Chile ensayará un proceso constituyente más conservador para sustituir la Constitución neoliberal de Pinochet vigente desde 1981

El presidente chileno Gabriel Boric sigue firme en su convicción constitucionalista. El 'plebiscito de salida' que dijo NO a la Constitución que buscaba sustituir para siempre a la pinochetista de 1980 no hizo más modesto su ideario democrático, pero sí más realista a su política. El 4 de septiembre, la ciudadanía chilena repudió el texto confeccionado tras un año de trabajo por la Convención Constitucional. Una Asamblea Constituyente independiente por completo de los Poderes Constituidos, nacida del “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” del 15 de noviembre de 2019 y consubstanciada con el espíritu del 'estallido social' de octubre de ese año. Ese mismo día, Boric empezó a buscar vías alternativas para llegar al mismo fin constitucional. Este lunes 12 de diciembre, el Ejecutivo y el Legislativo chilenos dieron a conocer cómo será el nuevo método constitucional que el país ensayará. El presidente y 14 partidos con representación parlamentaria en el Congreso de Valparaíso habían firmado un “Acuerdo por Chile”. Esta vez, los poderes constituidos y no un poder constituyente elegido por el pueblo, serán los determinantes en la redacción del nuevo texto constitucional. Está en los planes del Ejecutivo y del Legislativo que antes del fin de 2023 el nuevo proyecto sea sometido a un nuevo plebiscito dirimente. El electorado decidirá entre un SÍ y un NO el destino de la nueva Constitución.

La prioridad de hacer plebiscitar el texto de una Constitución que consagre a Chile como Estado Social y Democrático de Derecho guió la campaña electoral de Boric. Y aun su primer año de gobierno, cuando el candidato de la coalición frenteamplista - comunista Apruebo Dignidad, ya asumido presidente en el Palacio de La Moneda, se convirtió en jefe de campaña del SÍ a la nueva Constitución. Para un plebiscito donde esperaba triunfar con cómodo respaldo, la izquierda había elegido la fecha simbólica del 4 de septiembre, en recuerdo del viernes de 1970 cuando Salvador Allende ganó las elecciones y lideró a la Unidad Popular por la vía chilena al socialismo democrático, la inconclusa revolución de empanadas y vinto tinto. En 2022, el cuarto día de septiembre el oficialismo progresista vivió una derrota abrumadora. El 62% del electorado votó NO a la propuesta de Ley Suprema.

El 'Acuerdo por Chile' zanjado en el Congreso por el presidente Gabriel Boric y 14 partidos con representación parlamentaria da pie al segundo proceso constituyente del país en menos de dos años

Las aspiraciones políticas radicales de un Ejecutivo y un oficialismo chilenos que por primera vez en la historia eran de una izquierda sin adjetivos locativos restrictivos -a diferencia de la Concertación centroizquierdista que gobernó desde 1989 salvo dos presidencias centroderechistas- no se vieron devaluadas ni postergadas. Tampoco relativizadas. En su análisis, el buen gobierno de Chile depende de dotarse de una nueva Constitución social que deje atrás para siempre el conservadurismo político y la economía neoliberal que en la Ley Suprema pinochetista eran el eje estructurante del poder del Estado y los principios mayores de la interpretación del sistema legal y administrativo. Aunque esto significara que una rotativa de Constituyentes democráticas variadamente compuestas produzca variadas Constituciones democráticas hasta acertar con aquella que el pueblo querrá como suya. Hasta la nueva Carta Magna democrática que ocupe de ahora en más el lugar de la compuesta en 1980 por una comisión de expertos de la dictadura que derrocó a Allende en 1973, plebiscitada en 1981 a instancias del capitán general Augusto Pinochet, y todavía hoy vigente en Chile.

Hasta llegar al anuncio del “Acuerdo por Chile”, Boric había repetido varias veces un diagnóstico paradójico, pero no equívoco, de los condicionamientos de todo renovado itinerario constitucional. Reconocía la derrota del gobierno en el plebiscito, que identificaba a un baldón para la democracia. Si el pueblo no había querido ni el texto más avanzado, confeccionado por una Asamblea nunca antes conocida en el mundo por su representación paritaria de género y con escaños reservados a 12 naciones preexistentes en el territorio a la conquista europea, sin embargo sigue siendo por completo posible llegar a un texto nuevo texto, también democrático por entero. Aunque sin ser, de momento, tan osado el democratismo reconocedor de nuevos derechos, sin ser la redacción final tan extremosamente democrática. Aunque tampoco sea tan originario y constituyente el poder y la convención que lo compongan.

En una reunión con periodistas el martes 13, el presidente Boric explicó que gracias al Acuerdo que alcanzó el Congreso chileno para redactar una nueva propuesta constitucional están las condiciones dadas para un gran “debate de fondo”. El Acuerdo por Chile zanjado en el Congreso da pie al segundo proceso constituyente chileno en dos años, después de tres meses de negociaciones y diferendos. “Luego de varias semanas de conversaciones, intensas, ásperas en algunos momentos, las fuerzas políticas han alcanzado un acuerdo que le han devuelto al país la posibilidad de tener una nueva Constitución que nos proyecte hacia el futuro”, relató Boric.

Un estallido social cada vez más muteado

Al “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” que había buscado Sebastián Piñera, el presidente centroderechista antecesor de Boric, se llegó el 15 de noviembre de 2019. La apertura del primer itinerario constitucional, cancelado por el NO plebiscitario, había invocado “la grave crisis política y social del país atendiendo la movilización de la ciudadanía”. Surgía del 'estallido social' de octubre de 2019, pero sin que dentro del Acuerdo la voz de la protesta se hubiera oído, graficado, consignado, rubricado con alguno de sus propios nombres propios. El “Acuerdo por Chile” del 12 de diciembre de 2022 invoca el “indispensable habilitar de un proceso constituyente que lleve a una nueva Constitución para Chile”. Este Acuerdo surge de la derrota del anterior, y esta vez es la voz de los derrotados, la voz de aquella izquierda de la izquierda, la que no se oye, ni lee, ni convoca.

El Acuerdo de 2019 alentaba la escritura de una nueva Constitución “a través de un procedimiento inobjetablemente democrático”. El Acuerdo de 2022, en su formulación, nada promueve de similar. En su pragmática flexibilidad, en su realismo, el de la centroizquierda de los Amarillos por Chile, el de la centroderecha de Renovación Nacional (el partido de Piñera), prescinde de la palabra democracia, del adjetivo democrático. Van de suyo, dicen. Boric dijo al periodismo en su conferencia de prensa del martes que el Acuerdo por Chile reafirma el valor de la democracia. En todo caso, la palabra democracia no figura en el Acuerdo, aunque, invisible a los ojos, el espíritu democrático pueda habitarlo.

Según el Acuerdo, Chile redactará su nuevo proyecto de Constitución a través de un consejo electo por voto popular que aceptará o rechazará borradores propuestos por una comisión de expertos designados por el Congreso. El proyecto aceptado por la representación popular como corolario de este nuevo proceso constituyente, será después votado por SÍ o por NO por el electorado nacional. Según Boric, “mediante un plebiscito de salida, la ciudadanía tendrá la última palabra”. Aunque ya nunca más la primera.

AGB