El gobierno nacional puso en marcha este viernes el plan básico universal obligatorio (PBU) en los servicios de telefonía e internet fijos y móviles, y televisión paga con precios bajos y descuentos especiales para jubilados y familias receptoras de planes sociales. En paralelo, el Ente Nacional de la Comunicación (Enacom) estableció que las tarifas de la industria aumenten 5% en enero para todas aquellas empresas con más de 100.000 clientes, tras ocho meses de congelamiento.
Además, en el marco de la reglamentación del decreto de necesidad y urgencia del 22 de agosto que declaró “servicio público esencial en competencia” a toda la industria de las telecomunicaciones y la información, la regulación anunciada hoy supone medidas de control de posición dominante que afectan, sobre todo, a Telecom Argentina, del Grupo Clarín, el actor estelar del sistema. Claro, Telefónica, Telecentro y DirecTV son otros actores importantes del sector y, en su mayoría, rechazan la regulación anunciada.
Las medidas, discutidas durante los últimos tres meses bajo la órbita del jefe de Gabinete Santiago Cafiero, fueron anticipadas el lunes por elDiarioAR.
El objetivo de los planes es “favorecer la universalización del acceso entre los sectores con menores ingresos y la población vulnerable, estimada en más de 10 millones de argentinos”, remarcó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en la presentación de la resolución en Casa Rosada. Del encuentro participaron la secretaria de Innovación, Micaela Sánchez Malcolm, el titular del Ente Nacional de la Comunicación (Enacom), Claudio Ambrosini, y el vice, Gustavo López.
Cafiero enfatizó que la regulación, que tiene carácter obligatorio para las prestadoras, representa una “inequívoca señal de política pública dirigida a sostener la asequibilidad a servicios esenciales para millones de argentinas y argentinos”.
Ambrosini, allegado a Sergio Massa, precisó que “la salida del descongelamiento de los precios será con aumentos de hasta el 5% para todos” los clientes, mientras que Sánchez Malcom especificó que “las empresas pymes y cooperativas que tengan menos de 100.000 abonados podrán aplicar un incremento del 8% a partir del 1 de enero”.
La resolución 1466 del Enacom otorga 10 días a las empresas para comunicar los incrementos a implementar dentro del tope autorizado.
Planes y descuentos
Los planes parten desde los $150 mensuales en telefonía móvil que incluyen 500 minutos libres, 500 mensajes SMS, y texto de Whatsapp libre. Por $200 más, los usuarios podrán agregar 1GB de navegabilidad móvil mensual. El segmento de comunicaciones móviles está liderado por Claro, del magnate mexicano Carlos Slim, seguido por Personal, de Telecom Argentina, controlada por el Grupo Clarín, y por Movistar, de la española Telefónica.
Es una "inequívoca señal de política pública dirigida a sostener la asequibilidad a servicios esenciales para millones de argentinas y argentinos” (Santiago Cafiero)
En cuanto al servicio básico de telefonía, hegemonizado por Telefónica y Telecom Argentina, la prestación básica incluye 300 minutos por mes a 380 pesos.
Cablevisión (Telecom/Grupo Clarín), DirecTV (AT&T) y Telecentro (Alberto Pierri), que dominan, en ese orden, el mercado de la TV paga, con cerca del 40%, 30% y 10% del mercado, deberán ofrecer descuentos de 30% sobre la tarifa más baja, ya que la reglamentación de Enacom dispone que los prestadores con más de 500.000 abonados deben ofrecer rebajas más altas para el segmento beneficiado por la prestación básica universal. En segundo orden, las empresas de TV paga con entre 100.000 y 500.000 clientes, deberán descontar 25%, y las de entre 30.000 y 100.000 abonados tendrán que ofrecer 10% de rebaja sobre el plan básico. Estas últimos son, sobre todo, prestadores locales en ciudades medianas a pequeñas, una porción del mercado en la que la injerencia de los grandes jugadores fue menos marcada que en los grandes conglomerados.
La empresa de cable de Clarín deberá incluso ampliar el descuento a 40% en aquellas regiones en las que tenga “posición dominante”, como la Capital Federal y Córdoba.
En lo relativo a internet al hogar, mercado también liderado por Clarín a través de Fibertel, con cerca de 45% de los clientes del país, seguido por Telefónica, Telecentro y otros, los prestadores con más de 50.000 accesos totales ofrecerán 10 megabits por segundo de capacidad en áreas urbanas, y 5 mbps en áreas rurales por $700 por mes o un descuento del 30% del valor del plan con menor capacidad ofrecido por la compañía. Los proveedores de internet más chicos estarán obligados a brindar 2 mbps por $600.
Enacom asistirá a las empresas de internet para que todas puedan ofrecer un piso de 5 o 2 mbp, según la cantidad de clientes.
Va en contrasentido de cualquier atisbo de visión de crecimiento y desarrollo" (Movistar)
Otras medida que erosiona el dominio de Clarín y otras empresas es que los dueños de señales televisivas por suscripción las deberán ofrecer a los prestadores de TV paga en forma individual y no en paquete. En consecuencia, bajará el precio porque algunas empresas de cable pueden no estar interesadas en ciertos canales ofrecidos por los productores.
Por otra parte, los operadores estarán obligados a ofrecer en alquiler ductos, postes y tendidos a la competencia, en otra acción para mitigar monopolios.
Rechazo
En agosto, las empresas rechazaron en forma unánime el decreto que dispuso el pase de la industria a la categoría “servicio público esencial en competenecia”, ergo, pasible de regulación estatal, y algunas de ellas volvieron a mostrar su malestar hoy.
“Si los ingresos de las empresas no pueden acompañar la inflación, nos dejan sin dinero para invertir, en una industria que si no invierte no funciona”, enfatizó una voz empresarial.
Movistar, nombre comercial de Telefónica, indicó en un comunicado que se trata de “una actualización desactualizada”. El aumento de precios “resulta insuficiente para cubrir los costos operativos de la industria. Dicho porcentaje está muy por debajo de la inflación relevada por el INDEC durante los últimos 12 meses; por lo tanto está desactualizado, y atenta de manera directa contra el desarrollo y la sustentabilidad del sector”, argumentó la empresa española, que anunció hace más de un año su intención de irse de varios países de América Latina y perdió porciones del mercado.
El alza de tarifas autorizada “va en contrasentido de cualquier atisbo de visión de crecimiento y desarrollo”, dijo Movistar. Los aumentos de las comunicaciones quedaron 16 puntos por debajo de otros servicios en los aumentos registrados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), “e incluso, hasta más de 20 puntos por debajo de la media de este índice”, amplió la firma.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, la situación fue inversa. En un ciclo de marcada concentración en manos del Grupo Clarín/Telecom, los servicios de comunicaciones lideraron los años de alta inflación que acompañaron la gestión Cambiemos, e incluso implementaron alzas este año. Como planeaban nuevos incrementos de cerca de 40% en el segundo semestre tras un impasse por la pandemia, el gobierno reaccionó en agosto con el DNU de agosto, dijeron fuentes oficiales.
En noviembre, Telecom y Telecentro anunciaron a sus clientes que, dado que el congelamiento dispuesto en agosto se vencía a fin de año, en enero de 2021 aplicarían aumentos de 20%. Esa información unilateral tuvo un efecto contraproducente, dividió a las empresas del sector y generó que Alberto Fernández se inclinara por autorizar un incremento menor, dijeron a elDiarioAR fuentes oficiales y privadas.
Jubilados, AUH y sueldos más bajos podrán recibir los planes básicos y los descuentos
La prestación establecida en la resolución de Enacom tiene el carácter de “obligatoria” porque las empresas no pueden negarse a otorgar estos planes especiales a los beneficiarios contemplados en la norma, según especifica la resolución 1467 del Enacom.
Entre los beneficiarios figuran jubilados y pensionados con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos; trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Universal por Embarazo.
También comprende a quienes perciben pensiones no contributivas con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos, a inscriptos en el Monotributo Social, así como a trabajadores y trabajadoras monotributistas cuyo ingreso anual mensualizado no supere dos salarios mínimos y seguro de desempleo.
Además, los beneficiarios del Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares, usuarios y usuarias que perciban una beca del Programa Progresar, personas desocupadas o en la economía informal, y de programas sociales, en todos los casos incluidos sus hijos de entre 16 y 18 años.
La norma incluye asimismo a los clubes de Barrio y de Pueblo registrados, asociaciones de Bomberos Voluntarios registrados, entidades de Bien Público sin fines de lucro y organizaciones comunitarias sin fines de lucro con reconocimiento municipal.
Una muestra de la esencialidad de los servicios de internet y comunicaciones la constituyen más de 2 millones de menores que viven en los 4.416 barrios populares del país que no pudieron sostener en el año una conexión frecuente y necesaria con sus docentes, subrayaron desde la Jefatura de Gabinete.