El titular del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Walter Martello, solicitó hoy a la justicia una medida cautelar de prohibición de salida del país de los principales directivos de la empresa de distribución eléctrica Edesur.
La presentación judicial, que amplía la denuncia penal presentada la semana pasada, pide la prohibición de salida del país de Juan Carlos Blanco, Francesco Tutoli, María Alejandra Martínez, Víctor José Díaz Bobillo, Mónica Diskin, Giovanni Zanchetta, Jaime Barba, Alejandro Martínez y Valter Moro, que son los principales directivos de la firma Edesur.
El jueves pasado, Martello presentó una denuncia penal contra las autoridades de la empresa Edesur para que se los investigue por defraudación por desbaratamiento de los derechos acordados, abandono de persona y entorpecimiento de los servicios públicos. La causa está a cargo del juez federal Julián Ercolini.
La denuncia del interventor del ENRE se presentó contra los directivos de Edesur por supuesta “defraudación por desbaratamiento, abandono de personas y entorpecimiento de servicios públicos”.
En la ampliación de fundamentos realizada hoy, Martello dijo que la medida solicitada tiene como objetivo que los mismos se sustraigan de comparecer a derecho en la presente investigación.
Durante la víspera, el ingeniero Jorge Ferraresi asumió la intervención administrativa de Edesur, una decisión tomada por la Secretaría de Energía tras la falta de respuesta de la empresa por los cortes de luz registrados durante las dos últimas semanas y para poner en marcha un programa de inversiones que permita mejorar la calidad de servicio.
Al fundamentar el pedido de prohibición de salir del país para los directivos, Martello dijo que responde a la necesidad “de evitar la impunidad de un hecho injusto donde los afectados fueron miles de personas que se vieron y muchos de ellos al día de hoy se ven impedidos de poder hacer uso de la energía eléctrica que debería haber brindado sin ningún tipo de impedimento la empresa concesionaria Edesur de la cual las personas antes citadas son sus máximos representantes societarios”.
El lunes, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la intervención de la distribuidora Edesur por un plazo de 180 días. La decisión se tomó en virtud de los masivos y sistemáticos incumplimientos del servicio de febrero y marzo últimos.
En la resolución, el ENRE indicó que “con motivo de los sucesos ocurridos el 10 de febrero quedaron 180 mil personas usuarias fuera del servicio” y que en “los días posteriores hubo eventos de baja y media tensión que derivaron en interrupciones reiteradas y prolongadas del servicio”.
Además el ENRE indicó que “ha detectado desvíos y demoras entre la base de reclamos de cortes” y que con ello “ha quedado en evidencia que tanto los procesos operativos de gestión de reclamos primarios como el manejo y la transparencia en la información brindada tanto al Ente como a las personas usuarias afectadas se aparta de las buenas prácticas”.
En otro de los considerandos de la resolución, el ENRE sostuvo que “la distribuidora incumple en forma recurrente y sistemática con los parámetros de calidad media y, ante eventos de magnitud, los procedimientos operativos de atención de reclamos y reposición de suministros fracasan reiteradamente, denotando déficits de recursos, de planificación operativa y de inversiones”.
El organismo de control consideró que “frente a la gravedad que exhibe la situación, y de forma complementaria a la realización de la Auditoría Técnica Integral y a la tramitación de los procedimientos sancionatorios correspondientes, resulta imprescindible reforzar las medidas de control sobre la gestión de la distribuidora en orden a reconducir la prestación, a favor de la defensa de los derechos de los usuarios, tutelados por la Constitución Nacional, los marcos regulatorios y demás normativa”.
EDESUR es propiedad de la empresa italiana ENEL, que mantiene su intención de vender su participación accionaria en la compañía.
DA