Después del 6,7% que registró el IPC en marzo

Pese a las críticas cristinistas, Guzmán insistirá con su receta macroeconómica para enfrentar a la inflación

Fernández y Guzmán, en Olivos el sábado 2 de abril.

Tanto el ministro de Economía, Martín Guzmán, como el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, han quedado bajo fuego después de que en marzo pasado se registrara la mayor inflación en 20 años. Podrán aseverar que les tocó atravesar un pico mundial de precios, a diferencia del salto que enfrentó el gobierno de Mauricio Macri, pero tampoco servirá de consuelo, sobre todo a las clases media y baja que lo padecen. Por eso, se esperan medidas para enfrentar el problema, su impacto social y también el político. La oposición castiga a todo el arco de funcionarios, mientras que los cristinistas aprovechan para redoblar sus reproches hacia Guzmán, desde el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, contra nuevos aumentos de tarifas hasta el Centro de Investigación y Formación (CIFRA) de la Centra de Trabajadores de la Argentina (CTA) contra el marco económico en general.

La inflación escaló a 6,7% en marzo y es el registro más alto en 20 años

La inflación escaló a 6,7% en marzo y es el registro más alto en 20 años

En las huestes del ministro, caracterizado por su tranquilidad, aseguran que la idea es “seguir trabajando, se supone que en abril la inflación mermará pero no mucho”. Su plan quedó reflejado en el comunicado que elaboró el Banco Central, que preside Miguel Pesce, cuando la noche de miércoles reaccionó al índice de 6,7% con la cuarta suba de tasas de interés del año. Allí se explicó que el alza era necesaria pero resulta insuficiente para contrarrestar un shock internacional como el que la guerra de Ucrania provocó en los alimentos y la energía en todo el mundo. 

Por eso, el directorio del Central -que integran también -Sergio Woyecheszen, Jorge Carrera, Diego Bastourre, Claudia Berger, Zenón Biagosch, Arnaldo Bocco, Claudio Golonbek, Guillermo Hang y Betina Stein-, se tomó la molestia de enumerar todas las otras políticas macroeconómicas que ya están desplegándose, que forman parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y “que llevan tiempo en reflejarse en la inflación pero a la larga funcionan”, según fuentes oficiales. Esas medidas son:

1. “La consolidación de la estabilidad cambiaria a través de un proceso de acumulación de reservas internacionales.”

2. “Una brecha cambiaria descendente en los llamados dólares financieros, reflejo de la percepción de que han mejorado los determinantes fundamentales de la macroeconomía”, lo que se refleja en un dólar blue a $ 195, tras el pico de 222 en enero, antes del pacto con el FMI, con lo que la diferencia con el oficial bajó al 73%, el menor nivel en medio año. 

3. “Un nivel del tipo de cambio real multilateral que es adecuado para preservar el superávit de cuenta corriente del balance de pagos en los próximos años”, lo que significa que no habrá saltos del dólar pero tampoco un atraso que desaliente la exportación e incentive la importación. 

4. “Un perfil de vencimientos externos (deuda) compatible con el equilibrio externo y el crecimiento de la economía, luego de las diversas operaciones de refinanciación realizadas” con el FMI y los acreedores privados.

5. “La reducción del déficit fiscal, que requerirá de menor financiamiento monetario”, lo que entra en colisión con el deseo de Basualdo de mantener las tarifas y elevar los subsidios ante el shock de la guerra. Sin embargo, el ministro ya ha anunciado a través de su secretario de Energía, que encarecerán otra vez la luz y el gas.

6. “Agregados monetarios que han vuelto a los niveles históricos luego del pico observado durante la pandemia”, se refiere a la inyección que debió hacerse para sostener la economía en la cuarentena de 2020.

7. “Una trayectoria descendente del stock de los pasivos remunerados del Central (Leliq y Pases) en términos del PBI, como consecuencia de la menor emisión primaria —y por tanto, menores necesidades de esterilización—, la convergencia gradual hacia el equilibrio fiscal y una mayor demanda de dinero por consolidación de un proceso sostenido de crecimiento.”

8. “Instrumentos que permiten amortiguar los efectos del shock de precios internacionales, aislando parcialmente la dinámica de precios locales de los internacionales, tales como el recientemente constituido fideicomiso público para el trigo”, pero el Central no menciona la posibilidad de nuevas subas de retenciones, como pidió Feletti, ni el proyecto de ley con el que le retrucó Guzmán para captar ganancias extraordinarias por la guerra entre el campo, la minería y el petróleo y repartirlas a desocupados y trabajadores informales a través de un nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

9 “Acuerdos de precios y salarios que buscan proteger los ingresos reales de la población, a la vez que evitan la amplificación inflacionaria del shock externo reciente mediante la coordinación de expectativas”, es la alusión a la política que viene desplegando Feletti y a la anticipación de las paritarias, que entre los sindicatos cristinistas consideran un remedio insuficiente.

La agenda de Comercio

En el equipo de Feletti defiende que sin los acuerdos el impacto inflacionario hubiese sido mayor. En su agenda está la instrumentación del fideicomiso público del trigo, que se financia con la leve suba de retenciones a la harina y el aceite de soja y que debería traducirse en mayo en una baja del precio del pan, las tapas de empanadas y tartas, las pastas y las pizzas. También está abocado a que se materialice el por ahora incumplido acuerdo de 60 precios en supermercados chinos y almacenes y a que se extienda al interior la canasta de frutas, verduras y hortaliza que rige en las grandes cadenas de súper del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Ambas cestas comenzaron a regir en abril.

Pero este mes el Gobierno también debería convocar a audiencia pública para elevar las tarifas de gas y electricidad a las clases media y alta, según el pacto con el FMI. Se trata de una medida con un contradictorio efecto inflacionario: por un lado, la baja de subsidios y, por ende, del déficit fiscal y de su financiamiento monetario desalienta la suba de precios, pero, por otro, el encarecimiento de la energía la alienta, como quedó demostrado en marzo, cuando subió 20%. 

Este jueves Infobae publicó una nota por la que Basualdo rechazó la propuesta de Guzmán de elevar las tarifas de luz y gas otra vez en junio entre 17% y 21% para la clase media (70% de los hogares) y un porcentaje que rondaría el 100% y el 300% para los ricos (10%), para quienes se acabarían las subvenciones. En el documento, el subsecretario critica el impacto social de esta medida en pleno shock inflacionario y también advierte contra un encarecimiento para las industrias en una coyuntura mundial que pone en riesgo la recuperación lograda en 2021. El funcionario, cristinista como Feletti, cuestiona además la capacidad estatal para concretar la tan mentada segmentación de tarifas por ingresos de las familias. Pese a su voluntad, el Gobierno anunció este jueves el incremento.

Los reproches también llegan desde el think tank de la CTA de los Trabajadores, que conduce el diputado Hugo Yasky, que se abstuvo sobre el acuerdo con el FMI y en los últimos días criticó a Guzmán por su presunta desconexión con la realidad. “Uno de los hechos más notables” de la reactivación económica “fue la debilidad que encontró en el proceso de recuperación de los salarios, a pesar de la reducción del desempleo”, dispara CIFRA-CTA, que coordina Pablo Manzanelli y Mariana González.

El informe de CIFRA-CTA vierte una catarata de críticas a la política económica de Guzmán:

  • “La caída del salario promedio anual de los trabajadores registrados en el sector privado fue del 2,3% en 2021, en tanto que la de los no registrados fue del 7,1%. La perspectiva es negativa si se tiene en cuenta la aceleración del proceso de inflación en febrero y marzo de 2022 (4,7% y 6,7%, respectivamente). Bajo esas circunstancias, se acentúa la tendencia regresiva en términos de la distribución del ingreso que se inició en 2018. La caída en la participación de los asalariados en el ingreso fue del 48,0% al 43,1% entre 2020 y 2021, cuando en 2017 era de 51,8%. A la inversa, el excedente apropiado por los empresarios subió del 50,5% al 54,3% del PIB entre 2020 y 2021, cuando en 2017 era de 46,4%. Esto explica que la reactivación económica haya estado empujada por la inversión y, en menor medida, las exportaciones, mientras que el peso del consumo privado se desplomó a un nivel más bajo que el de la gran crisis de 2002 (61,8%).”
  • “Tanto los vaivenes de la actividad como sus características no están disociados de la orientación de la política económica que priorizó la reducción de los desequilibrios de las cuentas públicas como punto de partida de la recuperación. Eso se constató en la fuerte reducción del déficit primario en el primer semestre de 2021 (en torno al 1% del PIB) y en un nivel de gasto que, si se excluye el único componente expansivo que fueron los subsidios, fue equivalente al del primer semestre de 2019 (el de mayor ajuste del gobierno anterior). De allí que en informes anteriores se calificó a la política económica del primer semestre de 2021 como 'moderada' para revertir los efectos de las dos pandemias.”
  • “Tras la carta de Cristina Fernández de Kirchner después de la derrota electoral en las PASO (primarias) de 2021 se registró una modificación de la tendencia del gasto público y, por consiguiente, del déficit fiscal primario. Sin embargo, no se logró modificar la naturaleza de la política económica del Gobierno como lo evidencia el acuerdo con el FMI que no es otra cosa que una profundización de la política económica del primer semestre de 2021 ya que involucra el despliegue de un ajuste fiscal y monetario que podrá ser de menor o mayor relevancia de acuerdo a la situación internacional, que por ahora tiende a empeorar los términos del acuerdo.”
  • “Respecto a la visión que sostiene que las restricciones en la política económica obedecen a los límites en el sector externo por efecto de las escasas reservas líquidas, cabe señalar que en el marco del elevado superávit comercial que se registró durante el gobierno del Frente de Todos (y por el cual ingresaron 25.780 millones de dólares al Central) egresaron por la vía de la cancelación de deuda del sector privado 19.762 millones de dólares. Cabe señalar que el 40,7% de la deuda externa privada es deuda 'intra grupo económico'.”
  • “Esto también se corrobora en el resultado total de la reestructuración de la deuda en moneda extranjera (es decir, tras el canje con privados y el FMI) ya que si se considera la deuda hasta 2030 la quita nominal total alcanzada fue de apenas el 11,9% respecto al stock de vencimientos heredado del gobierno anterior (un ahorro de alrededor de 19.600 millones de dólares).”

AR

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