de nuestra experiencia, como Medio Oriente. En 2019 ardió la Amazonía bajo el fuego provocado por hacendados que decidieron hacer de las llamas un manifiesto político. No estuvieron solos: el propio presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, los alentó con un mensaje claro (“Los agricultores están siendo excesivamente multados por daños ambientales”, dijo), lo que generó el terreno propicio para el avance del agronegocio al imponer recortes presupuestarios a las agencias encargadas de controlar la deforestación.

Greta Thunberg, la joven sueca conocida por ser la iniciadora del movimiento global de Jóvenes por el Clima, pone en palabras el desafío de este siglo XXI con una frase sugerente: “Nuestra casa está en llamas”. Imposible no relacionar esta idea con el ecocidio del Amazonas y con los incendios que han arrasado ecosistemas en diferentes lugares del mundo. En 2020 el fuego avanzó sobre humedales y bosques en veintidós provincias argentinas, y afectó a una superficie de 900 000 hectáreas. Entre 2017 y 2020 el país perdió 8 millones de hectáreas de bosques por la agricultura y la ganadería intensivas (Greenpeace, 2020). La deforestación agrava las situaciones forzantes del cambio climático y genera fenómenos extremos como sequías y fuertes tormentas. Es por eso que, en la Argentina, la amenaza permanente que pesa contra bosques y humedales debe considerarse una alerta mayor. Se trata de un punto crítico de no retorno, es decir, el momento en el que una variación adicional provoca grandes cambios difíciles de revertir y los ecosistemas pierden su estabilidad hasta dejar de ser lo que eran. Greta Thunberg señala un punto de inflexión: las décadas venideras representan la última chance que tiene la humanidad para garantizar la reproducción de la vida a futuro. Estamos en un momento bisagra global, un gran atasco que no podemos atravesar. La salida se ve muy lejana porque las acciones que nos pondrían en mejores condiciones para evitar la catástrofe –y que beneficiarían a la gran mayoría de las personas– son extremadamente amenazantes para una élite minoritaria que mantiene el control sobre los recursos naturales, los flujos de capital y los grandes medios de comunicación. En tanto ya no es posible sostener el ideario de la conquista como argumento para prometer un potencial progreso para todos, estas élites han optado por el negacionismo de la crisis ambiental.

En 2020, la circulación vertiginosa del covid-19 desnudó esta situación límite global y puso en evidencia el nexo que existe entre la cuestión social y la crisis ecológica, no solo en términos de un problema de salud, sino del proceso a través del cual se generó y expandió la pandemia.

Como veremos en este libro, un camino para enfrentar ese desafío es revisar las conexiones más profundas entre la cuestión social y las diversas formas de organización política colectiva que en diferentes partes del mundo dan cuenta de la devastación ambiental y proponen caminos para enfrentarla. Se trata de retomar la emergencia de la cuestión ecológica como asunto político –el gran legado del siglo XX– y buscar las articulaciones y transformaciones que este tema ha tenido en el nuevo milenio. Durante el siglo pasado, hubo grandes dificultades para ligar estos asuntos a los problemas más generales de la desigualdad social. El hecho de que los diferentes movimientos sociales que luchan contra las desigualdades no hayan podido incorporar la dimensión ecológica en sus reclamos tiene que ver, como exploraremos más adelante, con la subsistencia de los idearios de progreso que marcaron a fuego las promesas de la modernidad. ¿Por qué la ecología política no ha logrado tomar el relevo de la cuestión social? Esta es una pregunta urgente y profunda, que se cuela una y mil veces en las páginas de este libro porque busca poner en entredicho aquel proyecto moderno y sus aspiraciones.

La hoguera del siglo XXI se alimenta de la creación deliberada de peligros, y esto obedece tanto a la desregulación de la protección ambiental como a la vulneración de los modos de vida ecológicamente sostenibles de las comunidades indígenas, campesinas, agrícolas y artesanas del Tercer Mundo. Estos grupos han tenido siempre un vínculo de coevolución con el mundo natural (es decir, la extracción de recursos ambientales que realizan nunca ha superado la tasa de recomposición o renovación de esos recursos); por eso, al minar sus condiciones de existencia, también se han debilitado los códigos de conservación de la naturaleza que forman parte de una relación de reciprocidad con el entorno natural.

Como señaló Vandana Shiva (2001), a comienzos del milenio cerca de dos tercios de la humanidad, en particular los pueblos del Sur, que dependen de recursos naturales como su fuente de vida y sostén, se enfrentaban a la destrucción, desviación y apropiación de sus ecosistemas. Esto genera desigualdades socioambientales que recaen en general sobre los grupos empobrecidos del medio rural y los habitantes de los barrios populares en las grandes ciudades.

Estos grupos son los nuevos refugiados ambientales del mundo y el resultado es un apartheid ambiental a escala mundial, pues en una era de comercio global y liberalizado, en el que todo es vendible y la potencia económica es el único factor determinante del poder y el control, los recursos se trasladan de los pobres a los ricos y la contaminación se traslada de los ricos a los pobres (Vandana Shiva, 2001: 164).

Al mismo tiempo, estamos en un momento de grandes cambios en las percepciones y sensibilidades en torno a la cuestión ambiental. Se han resquebrajado las fuentes de confianza social que en el pasado hacían aceptable sacrificar la red de la vida a cambio de una promesa de progreso indefinido. Ya no es posible confiar en que la tecnología podrá resolver estos desafíos civilizatorios y que los costos ambientales pueden posponerse para mañana bajo el supuesto de que la ciencia siempre podrá correr un poco más la frontera de expansión en la extracción de recursos. Voces potentes de grupos organizados, como las asambleas de defensa del agua pura, los pueblos fumigados o las cátedras de soberanía alimentaria en la Argentina, movimientos trasnacionales como Extinction Rebellion o los Jóvenes por el Clima, las rondas campesinas en Perú y Colombia, los pueblos indígenas del Amazonas, entre tantas otras, nos interpelan sobre asuntos en los que cultura y naturaleza se mezclan todos los días. Así como las laboriosas investigaciones de los defensores de humedales en todo el mundo, los reclamos de los afectados por la contaminación en las grandes ciudades o la memoria cercana de Berta Cáceres, la líder indígena lenca, feminista y activista del medio ambiente hondureña asesinada en 2016 por luchar por los derechos de los ríos, nos recuerdan que la vida, en su trama interdependiente, tal como la conocemos, está en peligro de extinción. A la vez, los argumentos que se apoyan en el poder simbólico de una ciencia sometida a los imperativos del mercado ya no son eficaces, porque no pueden ocultar las marcas del sufrimiento ambiental visibles en los cuerpos o –en clave feminista– las cuerpas, así como tampoco pueden soslayar las evidencias en los daños irreversibles a la biodiversidad o la estabilidad del clima.