1976, el comienzo de un loop destructivo del que nunca pudimos salir

Desde la organización nacional la Argentina había tenido dificultades e inestabilidades propias de cualquier país periférico, a pesar de las cuales habíamos conseguido un desarrollo económico y social bastante destacable. A comienzos de la década de 1970 teníamos una de las industrias más fuertes de la región, una de las redes ferroviarias más extensas del mundo y formábamos parte del pequeñísimo club de países con premios Nobel de ciencias y energía atómica. En los treinta años anteriores se había duplicado el ingreso per cápita y ampliado el PBI a ritmos superiores a los de Estados Unidos, el Reino Unido, Australia o Nueva Zelanda; la brecha con los países más ricos se iba achicando. Era, además, un crecimiento que venía de la mano de mayor igualdad y bienestar. Hacia 1974 la Argentina había alcanzado una de las distribuciones del ingreso más equitativas de toda su historia y se contaba entre las sociedades menos desiguales y con menos desempleo del continente. La pobreza ese año rondaba el 10%. La deuda externa era irrelevante. 

El golpe de 1976 interrumpió de manera abrupta e irreversible ese camino ascendente de más de 120 años. A partir de entonces el desempeño económico de la Argentina fue peor que el de casi todos los países del mundo. El país inició un camino de declive económico que golpeó particularmente a su industria. La sociedad se empobreció y se volvió notoriamente más desigual. La salud pública, las jubilaciones, la educación, la infraestructura básica, las instituciones: todo se fue sumergiendo en el deterioro.

En ese rumbo penoso influyeron tanto los intereses locales como las dinámicas del capitalismo global. El golpe de 1976 no se entiende sin tomarlas en cuenta a ambas. En el plano interno, existía una puja de antigua data de los sectores empresariales, que deseaban desandar el camino de ampliación de los derechos laborales que se había iniciado décadas antes. Los sectores exportadores y financieros, además, querían quitarse de encima las políticas estatales que los privaban de parte de su renta, canalizada al fomento del sector industrial, que todavía no conseguía ser competitivo. En el plano internacional, el capitalismo presionaba para instaurar un nuevo orden económico global. Bajo el liderazgo de Estados Unidos, organizaciones como el FMI, el Banco Mundial y el GATT exigieron cada vez con mayor fuerza el fin de la protección a las economías nacionales y la concesión de una libertad total a los empresarios para mover sus inversiones aquí y allá, sin ninguna restricción, según sus conveniencias. Como resultado, unos antes, otros después, los países pobres fueron forzados a competir para ver cuál ofrecía los salarios más bajos, cuál cobraba menos impuestos y brindaba oportunidades extraordinarias sin hacer demasiadas preguntas. Los Estados debían dejar al mercado en libertad total.

En la Argentina, la fuerza que había adquirido el movimiento obrero impedía reorganizar la economía del modo esperado. La ciudadanía tampoco estaba dispuesta a validar ese proyecto con su voto. La dictadura vino a crear las condiciones para que las agendas globales, en coincidencia con los intereses de los sectores financieros y exportadores locales, se abrieran camino. Su inédita violencia estuvo al servicio de esos intereses. Puede discutirse interminablemente sobre las condiciones que hicieron posible el golpe, sobre las responsabilidades que tuvo el peronismo, sobre el contexto de inestabilidad y guerrilla de los meses previos, sobre los bloqueos que tenía la economía, sobre las orientaciones diversas que tuvieron distintas facciones militares, etc., todas discusiones válidas, siempre y cuando no se pierdan de vista los determinantes últimos de la acción militar y de sus políticas económicas. 

El 24 de marzo de 1976 un golpe planeado con mucha anticipación derrocó a Isabel Perón. La nueva dictadura contó con el apoyo del sector financiero y empresarial casi sin fisuras, de los Estados Unidos y el FMI, de la Iglesia y de los principales medios de comunicación. El nombre que los golpistas eligieron para el nuevo régimen –Proceso de Reorganización Nacional– fue bien indicativo de sus verdaderas intenciones. Aunque irrumpieron con la excusa de la lucha contra la guerrilla (que en verdad para entonces ya estaba bastante desarticulada), sus objetivos fueron mucho más amplios: buscaban sentar las bases para un profundo cambio en el modelo de país. 

La estrategia del Proceso fue doble. Por un lado, los militares desataron una represión sin precedentes: un plan sistemático de secuestro, tortura y “desaparición” de miles de personas. Las víctimas no fueron solo guerrilleros: muchos delegados sindicales sufrieron igual suerte (en 1976 el foro empresario Idea recomendó delatarlos y algunas empresas, como Mercedes Benz o Ingenio Ledesma, entregaron “listas negras” de los que eran demasiado demandantes). También fueron víctimas representantes estudiantiles y docentes, monjas y sacerdotes comprometidos con los más humildes, abogados de presos políticos, periodistas y académicos independientes, artistas contestatarios y, en general, personas que de cualquier manera participaban del vasto movimiento social que se había desarrollado en los años previos. El objetivo del plan represivo fue acabar con los mejores referentes y paralizar al resto de la población mediante el terror, de modo de quebrar cualquier resistencia y “despolitizar” la vida nacional.

Mientras despejaban así el camino, un grupo de economistas ligados a los sectores exportadores y financieros tomó las riendas de la economía. Buscaron replicar el camino que los Chicago Boys –jóvenes graduados de la Universidad de Chicago, faro de la ortodoxia liberal– venían ensayando en Chile bajo la feroz dictadura de Pinochet, uno de los primeros experimentos neoliberales del mundo. El ministro de Economía más duradero fue José Alfredo Martínez de Hoz, antes presidente del Consejo Empresario Argentino. Su persona encarnaba la continuidad de la vinculación entre la clase dominante argentina y la violencia de Estado: pertenecía a la familia del estanciero del mismo nombre que fundó la Sociedad Rural en 1866 y recibió luego como cesión una enorme porción de la tierra incorporada tras la Campaña del Desierto. Los elencos que lo acompañaron y sucedieron tuvieron la impronta del llamado establishment –la verdadera “casta”– un grupo de economistas liberales vinculados a empresas y a los Estados Unidos que se repetía en la función pública. El propio Martínez de Hoz ya había sido ministro en el gobierno de facto de José María Guido. Ricardo Zinn, uno de sus asesores, ocupó cargos con Frondizi, Levingston y Lanusse, y había diseñado el “Rodrigazo” (más adelante oficiaría como asesor para las privatizaciones de Menem y como mentor de Mauricio Macri). Roberto Alemann, al frente de la cartera desde fines de 1981, ya había desempeñado esa función bajo Frondizi y había sido embajador de Guido ante los Estados Unidos. Adolfo Diz, doctorado en economía en Chicago bajo la guía de Milton Friedman –uno de los mayores referentes del neoliberalismo– fue designado al frente del Banco Central; antes había sido director ejecutivo del FMI y funcionario de Onganía. Domingo Cavallo, quien luego sería ministro de economía de Menem y De la Rúa e ídolo de Javier Milei, también manejó el Banco Central durante un tiempo.

El programa económico de la dictadura incluyó un fortísimo endeudamiento externo que infló la deuda en más de un 700% (especialmente, a favor del FMI), la apertura irrestricta a la entrada de capitales y la desregulación de los servicios financieros, la devaluación de la moneda, una baja generalizada de los aranceles aduaneros, severos recortes en algunas áreas del gasto público, la reducción de los impuestos directos al capital (compensados por mayor tributación aplicada sobre el consumo) y de las contribuciones de los empleadores a la seguridad social y la privatización de 120 de las 433 empresas estatales que existían entonces. 

El efecto combinado de estas políticas resultó devastador. El sector industrial se redujo en cerca del 20% por la desaparición de numerosas empresas. Unos pocos grupos empresarios locales e internacionales concentrados, como Techint y Bunge y Born o los vinculados a las familias Bulgheroni, Macri, Pérez Companc y Fortabat, acapararon desde entonces lo fundamental del poder económico. El eje de la economía se corrió al sector financiero. Para 1982, el PBI per cápita era 15% menos que el de 1975. Por la desaparición de fuentes de trabajo y las limitaciones a la actividad sindical, el valor real de los salarios se desplomó en un 40%. La distribución del ingreso se volvió más regresiva: la participación de los asalariados en el PBI pasó del 45% que había alcanzado en 1974 a un 34% en 1983. Las tasas de desocupación y subocupación y el trabajo en negro y precario aumentaron. Numerosas disposiciones gubernamentales se tradujeron en pérdidas de derechos para los trabajadores. 

El beneplácito de los empresarios con la campaña de exterminio y con las medidas económicas fue tal que incluso en 1979, cuando el escándalo por las violaciones a los derechos humanos motivó cuestionamientos de la comunidad internacional, un centenar de entidades –entre las que se contaban la Bolsa de Comercio, la Sociedad Rural, la Cámara Argentina de Comercio, el Consejo Empresario Argentino y la Asociación de Bancos Argentinos– salieron a declarar conjuntamente su apoyo incondicional al régimen (algunas pidieron incluso que, si se volvía a un gobierno civil, se lo eligiera mediante el voto calificado).

A pesar de todo el apoyo que recibieron, los militares no consiguieron ordenar la economía. Sus políticas, de hecho, profundizaron los problemas existentes. La crisis y la inflación fueron avanzando rápidamente. Durante 1981 hubo otra brusca devaluación y la inflación superó el 100% (en 1983 sobrepasaría el 400%). Por entonces, entre los argentinos y argentinas que podían hacerlo, terminó de arraigar la costumbre de comprar dólares para preservar los ahorros y también la de dolarizar los contratos y los precios. Mientras la crisis golpeaba a la mayoría, en 1982 el gobierno estatizó las deudas que las grandes empresas habían contraído en el exterior, lo que significó una enorme transferencia de dinero público al bolsillo de un puñado de empresarios. La deuda externa se multiplicó y en 1983 el pago de sus intereses ya se llevaba el 40% de los ingresos del Estado.

Tras la derrota de Malvinas y con la economía en caída libre, los militares se vieron forzados a convocar a elecciones en 1983. Pero los efectos de su dictadura fueron y siguen siendo persistentes. Desde la gestión de Martínez de Hoz, la Argentina se volvió un país enormemente vulnerable y dependiente del sistema financiero internacional. La deuda externa se volvió impagable y un instrumento para el drenaje permanente de excedentes hacia el exterior. La economía fue desde entonces bi-monetaria, con una ciudadanía que demanda dólares de manera insaciable. Los mandatos y condicionamientos de Estados Unidos y de los grandes empresarios y banqueros locales impondrían en el futuro una pesada hipoteca sobre las posibilidades de volver a un modelo económico más favorable a las mayorías. El Proceso no había conseguido dejar un nuevo orden económico estable. Pero a cambio había atado de pies y manos a los gobiernos siguientes, que ya no podrían adoptar o sostener una orientación diferente de la que le indicaran el FMI y los sectores financieros y exportadores. Los militares se fueron humillados en 1983, pero los sectores de la élite local y global que los impulsaron a tomar el poder en 1976 podían sentirse satisfechos. Cuando llegaba al final de sus días, Jorge Rafael Videla, reconocería la paradoja de haber cumplido bien una misión que, sin embargo, los había barrido de la escena. Los empresarios “se lavaron las manos”, recordó resentido desde la prisión: “Nos dijeron: ‘Hagan lo que tengan que hacer’, y luego nos dieron con todo. ¡Cuántas veces me dijeron: ‘¡Se quedaron cortos, tendrían que haber matado a mil, a diez mil más!’”. En ese recuerdo anida el sentido último de la dictadura. Seguramente Videla sentía algo parecido respecto de Estados Unidos, que a través de Henry Kissinger lo había alentado a hacer el “trabajo sucio” lo más rápidamente posible y más adelante se había desentendido de ese mandato.

Vista retrospectivamente, la dictadura nos sumergió en un loop del que no conseguimos salir. En lo esencial sus políticas se replicaron en otros dos ciclos neoliberales que fueron degradando cada vez más nuestra economía y nuestra sociedad. Primero, los doce años y medio de Menem-De la Rúa –una continuidad desde el punto de vista económico– que concluyeron con la peor crisis de nuestra historia. Luego, los cuatro años fatídicos de Macri, que nos volvió a megaendeudar, trajo de regreso la tutela del FMI y nos empujó a un régimen de alta inflación que no veíamos desde comienzos de los años noventa. Hoy, Javier Milei encabeza el cuarto ciclo, repitiendo fórmulas y planteles de Menem, De la Rúa y Macri. Es imposible escuchar los discursos de Martínez de Hoz, analizar sus medidas y los resultados alcanzados, sin sentir que seguimos atascados allí, que volvemos siempre a ese punto, que los objetivos son similares y los efectos, siempre repetidos. Lo único que va cambiando es la degradación de nuestra sociedad y de la democracia devaluada que nos quedó después de la dictadura.

Cuando concluya el mandato de Milei, habremos pasado 28 de los últimos 52 años bajo gobiernos de orientación económica liberal ortodoxa. Entre medio, una ciudadanía cada vez más desencantada y enojada eligió gobiernos que no supieron cambiar el ciclo y terminaron abriendo las puertas para el regreso de los mismos de siempre, que volvían para intentar las mismas políticas destructivas de antes, fantaseando que lo que había fallado la vez anterior era el timing o la profundidad del ajuste. Nunca piensan que, quizás, las fórmulas que repiten puedan no ser apropiadas para un país con la compleja estructura económica de la Argentina. 

Ojalá en este cincuentenario del golpe que nos metió en el loop podamos reflexionar sobre esas continuidades y repeticiones. Ojalá encontremos la forma de romper la encerrona autodestructiva a la que nos llevaron los militares (y los civiles que los acompañaron) y cambiar las reglas de un juego democrático que es garantía de frustración. Como lo hacemos hace 42 años, hoy inundaremos las calles para reafirmar nuestro derecho a la memoria. Puede que en ese ritual extraño y conmovedor titile aún la esperanza de que algún día lo logremos.

EA/MG