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Análisis

Ecuador: restablecer el Narcoestado para revertir el Narcogolpe

La legalización del porte de armas de fuego decretada en 2023 por el gobierno derechista ecuatoriano anterior, y la venia del actual al gatillo fácil comunicada esta semana a la policía, amenazan con acrecentar la violencia narco contra la población en el país incendiado.

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Tanto esperar un narcogolpe en América Latina, ha escrito Roberto Saviano en el diario milanés Il Corriera della Sera, que finalmente llegó. Pero precisamente en el lugar donde menos se lo temía, hasta hace pocos años. En una nación sudamericana de 18 millones de habitantes, un Estado tapón sobre el Océano Pacífico como el Uruguay lo es sobre el Atlántico. El Ecuador es una cuña entre dos países mayores que lo rodean. Colombia y Perú son grandes productores de cocaína, y han hecho de Ecuador barraca de depósito y puerto de salida de la droga.  

Barracas y Puerto Nuevo

Con el adiós a las armas de la guerrilla marxista de las FARC en 2018, la fragmentación del narco colombiano, la pandemia de 2021 y las crisis venezolanas que encareció y arruinó sus puertos, todo cambió para siempre. Los carteles mexicanos, patrones globales del comercio de la droga,  decidieron que Ecuador, país dolarizado y de economía abierta, de poca población y baja militarización, sería la nueva central de operaciones de inventario continental y despacho comercial mundial.

En 2005, Los choneros, el cartel narco hegemónico hoy en Ecuador, eran una decena de personas. Hoy son decenas de miles sus operadores directos y el cartel sabe hacer que medio millón trabaje estacionalmente para ellos. Deciden alcaldes y candidaturas políticas. El presidente Daniel Noboa decretó el Estado de Emergencia y movilizó a las Fuerzas Armadas en una guerra interior tras enterararse de que estaba fugado de la cárcel el líder del cartel, Fito Macías. La respuesta narco fue inmediata: el terror ultra, unievarsal pero arbitrario. Los narcos dicen ser el principal sostén de un Estado que los traicionó.

Según opiniones expertas, la declaratoria de 'conflicto interno armado' ha sido un error jurídico del Presidente. Pero también ha sido una estrategia política de Noboa. El Gobierno busca responder a la crisis de inseguridad. Y, a la vez, mejorar la imagen de las FFAA y de Seguridad comunicadas que no están infiltradas por el enemigo narco al que acaba de declarar beligerante interno. Hay que añadir que el poder civil sale lesionado, al igual que la Policía, frente a la preponderancia radical otorgada a los militares.

Narcogolpe, voto repudio y castigo narcos al Narcoestado traidor

El presidente Noboa quiere dar pruebas de ferocidad e inclemencia condignas con las su coetáneo salvadoreño Nayib Bukele. En campaña, el joven candidato, hijo del hombre más rico de Eduador, proclamaba que su joven par centroamericano era un modelo por el buen éxito de una rigurosa eficacia represiva. Su modelo, el de Noboa. Su Plan A y su Plan B: el Plan que lo guiaría en su lucha contra el crimen organizado. Un plan de acción en el cual Noboa, que desde el primer día en funciones reconoció que buscará la reelección y un segundo mandato, ve una fuente de popularidad: Bukele es uno de los presidentes más populares del hemisferio, con una propularidad constante, sin altibajos.

Desde que asumió, el presidente de El Salvador, otro país que dolarizó, lleva adelante una espectacular política de tolerancia cero contra las pandillas, con construcción de cárceles monumentales para encerrar a los pandilleros. Noboa ya ha puesto en marcha la construcción de dos instituciones penales rigurosas. Entre tanto, las que hay son porosas. La fuga de Fito, a quien en su celda sustituía un doble, ocurrió mucho antes de que el personal penitenciario la advirtiera, o declarara.

La guerra interna, una continuación de la cárcel por otros medios

Al enterarse tardíamente de la temprana huida de Fito, el Presidente declaró dos meses de Estado de Emergencia, ordenó controles personales en rutas y puertos, inició una caza del Enemigo Público N° 1 con helicópteros, llamó a las Fuerzas Armadas. Esto desencadenó la respuesta narcogolpista: el terror indiscriminado. Consignas por Tik Tok e Instagram para los soldados de la causa de Fito. Que después, por los mismos medios, difunden las imágenes atroces de sus misiones cumplidas: marchas con bazookas por los centros urbanos, familias disparadas al boleo en los parques, menores con heridas sangrientas, personas secuestradas que servirán como rehenes y peones de la presión para volver al statu quo anterior. El Gobierno ordenó cortes de electricidad y de servicios de internet.

 No sólo se priva a la ciudadanía, con la emergencia y el toque de queda, de las garantías constitucionales. El gobierno derechista también ha decretado, en comunicaciones verbales más que por instrumentos administrativos, la legalidad del gatillo fácil. Le ha hecho saber a las Fuerzas de Seguridad que la policía puede disparar a quien juzgue necesario en la guerra interna contra el narco, y que los agentes no serán perseguidos por esas balas.

El anuncio ha hecho que Los choneros también hagan lo mismo, también disparen a sabiendas de que no rendirán cuentas a nadie. Ya lo hacían, de todos modos.

El gobierno del flamante presidente y joven empresario bananero millonario Daniel Noba, todo invita a creer, negociará. También Bukele había negociado, a escondidas, con las pandillas. Pero en Ecuador los costos amenazan con ser inmensos. Si no impagables en el excepcionalmente breve período presidencial de Noboa. Su mandato dura sólo dieciocho meses, los que completan el período inconcluso de su antecesor, terminado abrupta y anticipadamente. El también derechista y millonario Guillermo Lasso, un ex banquero, había renunciado y disuelto la Asamblea Nacional, impotente frente a la violencia en aumento y las fugas carcelarias, males que también él combatía declarando Estados de Emergencia de 60 días.

AGB

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