Los márgenes de la ministra: ¿qué puede hacer Batakis?

El acuerdo con el FMI, que incluye una meta de reducción del déficit fiscal, fue aprobado por una amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso, que no incluyó al llamado “kirchnerismo duro”, donde parece imperar la creencia de que el déficit fiscal reactiva la economía, a pesar de la evidencia en contrario. En el período 2003-2007 tuvimos superávit fiscal y hubo crecimiento, mejoras en los salarios y disminución de la pobreza. Y, en contraste, en los últimos 11 años el déficit fiscal nacional promedió 5% del PBI, mientras el nivel de actividad económica disminuía, caía el salario real y aumentaba la pobreza.  

Aprobado el programa, la disyuntiva era orientar la política económica hacia ese rumbo o decir “firmamos para ganar tiempo, pero no pensamos reducir el déficit”. En la práctica, no hubo una decisión clara y, tres meses después del acuerdo, una parte del Gobierno seguía boicoteando el ajuste necesario para avanzar hacia la meta. Puntualmente, resistiendo el aumento de tarifas de gas y electricidad para la clase media alta, pero exhibiendo poder de veto hacia cualquier otro ajuste. Esto llevó a la renuncia al Ministro Guzmán, quien se había comprometido a reducir el déficit, no para engañar al FMI sino porque estaba convencido de que era necesario para normalizar la economía. 

Como he escrito varias veces en elDiarioAR, ante una economía desajustada la opción no es ajuste sí o no. Es ajuste administrado por el Estado o ajuste impuesto por “los mercados”. La renuncia de Guzmán fue vista como una señal de que no habría ajuste conducido por el Estado ante lo cual cabía esperar el “ajuste de mercado”. Se dispararon las expectativas negativas, que condujeron a subas de los dólares paralelos, fuertes remarcaciones de precios y algunos faltantes de mercaderías. Beneficios para los formadores de precios, que en la confusión generalizada tienen mayor margen para aumentarlos. 

En la danza de nombres para suceder a Guzmán apareció el de Silvina Batakis, una peronista militante, con trayectoria en el sector público, que nunca trabajó para grupos económicos privados (está “invicta” en ese sentido). Por lo que se sabe, pasó los “filtros” políticos, lo que permitió que fuera designada. Y se replanteó la cuestión: ¿vamos a tomar en serio la meta de reducir el déficit fiscal? 

La nueva Ministra de Economía no era la favorita de los mercados financieros: aparecía como una solución de consenso entre posiciones antagónicas, lo que podría significar continuar sin rumbo claro. Pero tiene la ventaja de entender de límites, tanto políticos como económicos. Durante su gestión en el Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires (2011-2015) la deuda pública provincial se redujo ya sea medida en dólares, en porcentaje del producto provincial o en pesos constantes. Y, para eso, el déficit fue manejable; imagino que habrá aconsejado no gastar lo que no se podía razonablemente financiar.  

Repudiar el programa económico acordado en marzo habría sido riesgoso. Estamos lejos de una hiperinflación, pero podrían trazarse algunas similitudes con Argentina 1986, cuando la política económica estaba hostigada por izquierda (con movilizaciones) y por derecha (con el poder de los grupos económicos); con el gobierno comprometido a una fuerte reducción del déficit fiscal, pero impotente para quebrar las resistencias de cada sector a pagar los costos del ajuste y carente de apoyo para ese objetivo de gran parte del partido gobernante; con un sector público “loteado” entre facciones políticas y con un piso de inflación del 4% mensual. 

La situación actual es diferente a la de 1986 en muchos aspectos, pero al igual que entonces parece necesario fortalecer la solvencia del Estado y la independencia de la política monetaria.   

El mensaje de Silvina Batakis es de compromiso con el programa acordado con el FMI. Eso tiene varias ventajas. Una, mostrar coherencia: el programa fue propuesto hace pocos meses, y contó con el respaldo de las naciones más poderosas del mundo y de amplias mayorías legislativas (la ley aprueba el financiamiento, pero éste no hubiera venido sin el programa, que era conocido por todos). Dos, evitar el default con el FMI, el Club de París, el Banco Mundial –y el listado sigue– preservando la posibilidad de obtener financiamiento multilateral. Tres, buscar estabilizar una economía que desde hace años tiene déficits que no puede financiar genuinamente y que, dadas las experiencias, no lo va a poder hacer por un tiempo. La única forma de estabilizar es suprimir los déficits, de la misma forma que un adicto al alcohol para curarse necesita sobrereaccionar y evitarlo por completo. Cuatro, calmar expectativas. Esto último no es inmediato; depende de la constancia y éxito que tenga para lograr las restantes ventajas. Pero es un primer paso. 

La reducción del déficit fiscal puede intentarse con varias estrategias. Una es la adopción de medidas puntuales, de impacto cuantificable y significativo, como la creación o aumento de impuestos o la modificación o suspensión de la movilidad previsional. Otra es contener subas nominales del gasto en un contexto de inflación (que hace subir la recaudación nominal en pesos), negando subas salariales, pedidos de subsidios, nombramientos de personal (cuando se tiene el poder para negarlos), etcétera. Y otra estrategia es emprender un trabajo “micro”, repartición por repartición, identificando y suprimiendo gastos de modo que no haya consecuencias muy visibles en la prestación inmediata de servicios por tratarse de gastos ineficientes u orientados al largo plazo. 

Las medidas anunciadas por Silvina Batakis no responden a la primera estrategia; por lo que, si descontamos medidas anunciadas previamente (la “segmentación tarifaria”), no garantizan una reducción inmediata del déficit primario devengado. El planteo de limitar los pagos a las reparticiones en función de las disponibilidades forma parte del trabajo de “pico y pala” a realizar, que implicará –en la medida en que se pretenda restringir los gastos– tironeos con los funcionarios a cargo de cada organismo, los que alegarán que sus gastos son eficientes e imprescindibles y que los pagos correspondientes no pueden demorarse. 

La propuesta de imponer en forma más amplia la Cuenta Única del Tesoro (que ya existe, pero no abarca a todos los organismos) podría lograr un uso más eficiente de los depósitos del sector público nacional, proveyendo una fuente de financiamiento propia que logre ahorros en intereses. Pero implica quitarles el manejo de “cajas” a funcionarios al frente de organismos no pertenecientes a la Administración Central; es previsible que haya fuertes resistencias.

Lo que se hizo es expresar la convicción de que es necesario ir por el rumbo indicado en el programa económico aprobado en marzo, que incluye la reducción del déficit fiscal; eso ya es valioso. De ahora en adelante, lo importante es que se vean los resultados: sería fundamental para calmar expectativas. Probablemente, en el corto plazo se necesite recurrir al mecanismo de atajar pedidos de aumentos nominales, a la espera de que la recaudación tributaria (que, por ahora, viene muy bien) crezca más que el gasto y ayude a reducir el déficit. El mecanismo forma parte del ABC de los Secretarios de Hacienda cuando hay necesidad de reducir el déficit en un contexto de inflación; pero no da para anunciarlo como medida. Si se implementa, las broncas van a ir apareciendo, no es necesario invocarlas de entrada. 

La duda es: ¿cuál es la fortaleza que tendrá el equipo económico para hacer este trabajo, que es bien desgastante? La respuesta depende de la conducción política que, en su momento, no visualizó la necesidad o la urgencia de ir por el ajuste –bastante livianito– que pedía Guzmán. Y el problema es que ahora, para calmar las expectativas, el ajuste necesario a realizar es más fuerte. Si está comprendido por la conducción política o no, está por verse. 

Por supuesto que al Gobierno le gustaría más anunciar que se rompió con el FMI, que se crea el Salario Básico Universal y que los empleados públicos y los jubilados tendrán aumentos de salarios por encima de la inflación, todo financiado con emisión monetaria. Pero el temor es que eso empeore la situación económica y termine perjudicando incluso a quienes se trató de beneficiar. 

CC