Análisis

Chiapas, del paraíso del zapatismo a la violencia narco y el crimen organizado

Cientos de personas asisten el lunes 12 con velas a una iglesia durante una manifestación contra la violencia e inseguridad en San Cristóbal de las Casas, Chiapas (México). Cenentares de personas habían salido ese día a las calles de la capital chiapaneca a manifestarse contra la creciente violencia que se vive en la región y que ha desplazado miles de personas de sus comunidades.

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La comunidad internacional ubicó el estado mexicano de Chiapas y supo de la marginación en qué vivían sus moradores el 1 de enero de 1994. El gobierno del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ponía en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), que convertía en un gran mercado único EEUU,  Canadá y México y ese mismo día en el estado de Chiapas se produjo la insurrección liderada  por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que exigía la reivindicación de propiedad sobre las tierras arrebatadas a las comunidades indígenas, un mejor reparto de la riqueza y la participación de las diferentes etnias tanto en la organización del estado de Chiapas como en el resto del país. Una de las sorpresas que causó al mundo, fue ver a tantas mujeres, la mayoría muy jóvenes entre los insurgentes que tomaban San Cristóbal de las Casas. 

No era la primera vez que la población indígena chiapaneca se rebelaba. Sus antepasados mayas se destacaron entre los pueblos que más habían resistido la conquista de los españoles. En Yucatán y Guatemala no fueron sometidos hasta 1703, y pronto volvieron a rebelarse. En Chiapas organizaron una gran revuelta en 1712, y estos mismos pueblos volvieron a rebelarse en enero de 1994. Contra una violencia renovada e institucional que por décadas se empeñó en destruir su identidad, arrebatarles su dignidad moral y aniquilar su modo de vida.

 El origen de la rebelión de 1994 -que duró 12 días y fue la única vez que el EZLN tomara las armas- también está en el desarrollo de Chiapas durante el siglo XX, que implicó cambios en el modelo productivo agrarista tradicional y el despojo de tierras y trabajo indígena. Menos tierras para más pobres y lausencia de cauces institucionales que canalizaran sus demandas favorecieron  la organización de una parte de la comunidad indígena bajo el EZLN y su posterior insurrección.

Derechos y Cultura Indígena: Acuerdos de San Andrés

El propósito y justificación de esa acción armada tuvo amplia divulgación cuando el  subcomandante Marcos – cuya primera aparición fue a caballo y pecho cruzado de cananas que evocaba de manera inmediata a la de Emiliano Zapata, héroe defensor del pueblo campesino de la Revolución de 1810-  pronunció   la primera de su Declaración de la Selva Lacandona al pueblo de México:  “Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia y libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son, hoy, nuestras exigencias”.  Siguieron otras cinco declaraciones hasta la última en el 2005antes de que la guerrilla depusiese las armas para convertirse en un movimiento social.

Resultado de la insurrección fueron  la firma entre el gobierno y EZLN de los  no cumplidos Acuerdos de San Andrés en febrero 1996  sobre el “Derecho y Cultura Indígena”, con el compromiso del Estado a reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas que gozarían de autonomía y, en octubre de 1996, la fundación del Congreso Nacional Indígena (CNI). Pueblos, barrios, tribus, naciones, colectivos y organizaciones indígenas, con el lema “Nunca más un México sin nosotros” y con el objetivo de la reconstitución integral de los pueblos indígenas. Sin embargo, los  pactos fueron desconocidos por el presidente priista Ernesto Zedillo (1994-2000). Actos de violencia y acosos militares y paramilitares que culminaron con la matanza de Acteal (1997) de 45 indígenas tzotziles. 

Bajo el mandato del también priista   Vicente Fox (2000-2006)EZLN realizó una marcha en silencio por trece Estados de México en apoyo del proyecto, culminando con un acto en el Congreso de la Unión y nuevamente la sociedad civil se movilizó en solidaridad a las exigencias.

Los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura indígena fueron rechazados por la clase política mexicana, en consecuencia, el EZLN en el 2003 decidió ejercerla unilateralmente mediante la creación de formas regionales de autogobiernos de las comunidades, Los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno, que reforzaron el principio del “mandar obedeciendo”. Desde su creación se formaron maestros y médicos zapatistas y se edificaron escuelas y clínicas. Se desarrolló un sistema de justicia para zapatistas como para otros miembros de la sociedad, más eficaz que el institucional.  Los Caracoles en palabras de Pablo González Casanova “abren nuevas posibilidades de resistencias y de autonomía de los pueblos indígenas de México y del mundo, una resistencia que incluye a todos los sectores sociales que luchan por la democracia, la libertad y la justicia para todos”. 

Hasta la madre: “Locura organizada y desorganizada”  

Con la asunción del conservador  Felipe Calderón (2006-2012) por el Partido Acción Nacional (PAN), declaración de guerra a las drogas, el ZLN rompió su autoimpuesto silencio y denunció  lo que a su juicio era la “campaña militar psicótica” del presidente. Traducido a la retórica gubernamental: el combate al crimen organizado. El subcomandante Marcos,  refirió a la ofensiva contra el narcotráfico en distintas misivas dirigidas al poeta Javier Sicilia, quien convocó la Marcha Nacional por la Paz com Dignidad y Justicia después del asesinato de su hijo en Morelos  y al filósofo mexicano Luis VilloroMarcos denunció el “negocio” de la guerra, la destrucción del tejido social del país y exigió  “justicia para las víctimas de esta guerra”. Los  indígenas zapatistas marcharon en silencio por la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, en Chiapas, y pronunciaron mensajes en español y en sus lenguas originarias. Una lucha que ya había dejado cerca de 35.000 víctimas y que, según el ejecutivo federal, seguía siendo necesaria; un combate para el que el presidente Calderón decía tener “la razón, la ley y la fuerza” de su parte.

 

Ay, Chiapas, no te rajes

Después del triunfo en elecciones presidenciales de 2018 del candidato izquierdista del Movimiento de Regeneración Nacional conocido como Morena,  Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el EZLN  publicó un desplegado firmado por los subcomandantes Galeano y Moisés en el que aseguraban que el nuevo gobierno decepcionaría. Los zapatistas afirmaron que el enemigo los iba a perseguir y acosar, por lo que urgía una “organización verdadera” que luchara por la vida de los pueblos indígenas.

El CNI y el EZLN han denunciado reiteradamente que el Estado nutre la voracidad capitalista sobre el territorio y los recursos naturales de los pueblos originarios al no respetar sus derechos colectivos, como hoy sucede con la imposición de los megaproyectos del  Tren Maya y el Corredor Transísmico.  

 En septiembre 2021, el EZLN dio a conocer un comunicado  con la desesperada advertencia de que “Chiapas está al borde de la guerra civil”: no tolerará más acciones paramilitares impunes, como el secuestro de dos zapatistas por parte de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo. Y denunciando pactos entre el gobernador Rutilio Escandón del oficialista Morena y el crimen organizado. El mismo mes de septiembre, el CNI denunció el ataque armado a cinco miembros del Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata, y la infiltración y acoso cibernético ocurridos en una reunión virtual. En ambos casos no hubo respuesta.

El mundo donde cabían muchos mundos ahora bajo los cárteles

Si el Estado a nivel local cuenta con la complicidad de algunos de sus actores, especialmente políticos y   fuerzas de seguridad cuya presencia es muy fuerte en Chiapas desde el levantamiento zapatista  de 1994,  a nivel federal ha dado muestra de desinterés por la violencia.  Utilizando viejos conflictos interétnicos, religiosos o territoriales, algunos grupos indígenas y campesinos fueron armados e instigados a atacar a los zapatistas “Ha sido un proceso profundo de romper el tejido comunitario. Hay una sinergia entre contrainsurgencia y crimen organizado”, sostiene Carlos Ogaz del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.

El avance del crimen ha sido avasallante. Los zapatistas, concentrados en su organización política interna, han tratado de frenar la violencia con medidas como prohibir la entrada de drogas y alcohol a sus comunidades; sin embargo, se hallaron cercados por el crimen y debilitados por el constante acoso. Comunidades que anteriormente eran cien por cien zapatistas, ahora están divididas y, a veces, quedan solamente algunas familias. 

Chiapas, una región  rica en agua, biodiversidad y minerales, que  limita a 655 kilómetros con Guatemala es estratégica para la  entrada de drogas, fusiles de asalto y personas para trata. Seis cárteles operan el tráfico de drogas y se tiene identificada la presencia de las pandillas Mara Salvatrucha 13, Barrio 18 y cinco grupos subversivos más. Un informe de inteligencia del gobierno federal revela que los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación (CJNG) pelean por el control de los municipios cercanos a la costa del océano Pacífico y fronterizos con Guatemala. Uno de los epicentros de la violencia, San Juan Chamula, sede del cártel indígena del mismo nombre, se dedica al narcomenudeo, la piratería, el tráfico de armas y de personas y a la distribución del “etnoporno” y está enfrentado a los Motonetos, un grupo de autodefensa creado por el hermano de un antiguo presidente municipal de San Cristóbal de las Casas, que se dedica hoy a la extorsión.

AGB

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