La deuda oculta de la infraestructura en la Argentina

La política de infraestructura siempre busca resolver un problema dual: articular las demandas del presente con una visión estratégica sobre el futuro. La infraestructura pública es causa y consecuencia del desarrollo humano y territorial del país. En Argentina, nuestras principales rutas se construyeron sobre trazados precoloniales que conectaban valles productivos; la red ferroviaria se pensó para ampliar la frontera agrícola y grandes obras hidráulicas permitieron el desarrollo de sus regiones. Mantener y ampliar los servicios que provee la infraestructura es vital para mejorar el bienestar, dar oportunidades de empleo y desarrollar las comunidades. 

A la vez, la transición energética, el cambio climático, la inteligencia artificial, la automatización de la producción y la potencia industrial asiática son condicionantes para un proyecto de país que debe exportar más, disminuir la pobreza, estabilizar la macroeconomía y reducir las brechas de desarrollo regionales. 

Orientar la inversión en infraestructura pública para resolver estos desafíos es una ardua tarea que requiere la participación del estado como planificador y gestor.

En el pasado las gestiones del peronismo y Cambiemos ejecutaron una política de obras públicas que tenía sesgos ideológicos y parcializaciones respecto a los objetivos a cumplir y el nivel de participación pública o privada. Pero ninguna desconoció la importancia de la inversión en infraestructura pública en el desarrollo de sus programas de gobierno. 

Con llegada de Milei al gobierno se implementó una doctrina económica extrema: desconocer al sector público como proveedor de bienes y servicios, asignando al sector privado el rol de planificar, proyectar, financiar, ejecutar y operar infraestructura pública. Bajo esa mirada ideológica se degradaron y desfinanciaron los organismos encargados de ejecutar obras públicas, se paralizaron las obras ya en curso -algunas casi terminadas como la autopista Presidente Perón o la Ruta 3- y se redujeron las transferencias de capital a las provincias. 

De hecho, los escasos fondos disponibles para obras en el presupuesto nacional existen pura y exclusivamente como moneda de cambio con los Gobernadores para breves alianzas legislativas, en lugar de utilizarse como un vector de desarrollo. 

Esta conjunción de inestabilidad política y económica impactó en la inversión. Durante los últimos 20 años, se mantuvo en torno a un promedio del 19,3% del PIB; que aumenta levemente a 19,8% si consideramos sólo los últimos 5 años. Este número se comporta en forma procíclica: se mueve siguiendo el nivel de actividad general, con un mínimo del 16,6% en el año del COVID-19 y máximo de 21% en los años 2021 y 2022. Pero para que el país crezca a un promedio del 3% anual, se necesita una inversión cercana al 25% del PIB. Por eso, la crisis económica de los últimos años explica no sólo la escasa inversión sino también que eso retroalimente un bajo crecimiento de la actividad productiva general. 

Respecto a la composición de la inversión, las construcciones representan un promedio del 8,9% del PBI en los últimos 20 años y 8,3% en los últimos 5 años. La tendencia es efectivamente a la baja: en 2024 y 2025, la construcción representó un 7,2% y 7,3% del PIB respectivamente.

Pero a la par, subió la participación de los otros componentes de la inversión: la adquisición de Equipos, Maquinarias y Equipos de Transporte promedian 10,4% del PIB en los últimos 20 años y del 11,8% en los últimos 5 años. Dentro de ese segmento, el componente que más se eleva es Equipos, Maquinarias y Equipos de Transporte Importados: en promedio representa 6% del PIB, pero en 2025 trepó al 7,5%. 

Esto deja en evidencia la dinámica de inversión en un contexto de atraso cambiario y estancamiento económico. La construcción se reduce a la par del resto de la economía y en particular de la inversión pública y es compensada parcialmente por mayor importación de equipamiento. De este modo se sostiene el total de la inversión como porcentaje del Producto Interno Bruto. 

El Estado ha reducido en los últimos años su participación en la inversión en un 1,5% aproximadamente. A enero de 2026, su participación es de apenas 0,4% del PIB: no es casual que, en este mismo lapso, varios insumos y servicios usados en la construcción registren caídas en sus ventas del 25%.

Considerando un PIB de 630 mil millones de dólares, la inversión pública en los períodos 2024/2026 apenas se aproxima a 10 mil millones de dólares, menos de lo requerido para cubrir las necesidades de mantenimiento de la infraestructura existente y menos aún para tener un crecimiento moderado. Esta situación es un desafío que afecta el valor total de la riqueza pública y privada del país, además de un desincentivo para cualquier inversor que esté analizando el mercado argentino. 

Afecta a los negocios y empresas ya instalados dado que sus inversiones, que producen actualmente bienes y servicios, fueron realizadas contando con un nivel dado de servicios de infraestructura que determinan sus costos de producción. Si estos servicios son insostenibles por falta de mantenimiento o aumentan sus costos, la reducción de beneficios disminuirá consecuentemente el valor de sus activos. Un ejemplo intuitivo: el valor de cualquier inmueble se ve afectado por el estado de los caminos de acceso u otros servicios públicos. 

Por esto, en Argentina hoy se da la paradoja de que las promesa de bajar impuestos, sustentadas a costa del abandono de infraestructura pública, provoca simultáneamente una caída en el valor de las empresas y sus activos, en la medida en que producir y llegar a los mercados con infraestructura deteriorada aumenta su costo de producir en el país.

Por el lado de las nuevas inversiones, la reducción de costos de explotación y la ampliación de mercados que produce la disponibilidad de infraestructura de calidad forma parte de la ecuación que determina la factibilidad de un proyecto. Bien es señalado por empresarios de varios sectores que como atractor del capital privado este factor es un incentivo tan poderoso como las facilidades impositivas, aduaneras o cambiarias que hemos visto reflejadas en programas como el RIGI.

Por eso una economía que está reduciendo el valor de sus activos y ganancias empresarias no puede atraer nuevas inversiones, sino que por el contrario favorece la desinversión. En este círculo vicioso de estancamiento está la Argentina de Milei, un equilibrio fiscal simulado a costa de consumir el capital productivo del país. 

Pero, además, la ilusión financiera de que evitar los gastos en mantenimiento se compensa con el rendimiento generado por esos fondos no tiene un correlato en la economía real. El deterioro de la infraestructura no es lineal: el desgaste imperceptible se convierte al poco tiempo en un fallo funcional y posteriormente en un fallo total. La interrupción de ese servicio se convierte en una calamidad que excede cualquier cálculo previo e impacta en una amplitud que excede lo económico. 

Por eso, la disminución de la inversión pública es un déficit para la economía real: los perjudicados somos ciudadanos, inversores, productores y consumidores. Eliminar la obra pública no es solamente un problema ideológico: significa que a futuro como la sociedad tendrá que gastar mucho más para tener rutas por las cuales transitar, redes de telefonía e internet para comunicarnos, puertos por los cuales exportar. Estamos a tiempo de dar marcha atrás con este pasivo oculto que el gobierno de Milei le está plantando a nuestra economía y revertir el estancamiento productivo que genera. 

*El autor es economista del Grupo Paternal y en redes @MarianIntuit

MC