Las 7.000 fallas de la política penal Bukele 'el que la hace la paga'

El gobierno de El Salvador libera a más de 7000 ciudadanos detenidos bajo el régimen de excepción. La liberación representa el 10 % de las 72.000 personas capturadas y sometidas a  graves violaciones de los DDHH de manera sistemática por parte de las autoridades salvadoreñas, desde que el Congreso de mayoría oficialista aprobara el 27 de marzo de 2022 un régimen de excepción para enfrentar a las pandillas.  Bajo la vigencia este régimen, prorrogado por decimoséptima vez en agosto hasta el 13 de septiembre 2023, el gobierno liberó a 7000 detenidos para quienes las ONG reclaman la reparación integral para ellos y sus familias.

El empresario de 39 años de estampa millennial, Nayib Bukele asumió la presidencia de El Salvador el 1 de junio del 2019, con un indubitable triunfo en las urnas y en primera vuelta precedido por un discurso “fresco y joven”, en el que además prometía acabar con la larga historia de violencia que azotaba a los salvadoreños forjada por la guerra de pandillas. El 28 de febrero, el oficialismo obtuvo 61 diputados en la Asamblea Legislativa unicameral de 84 bancas: bastan 56 para legislar con mayoría absoluta.  El 1 de mayo, el primer mandatario reemplazó a varios jueces de la Corte Suprema de Justicia, el más alto tribunal de El Salvador y luego al Fiscal General de la nación poniendo en tela de juicio la capacidad e independencia de los poderes públicos para llevar a cabo investigaciones y juzgar delitos relacionados con los DDHH. En los tres poderes del Estado quedaron solo  figuras afines al presidente al frente de la promesa de una revolución nacional donde los estímulos modernizadores a ultranza parecieron imponerse por sobre las determinaciones económicas liberales, socialmente conservadoras y comunicacionalmente populistas.

La guerra contra las pandillas

Durante el 2021, El Salvador atravesó por un estado de excepción en el que se estableció  sanciones para los medios de comunicación que replicaran mensajes o cubrieran informativos relacionados con las pandillas, se prohibieron los grafitis y se permitió la reutilización de bienes y armas que fueran incautadas. En el mismo año, EEUU aseguró que el líder salvadoreño había sellado  una tregua secreta con los líderes de los grupos Barrio-18 y MS-13. El mandatario salvadoreño y sus funcionarios lo han negado repetidas veces.

El Salvador, el país más densamente poblado de América continental, y uno de los más densamente poblados del mundo, era considerado el de más violencia de la región. En el 2015, el Instituto de Paz de EEUU reportó una tasa de 6.650 homicidios en el país centroamericano, que representaba cerca de 18 asesinatos diarios. La disminución de esta cifra llevó a  El Salvador a ocupar la posición número 11 en 2021. El presidente Bukele presume de guarismos muy diferentes. El 2 de marzo 2023, publicó en sus redes que  la tasa de homicidios para el primer día de ese mes fue de cero a nivel nacional.

Bajo el lema de la “guerra contra pandillas”, Bukele ha instaurado un récord de detenciones basadas en la creencia de mano dura sobre miles de pandilleros que inundan las cárceles de su país. Una ola de detenciones masivas inició bajo su mandato luego de que la Asamblea Legislativa aprobara la instauración de un estado de excepción por un mes, producto de las  masacres ocurridas en los primeros días de marzo del 2022.  La medida permitió a la Policía salvadoreña, bajo el mando del presidente, privar de la libertad a miles de personas bajo cualquier pretexto e, incluso, cercar barrios bajo la excusa de acorralar a los pandilleros. Bajo este modelo, según cifras de Insight Crime, Bukele arrestó a más de 10.000 hombres en 17 días.

Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) 

Diversas organizaciones sociales, presidentes y activistas repudiaron  los megacentros carcelarios diseñados e impulsados  por el gobierno. 

El presidente Bukele,  en febrero 2023, difundió a través de sus propias redes sociales las imágenes del traslado de 2.000 presos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), que calificó como “cárcel del primer mundo”, en la ciudad de Telocua, San Vicente, el nuevo centro penitenciario que podría albergar hasta 40.000 personas y que cuenta con estrictos protocolos de seguridad. Las grabaciones de gran circulación mostraron cómo los presos ingresaban en fila, rapados, esposados y con la nuca baja a ese centro carcelario de 5.453 metros cuadrados, 8 pabellones custodiados día y noche por 600 soldados y 250 policías.

Denuncias y repudios por la violaciones de los DDHH

La resonancia negativa  alcanzó nivel internacional. El presidente de Colombia, Gustavo Petro comparó el modelo carcelario instaurado por Bukele con “campos de concentración” y  organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW) advirtieron sobre las condiciones “infrahumanas” por las que estarían atravesando los reclusos, algunos de ellos pertenecientes a peligrosas pandillas como los Mara Salvatrucha (MS-13), y otros que ni siquiera han sido condenados. De acuerdo con Amnistía Internacional, al menos 80 presos han perdido la vida a manos de la Policía de El Salvador, sin recibir sanción alguna por la ley. Más bien, consideran que estas acciones estarían apoyadas por el mismo Bukele, quien ha insistido en la “cero impunidad” y la ofensiva contra las pandillas criminales.

La Organización de DDHH Cristosal presentó un informe de más de cien páginas, donde se documenta que al menos 153 personas han muerto bajo custodia después de ser arrestadas durante la operación. La ONG ha confirmado que 29 de esas muertes fueron violentas, mientras que ha calificado otras 46 de sospechosas., Los cuerpos de la mayoría de estas 75 víctimas presentaban signos de tortura, pero las causas de sus muertes fueron clasificadas como “indeterminadas” o “naturales”, por lo que el verdadero número de fallecimientos violentos podría ser mayor. El grupo obtuvo fotografías e informes forenses que muestran cuerpos con signos de “asfixia, fracturas (de hueso), hematomas significativos, cortes, perforaciones”. Algunos parecían haber muerto por malnutrición. Casi la mitad de las víctimas eran hombres de entre 18 y 38 años. Algunos prisioneros fueron torturados con descargas eléctricas.

De manera contrastante a  la imagen que proyecta el presidente de un aumento en la percepción de seguridad para los salvadoreños; los ojos del mundo están puestos sobre las múltiples violaciones a los DDHH que se han perpetrado en nombre de esta lucha gubernamental, en medio de un estado de excepción que aumenta los poderes del mandatario y bajo la premisa de devolver la paz a un pueblo históricamente azotado por la violencia y guerras civiles.

La narrativa oficial de la penuria personal

Según declaraciones del ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro en el mes de julio,  luego de un año de implementación,  el registro de las capturas ascendió a 71.776. Con la colaboración de México, Belice, Guatemala e “incluso con las Estados Unidos”, las autoridades de Seguridad salvadoreñas han localizado y detenido a aproximadamente 30 personas en Guatemala, “arriba de 15” en Belice, “entre 4 o 5” en Honduras y aproximadamente 3 en Costa Rica. En esa oportunidad,  aseguró que, a la fecha, se habían  capturado a “1.100 cabecillas (líderes) de pandillas” y que en el CECOT había 12.500 detenidos, todos miembros de las denominadas maras.

Sin embargo, esta semana el mismo ministro Villatoro, admitió que se debió liberar a más de siete mil personas, que habían sido detenidas por la Policía o por miembros de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), y encarceladas en prisiones. Las declaraciones del ministro Villatoro prueban que el Estado ha privado de la libertad  arbitrariamente a personas, sin ninguna prueba de culpabilidad criminal y la pertenencia a grupos delincuenciales.

Reclamos de reparación integral para las familias ultrajadas

Las cifras indican que prácticamente una de cada diez personas detenidas ha sido capturada de forma injusta. No se trata de 'un margen de error' sino de una clara violación de los DDHH a esas personas y familias que han sido vulneradas de forma injusta y que han pasado meses en la cárcel sin haber cometido delito alguno. .Las violaciones al debido proceso y a los DDHH de ciudadanos  que, por vivir en comunidades vulnerables y estigmatizadas por la presencia de pandillas, son detenidas bajo acusaciones de ser parte del crimen organizado.  Por lo general, son “trabajadoras y trabajadores agrícolas de las áreas rurales, de fábricas de maquila, de la empresa privada, del mismo Estado, y personas emprendedoras a las que el Estado financió préstamos bancarios y luego los priva de libertad”, explica Mauricio González, director ejecutivo de la organización defensora de DDHH Tutela Legal María Julia Hernández.

Las familias de estas personas detenidas sin delito probado acuden masivamente   a las distintas ONG de DDHH, en busca de ayuda para la presentación de recursos de habeas corpus .  “La defensa privada particular o de ONG tiene más ventajas porque son las que más están solicitando audiencias especiales de revisión de medidas”, precisa Ingrid Escobar, abogada de Socorro Jurídico Humanitario (SJH). Si eventualmente son liberadas, se les impone restricciones de no visitar centros comerciales, no visitar a familiares de colonias aledañas. Es decir, las personas que han salido después de más de un año de estar privadas de libertad continúan en sus hogares bajo medidas y siendo visitadas periódicamente por agentes policiales y miembros de la FAES.

Las ONG reclaman la reparación integral, no sólo para las siete mil víctimas directas, sino también para sus familias, que sufrieron desde afuera su detención. El daño causado por el Estado ha sido exponencial,  y en consecuencia debería resarcirse “con asistencia médica, psicosocial, restitución, indemnización”, que incluye “el resarcimiento por el daño material y moral, sobre todo, pidiendo perdón, reconociendo las injusticias cometidas y dictando garantías de no repetición”, sostiene Danilo Flores, coordinador del Equipo de Procesos de Justicia del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA),quien reconoce que la narrativa actual y oficial va en contra de todo reclamo a favor de las víctimas quienes viven en amenaza constante de recaptura. Y augura que las cosas podrían empeorar “con las audiencias masivas, hasta llegar a ser condenados por las acciones que han cometido otros”.

Medidas represivas y las vulneraciones a los DDHH en el marco de garantizar la seguridad

El acuerdo generalizado de la necesidad de combatir la delincuencia, no justifica la vulneración de un derecho humano. “Si se trata de un condenado por un crimen, no se restablece la justicia a quien anteriormente ha violado otro. Eso no tiene sentido. Eso es punitivismo, es decir, esta idea riesgosa de equiparar justicia con venganza”, sostiene el internacionalista Mauricio Jaramillo Jassir de la Universidad del Rosario.

La fuerza y el autoritarismo excesivo de las medidas del  gobierno salvadoreño conllevan el riesgo de replicarse en otros  países. Sin embargo no impidieron sino que pareciera haber apuntalado el  90%  de la  popularidad de Bukele,  que en julio 2023 oficializó su candidatura para los comicios de febrero 2024,  a pesar de que abogados constitucionalistas y opositores sostienen que la  Carta Magna prohíbe la reelección en El Salvador.  

AGB