Más de 120 personas trans accedieron a reparación por violencia institucional en Uruguay

Más de 120 personas trans accedieron en Uruguay a una pensión reparatoria por haber sido perseguidas durante la dictadura (1973-1985) debido a su identidad de género, tras la aprobación en 2018 de una ley integral que establece medidas de protección y reparación para ese sector vulnerable de la población, informó el periódico La Diaria.

“Desde su creación (en 2019) hasta diciembre de 2020, la comisión (que analiza los pedidos de reparación) aprobó 123 de las 198 solicitudes recibidas”, se indicó, citando información del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). De acuerdo con el reporte oficial, sólo cuatro solicitudes fueron rechazadas y las otras 71 están en proceso de estudio, apuntó la agencia rusa Sputnik.

La Ley Integral para Personas Trans fue aprobada en octubre de 2018 en Uruguay y establece en su artículo 10 que podrán recibir la reparación quienes documenten que sufrieron “daño moral o físico” y que fueron “impedidas del ejercicio pleno de los derechos de la libre circulación, acceso al trabajo y estudio, debido a prácticas discriminatorias cometidas por parte de agentes del Estado”.

La pensión reparatoria está destinada a personas trans nacidas antes del 31 de diciembre de 1975 que hayan sido víctimas de violencia institucional y/o privadas de libertad.

Las solicitudes para acceder a ella son recibidas y analizadas por una Comisión Especial Reparatoria, que se conformó en junio de 2019 con representantes de organismos públicos y de la sociedad civil.

La prestación reparatoria, que es vitalicia y retroactiva, equivale a tres bases de prestaciones y contribuciones (BPC) mensuales, un monto que con los valores vigentes equivale a 14.610 pesos (341,14 dólares).

La reparación no es aplicable para personas que sean titulares de una jubilación, pensión, retiro o subsidio transitorio por incapacidad parcial (salvo que prefieran la prestación reparatoria) o quienes perciban ingresos de cualquier naturaleza superiores a 15 BPC mensuales, que equivale a más 73.000 pesos (3.582,58 dólares), detalla La Diaria.

Otro de los puntos del Ley Integral Trans indica a los organismos públicos destinar “el uno por ciento de los puestos de trabajo a ser llenados en el año con personas trans que cumplan con los requisitos normativos para acceder a los mismos”.

Un informe elaborado el año pasado por la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) reveló que durante el primer año íntegro de vigencia de la ley, sólo ingresaron a organismos del Estado siete personas trans, que representan un 0,03 por ciento de los cupos generados, según consigna La Diaria.

CB con información de Télam