Mariana Lozza, la abogada que lideró la defensa del Estado argentino en el juicio por YPF: “Una victoria histórica”

Tras once años de juicio, la Argentina acaba de ganar una apelación en los tribunales de Nueva York en un juicio que amenazaba con costarle US$18.000 millones. La demanda la había iniciado en 2015 Burford Capital, un fondo buitre que le había comprado el derecho a litigar a la familia Eskenazi, supuestos damnificados por la estatización del 51% de las acciones de YPF en 2012. Aunque los eventos habían ocurrido en la Argentina, los demandantes habían conseguido que la jueza Loretta Preska aceptara el argumento de que, ya que YPF cotiza en la bolsa de esa ciudad, tenía jurisdicción para entender en la causa. Lo que siguió fue una serie de decisiones igualmente antojadizas, que incluyeron una interpretación equivocada de las leyes argentinas, el cálculo sobredimensionado de la indemnización y la exigencia de que nuestro país le entregara a su juzgado las acciones de YPF. Ahora, los abogados de la Procuración del Tesoro que representaban a la Argentina consiguieron que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York entendiera el error de interpretación de Preska y revirtiera su sentencia, con lo que la demanda colapsó.  

Protagonista central de toda esta historia fue Mariana Lozza, quien condujo la defensa jurídica de nuestro país. En esta entrevista explica lo que estaba en juego, los pormenores del proceso y la importancia global que tiene el fallo. Mariana Lozza es de Bahía Blanca. Se recibió de abogada allí, en 2004, en la Universidad Nacional del Sur. Al año siguiente postuló para hacer una pasantía en la OEA y quedó seleccionada. Aprovechó su estadía en Washington para hacer un Master en derecho internacional, mientras trabajaba para costear sus estudios. En julio de 2007 regresó al país y ese mismo año fue contratada por la Procuración del Tesoro para atender demandas internacionales contra el Estado argentino. Tras diez años en esa función decidió renunciar y se dedicó a la actividad privada hasta que volvieron a convocarla en 2021, esta vez para ocupar el cargo de Directora Nacional de Asuntos Internacionales de la Procuración del Tesoro. En ese cargo de altísima responsabilidad estuvo hasta hace pocos meses, cuando decidió renunciar y regresar a la actividad privada.

–La escuché en otra entrevista describir el fallo por YPF como algo histórico, pero no solo para la justicia argentina, sino también para la justicia estadounidense. ¿Por qué le parece algo tan trascendente? 

–Por supuesto, para la Argentina, por el monto. La Argentina nunca había estado en un litigio de semejante monto. Pero es histórico también a nivel internacional. Tengo entendido que esta sería la tercera sentencia más alta que se dicta en EE.UU. y la más elevada contra un estado soberano. Con lo cual, en términos económicos era de una trascendencia enorme. En lo sustantivo también, porque sienta un precedente importante para definir cómo se manejan las cortes de los estados en este tipo de controversias. En este caso fue Estados Unidos, pero si Estados Unidos confirmaba un fallo así, podía también ser a la inversa. Podía ocurrir que otros estados empiecen a dictar sentencias de este tipo que también podrían involucrar a empresas estadounidenses. Por el solo hecho de que haya una compañía que cotice en alguna bolsa extranjera, eso entonces les da jurisdicción a las cortes extranjeras. En este caso se enjuició a la Argentina, pero iba a sentar un precedente muy complejo para otros estados también. De hecho, esa preocupación uno la ve reflejada en los amicus curiae que presentan sobre todo Brasil y Uruguay, también Ecuador y Chile. En esos amicus lo que se ve es la preocupación de ellos, de que, por el solo hecho de estar cotizando en Nueva York, cualquier reclamo vinculado al estatuto de una empresa o sociedad de esos países podría ser llevado a las cortes de Nueva York. 

La Argentina nunca había estado en un litigio de semejante monto. Pero es histórico también a nivel internacional. Tengo entendido que esta sería la tercera sentencia más alta que se dicta en EE.UU. y la más elevada contra un estado soberano. Con lo cual, en términos económicos era de una trascendencia enorme

–Un tema importante, además, porque la justicia en EE.UU. ha tenido una tendencia a absorber temas de otras jurisdicciones. 

–Exacto. Este es un caso que marca un límite a eso. Una de las cosas que planteamos nosotros es que esto incluso iba a ser complejo para las propias cortes de Estados Unidos, porque iba a generar un incremento de la litigiosidad en Estados Unidos que sus tribunales tal vez tampoco iban a poder absorber. 

– ¿Y cómo explica que haya habido una diferencia tan marcada entre el fallo de Preska, con todas esas extralimitaciones, y el fallo de la Cámara que lo revierte? 

–En la apelación, nuestros argumentos preliminares o jurisdiccionales tenían que ver con un principio que se llama el Forum Non Convenience, es decir, que Estados Unidos no es el foro más conveniente para resolver esto, porque es un caso netamente sobre derecho argentino. Y después estaba el argumento jurisdiccional de “cortesía internacional”, que significa que en un caso como este, en donde está involucrado un Estado, hay actos justamente de ese Estado involucrados, donde se discute sobre el derecho argentino, las cortes de Estados Unidos tenían que rechazar jurisdicción. 

Pero lo que ocurre es que a la Cámara esto llega diez años después. En la audiencia los jueces de hecho preguntaron “¿por qué tenemos que estar decidiendo este caso, que es puramente sobre derecho argentino?”. Esos dos argumentos jurisdiccionales que le generan una incomodidad a la Cámara, eran los primeros que tenían que resolver. Lo que hizo la Cámara, y yendo ahí a tu pregunta, fue mirar el abanico de argumentos planteados sobre el fondo de la controversia y elegir uno o dos que permitieran patear todo el caso, sin entrar a decidir en las cuestiones preliminares o jurisdiccionales.

En el fondo, la Argentina presentó ante la Cámara varios puntos, si mal no recuerdo eran siete, sobre derecho argentino, que habían sido algunos de los que Preska había resuelto en contra de la Argentina. Alcanzaba con que la Cámara nos diera la razón en uno de ellos para que revirtiera la decisión y entonces no hubiera condena. Y eso es lo que ocurrió.

–El fallo de Preska fue durísimo y veníamos de un fallo por los holdouts del juez Griesa, que también había sido muy duro para la Argentina. ¿Percibió en todo ese tiempo alguna dimensión política en las decisiones judiciales? ¿Cómo pesa lo político allí? Pregunto para bien o para mal, porque también está presente la afirmación de Milei de que el juicio terminó a favor de la Argentina gracias a que él tiene buen vínculo con Trump… 

–Uno está tan imbuido en los argumentos jurídicos que a veces esas cuestiones te exceden. Yo leo el fallo en términos jurídicos porque lo jurídico está claramente presente en la decisión de la Corte de Apelación, se ve todo un desmenuzamiento detallado del argumento jurídico, con citas a, por ejemplo, decisiones de la Corte Suprema argentina. En la instancia de apelación se genera un espacio que no hay en la primera instancia, que es la posibilidad de presentar amicus. En la apelación se presentaron, como te decía, Brasil, Uruguay, Chile y Ecuador. Después, se presentaron el grupo de las diez provincias que recibieron parte de las acciones de YPF expropiadas. Y también grupos de académicos en derecho público, en derecho privado, en derecho internacional. Todo eso son cosas que se pueden hacer en Cámara, no se hacen antes porque no hay un espacio procesal. 

–Le pregunto lo mismo en referencia al ámbito local. La defensa atravesó varios gobiernos distintos. ¿Los cambios de gobierno afectaron en alguna de alguna manera las estrategias? ¿Tuvieron indicaciones distintas de los distintos procuradores a lo largo del tiempo? ¿Hubo interferencias políticas que desviaran o cambiaran las estrategias en algún momento?

–No, la verdad que no. Es reconfortante, desde lo técnico, la confianza en el equipo técnico que hubo de cada autoridad nueva que venía. En sí, lo que fue la defensa técnica o jurídica se mantuvo. 

–Durante el juicio hubo por lo menos dos intervenciones de la máxima autoridad de ese momento del país, Macri en su momento y Milei luego, con declaraciones públicas que hablaban de la ilegalidad de la acción expropiatoria argentina, es decir, que de alguna manera socavaban los argumentos técnicos con los que ustedes estaban trabajando. ¿Qué pasa con ese tipo de declaraciones? ¿Le parece que pudieron haber tenido algún efecto en el curso de la causa? 

–En los litigios como este o en los arbitrajes siempre se trae mucho de la discusión pública de un lado y de otro. No importa si son declaraciones del funcionario de hoy o la de la administración anterior, o de hace dos administraciones, si es del oficialismo, si es del de la oposición. Hasta debates parlamentarios con declaraciones de los partidos más diversos se traen. Al leer la decisión de la Corte de Apelaciones, en este caso no veo que haya impacto. En el correr de los litigios se debate mucho sobre esto. Esto le pasa a la Argentina y les pasa también a otros estados. Hay un caso contra España en donde todo terminó versando sobre un tuit, y entonces es ahí que uno empieza a dimensionar cuánto cuidado tienen que tener todas las autoridades o exautoridades.

En los litigios como este o en los arbitrajes siempre se trae mucho de la discusión pública. No importa si son declaraciones del funcionario de hoy o la de la administración anterior. Hay un caso contra España en donde todo terminó versando sobre un tuit, y entonces es ahí que uno empieza a dimensionar cuánto cuidado tienen que tener todas las autoridades o exautoridades. 

–También hubo una intervención del gobierno de Milei que de alguna manera se auto-adjudicó el mérito del éxito en la causa. ¿Qué le pasó con eso, con esa declaración? 

–Yo creo que se reconoce el trabajo de la Procuración y la Procuración viene interviniendo desde siempre, con lo cual, hay un mérito de esta administración y de las anteriores, que mantuvieron las líneas jurídicas que se habían planteado, con el equipo, con el mismo estudio jurídico extranjero, que podrían haberlos cambiado y no lo hicieron.  

–Este juicio es uno de tantos de los que hay y en los que Argentina está involucrada en los cuales los que promueven los juicios son fondos buitre que no son los damnificados directos, sino que compran los derechos a litigar. Argentina ya fue víctima de esta operatoria con el tema de los holdouts, también en Nueva York, que en ese caso perdimos. En ese momento hubo toda una serie de movimientos diplomáticos y también expresiones de especialistas que reclamaban poner fin a esa práctica de comprar derecho a litigar. Se invocó la doctrina Champerty en su momento. En 2015 parecía que iba a haber algún avance diplomático o incluso de doctrina jurídica en ese sentido. ¿En qué quedó eso? ¿Hubo algún avance en este tiempo para limitar este tipo de operatoria o estamos como en el mismo lugar que en 2015? 

–No. Que yo esté al tanto al menos, no hubo nada de eso. 

–¿Cómo imagina que va a seguir el caso por YPF? Entiendo que las chances son relativamente limitadas de que esto pueda ser apelado o que esa apelación, en todo caso, pueda ser atendida. 

–Los recursos en EE.UU. son limitados porque en general las chances de que se abran esos recursos es limitada. El éxito de un recurso ante la misma Cámara u otro ante la Corte Suprema son muy limitados en términos de porcentajes. Burford ha hablado de otra alternativa que barajan, que es llevar al tema a un arbitraje del CIADI. Acá lo que entra en juego es que en realidad este tipo de fondos se dedican a litigar, presentar reclamos y a generar incidencias procesales. Si van a un arbitraje CIADI, yo creo que la Argentina ahí tiene también una posición fuerte en varios aspectos. 

–Le hago la última: renunció hace poco, no lo sé, pero imagino que una persona de su nivel, fuera del Estado debe cobrar diez veces más de lo que ofrece el Estado, o incluso más ¿no? 

–Claro. Cuando uno elige estar en la función pública, hay mucho de vocación. Quise llegar a la audiencia con la Cámara porque en lo profesional es una experiencia increíble, sin dudas. Y en el caso puntual de la Dirección de Asuntos Internacionales, lo que le pasa es que está involucrada en litigio complejos, de mucha responsabilidad, donde están involucrados cientos de miles de millones de dólares; se precisan muchos recursos para la defensa de estos casos. Llega un punto en el que la brecha entre ese trabajo y los recursos con los que se cuenta es difícil de sostener en el tiempo.

EA/MG