Opinión - Economías

Tres claves de la economía 2023: el escenario externo, la agenda electoral y la relación con el FMI

Sergio Massa y Cecilia Moreau, en la previa a la exposición sobre el Presupuesto 2023

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La gran incertidumbre reinante en el mercado local, sumado al hecho de que 2023 es un año electoral, hacen que sea sumamente complejo y arriesgado elaborar proyecciones precisas para el año entrante. Pero lo que sí es factible es comenzar a esbozar bandas dentro de las cuales es muy probable que se mueva la economía argentina. Hay varias aristas del escenario 2023 que a grandes rasgos ya conocemos, y otros aspectos sobre los cuales podemos plantear dudas y riesgos de desvío:

1) El viento externo soplará de frente en 2023. Los bancos centrales de las principales economías del mundo han iniciado hace ya unos meses una política monetaria contractiva, cuyo impacto sobre la actividad se verá con mayor intensidad a partir de fin de año. Muchos analistas prevén una recesión a escala global, menor liquidez en los mercados internacionales, la depreciación de las monedas emergentes frente al dólar y episodios de tensión financiera en algunos de esos mercados. 

Se proyecta, además, un empeoramiento de los términos de intercambio de nuestra economía. Los precios de contratos de futuro hacen prever una caída en el precio internacional de los commodities agroindustriales y un aumento del precio del gas natural licuado que se importa. Aunque todavía es prematuro, la evidencia proveniente de la temperatura del mar ecuatoriano sugiere que el fenómeno climatológico de “La Niña”, que se caracteriza por lluvias inferiores al promedio en la zona agrícola núcleo, se extenderá hasta el verano, lo que afectaría no sólo los rindes de la cosecha fina, sino que posiblemente también los de la gruesa. Esto podría implicar que la producción agropecuaria no crezca, o incluso caiga, en 2023. No pareciera entonces que el mundo o el clima ayuden a revertir las tendencias estanflacionarias con las que Argentina comenzaría 2023. 

2) La estrategia electoral delineará el rumbo de la política económica en 2023. ¿Puede el Gobierno aspirar a tener competitividad en las elecciones de octubre del año próximo con 100% o más de inflación? ¿Tiene incentivos Massa para llevar a cabo un plan de estabilización? Si así fuera, cabe preguntarse si está en condiciones de hacerlo y si el resto de los otros actores lo van a dejar.

Sin un plan de estabilización, las perspectivas para las principales variables nominales en 2023 son que corran a un ritmo promedio mensual de mínima del 6%, lo que pondría un piso de inflación del 100% para el año entrante. La tradicional ancla cambiaria que permitiría una mayor recomposición del poder adquisitivo de los salarios en la previa electoral -el tipo de cambio- no estaría disponible en 2023 producto de la escasez de reservas, el atraso del dólar oficial y la elevada brecha cambiaria. Las herramientas disponibles por el Ejecutivo para moderar la inflación son escasas: ni un ajuste fiscal ni una política monetaria menos expansiva alcanzan por sí mismas para bajar significativamente del piso de 6% mensual.   

Implementar un plan de estabilización con chances de ser exitoso requiere de capacidad y voluntad política para llevarlo a cabo, eliminar o reducir significativamente el déficit primario, subir el tipo de cambio oficial y las tarifas de servicios públicos, contar con reservas en el Banco Central, reducir significativamente la brecha cambiaria y, sobre todo, contar con entrada de dólares a la economía. Hoy Argentina no cuenta con estos requisitos y el camino para conseguirlos involucraría altos costos políticos. A casi un año de las elecciones de octubre de 2023, es claro que el horizonte temporal es angosto: ¿llegarían a verse los resultados de un potencial plan de estabilización o sólo se asumirían sus costos? 

Difícilmente el oficialismo asuma este riesgo, y por eso, lo más probable es que opte por una estrategia fiscal más expansiva a medida que se aproximen las elecciones de 2023, que incluiría utilizar las tarifas de servicios públicos como ancla nominal para que los salarios puedan ganarle a la inflación, inyectar recursos en los hogares sectores de menor poder adquisitivo y crédito blando para el consumo.

3) Las metas acordadas con el FMI exigen algo de disciplina fiscal, cambiaria y monetaria. Esto implica que el déficit primario sea sólo 1,9% del PBI, que el financiamiento monetario del BCRA al Tesoro no supere el 0,6% del PIB y que el Central maneje la política cambiaria de modo tal que le permita acumular reservas netas. ¿Qué tan probable sería que el FMI le quitara el financiamiento al gobierno, empujándolo hacia una crisis a pocos meses de la elección de 2023? Poco probable. Pero aun cuando la amenaza de dar por caído el acuerdo sea poco creíble, el FMI podría presionar con comunicados y diplomacia para que el gobierno no se desvíe mucho de las metas del acuerdo.

El gran interrogante en material fiscal es si el Gobierno dejará que la inflación haga todo el trabajo de recortar el gasto en un escenario en el que la inflación no cede. ¿Tendrá el convencimiento y el apoyo político necesario para llevar adelante un significativo recorte del gasto en un año electoral, incluso si esto significa licuar prestaciones y tensar relaciones con movimientos sociales? ¿O volverá a otorgar bonos extraordinarios como ocurrió en 2022, erosionando buena parte del ahorro fiscal? Si el Gobierno se decidiera por esta última alternativa, y además decidiera utilizar a las tarifas de servicios públicos como ancla cambiaria, no quedaría demasiado margen para recortar gasto primario. 

Independientemente de la flexibilidad en la posición del FMI en torno al cumplimiento de las metas, el sendero fiscal y monetario debería mantenerse encarrilado como resultado de las restricciones financieras del propio mercado local. Aun manteniendo desvíos acotados respecto a la meta de déficit primario para 2023, las necesidades financieras podrían ser demasiado grandes con relación al apetito del sector privado por deuda en pesos del Tesoro. De hecho, ya hemos visto en junio de este año que ante la menor duda acerca de las posibilidades de refinanciamiento de vencimientos venideros, el sector privado ha optado por migrar masivamente hacia “Riesgo BCRA”, generando el desplome del precio de títulos en pesos del Tesoro e incrementando significativamente el costo del nuevo financiamiento. Y si el mercado da la espalda ya sabemos que toda asistencia adicional del BCRA podría presionar sobre los tipos de cambio alternativos y, en consecuencia, sobre la dinámica inflacionaria, que tiene de por sí un piso elevado.

Salvo algún shock que nos tome por sorpresa, la economía tendría en 2023 un techo de crecimiento bajo y un piso de inflación elevado. La política económica no contaría con demasiados grados de libertad para impulsar paquetes muy expansivos, ya sea por los lineamientos del acuerdo con el Fondo o por las propias restricciones domésticas que limitan el financiamiento y atentan sobre la estabilidad cambiaria. Se inauguró la temporada de elaboración de proyecciones, y seguramente irán surgiendo diferentes matices y desvíos respecto a los números oficiales del Presupuesto. Pero lo cierto es que, si bien la ruta que atraviesa 2023 tiene diferentes carriles, el camino pareciera ser bastante estrecho. 

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