América Latina y Caribe: 12 femicidios por día según la Cepal

El informe Poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas y al femicidio o feminicidio: Reto clave para la construcción de una sociedad del cuidado  fue elaborado por el Observatorio de Igual de Género de América Latina y el Caribe (OIG). Este documento de la CEPAL expone la dramática situación de la violencia contra las mujeres y niñas y su expresión más extrema, el femicidio, feminicidio o las muertes violentas de mujeres y niñas por razón de género que visibilizan la persistencia de los nudos estructurales de la desigualdad de género y de la discriminación en América Latina y el Caribe.

En América Latina, los términos “femicidio” o “feminicidio” han sido incorporados en las leyes penales de 17 países, sin diferencia sustantiva entre ellos. Ambos términos describen a los asesinatos de mujeres por violencia de género; los dos dan cuenta, con sentido político, de un fenómeno social con características propias que lo diferencian del genérico “homicidio”. Se trata de una categoría del acervo teórico feminista que surge ante la ausencia de la perspectiva de género en la consideración de determinadas conductas delictivas. En los países del Caribe, debido a la ausencia de tipificación del delito, se privilegia utilizar la expresión “muertes violentas de mujeres por razón de género”.

Los patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos basados en la cultura del privilegio son de los nudos más complejos de desarticular debido a su arraigo histórico y estructural. La violencia por razón de género contra mujeres y niñas tiene lugar de forma sistemática y persistente en la región; no conoce fronteras. Afecta a mujeres y niñas de todas las edades y se produce en todos los espacios, desde el ámbito doméstico hasta los espacios públicos. En los lugares de trabajo, en el marco de la participación política y comunitaria, en el transporte y en la calle, en la escuela y otros espacios educativos, en el ciberespacio y, sin dudas, en los propios hogares. “Pandemia en la sombra” la caracterizó Antonio Guterres,  titular de la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Para desatar los nudos estructurales de la desigualdad y transitar hacia una sociedad del cuidado tanto de las personas como del planeta desde un enfoque de género y en el marco de los DDHH, se requiere de políticas públicas y pactos sociales y fiscales que enfrenten las diversas formas de desigualdad, expandiendo los niveles de autonomía de todas las mujeres y niñas, en su diversidad, y ampliando la garantía de su derecho a una vida libre de violencia.

La implementación de compromisos colectivos de toda la sociedad para eliminar la violencia por razón de género contra mujeres y niñas es parte de la invitación del Secretario General de las Naciones Unidas, a través de la campaña “ÚNETE de aquí al 2030 para poner fin a la violencia contra las mujeres”. Reconocimiento y eco de la lucha histórica que han dado los movimientos de mujeres y feministas para instalar el tema en la agenda pública de los países de la región.

En América Latina y el Caribe, la fuerza de los movimientos feministas y de mujeres ha movilizado de manera permanente la lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas. Ante el silencio estadístico en la mayoría de los países, fueron las organizaciones y las activistas feministas quienes iniciaron el camino de recopilar datos y construir información sobre femicidios en varios países de la región. Su actuación, en conjunto con la de los mecanismos para el adelanto de las mujeres y los Parlamentos, ha sido y sigue siendo crucial para la aprobación de reformas legislativas, la formulación de planes de acción y políticas específicas para el abordaje integral de las violencias contra las mujeres y niñas, y la destinación de recursos para financiarlos. También es resultado de la Agenda Regional de Género, una agenda política progresista, innovadora e integral hacia la igualdad sustantiva y la autonomía de las mujeres, acordada a lo largo de 45 años en el marco de las Conferencias Regionales sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Vinculada con la normativa internacional de DDHH, la Agenda Regional de Género tiene como marco principal la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de 1979, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como Convención de Belém do Pará, de 1994), primer instrumento internacional de carácter vinculante que reconoció el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.

Las reformas normativas impulsadas en las últimas décadas tendientes a abordar la violencia de género, en especial la aprobación en 13 países de leyes integrales sobre violencia y la promulgación en 17 países de normas que tipifican el delito de femicidio, cumplen un papel importante en la promoción de cambios culturales que favorezcan la construcción de sociedades en las que la violencia deje de ser socialmente tolerada. Sin embargo, la puesta en marcha operativa de las normativas para la preservación del derecho de las mujeres y las niñas a vivir una vida libre de violencia encuentra desafíos relacionados, entre otros aspectos, con el acceso de las mujeres a la justicia y la capacidad de los sistemas de administración de justicia de actuar con perspectiva de género e interseccionalidad, y de forma culturalmente pertinente.

Todos los países han ratificado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de Belém do Pará. A la vez, todos los países cuentan con legislación para poner fin a la violencia contra las mujeres: trece países han aprobado leyes integrales que amplían la comprensión y el rango de acción frente a la violencia contra las mujeres y niñas. Diecisiete países han tipificado el delito de femicidio, feminicidio o muerte de una mujer por razón de género: diez países cuentan con normas sobre producción de datos e información sobre la violencia contra las mujeres y niñas y el femicidio. En la República Dominicana no se considera la tipificación del delito (Ley núm. 550 de 2014), dado que el Tribunal Constitucional del país derogó integralmente el texto del nuevo Código Penal, en el que constaba el delito de feminicidio. A la fecha, no existe en el país normativa específica sobre el tema.

La región también ha dado importantes pasos para romper el silencio estadístico en materia de violencia contra las mujeres y niñas. En América Latina, 10 países cuentan con normas que obligan al registro de datos sobre las diversas formas de violencia de género, incluido el femicidio o feminicidio, así como a su análisis y difusión. En algunos de ellos, dichas normas fijan responsabilidades sectoriales y establecen la puesta en marcha de sistemas de información de carácter interinstitucional (Argentina, Estado Plurinacional de Bolivia, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay). Sin embargo, la coordinación interinstitucional y la disponibilidad de recursos financieros, humanos y tecnológicos adecuados para la generación de información de calidad sobre el tema siguen siendo desafíos pendientes.

Las encuestas nacionales disponibles en la región dan cuenta de que entre el 63% y el 76%  han experimentado algún episodio de violencia por razón de género en distintos ámbitos de su vida. Por otra parte, estimaciones para 2018 muestran que en América Latina y el Caribe alrededor de 43 millones de mujeres de entre 15 y 49 años -es decir, 1 de cada 4 mujeres de ese rango de edad- han experimentado violencia física y/o sexual por parte de su pareja al menos una vez a lo largo de su vida. Esta impactante cifra representa una estimación conservadora, porque las limitaciones metodológicas dificultan la obtención de información sobre la población femenina de todas las edades que es una realidad bastante heterogénea en América Latina y el Caribe.

Las estimaciones indican que más de un 30% de las mujeres han vivido violencia por parte de una pareja (Estado Plurinacional de Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana y Perú), mientras que en un amplio grupo este porcentaje varía entre el 20% y el 29% (Argentina, Belice, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Suriname y Trinidad y Tabago). En siete países se estima que la prevalencia es inferior a un 20% (Cuba, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y República Bolivariana de Venezuela).

Las cifras revelan la persistencia contra las mujeres y niñas tiene un papel fundamental en la reproducción de la desigualdad de género. Por ejemplo, datos de la Encuesta Mundial de Valores muestran que, en al menos tres países latinoamericanos (Argentina, Chile y México), la proporción de personas que consideran justificable, en alguna medida, que un marido golpee a su esposa ha aumentado en la última década. En otros dos países (Brasil y Colombia), la disminución de este indicador no ha sido pronunciada (2 y 4 puntos porcentuales, respectivamente).

Femicidios en América Latina y el Caribe: una pandemia en la sombra

Desde hace una década y media, los estados de América Latina y el Caribe han reconocido la gravedad de la violencia femicida y las muertes violentas de mujeres por razón de género, lo que se ha expresado institucionalmente en la aprobación de leyes y protocolos y la construcción de institucionalidad específica. A pesar de estos avances, el feminicidio o femicidio persiste como una realidad y no se observan señales claras de que el fenómeno vaya en disminución. En 2021, al menos 4.473 mujeres fueron víctimas de femicidio o feminicidio en 29 países y territorios de la región (4.445 en 18 países y territorios de América Latina y 28 en 11 países y territorios del Caribe), según los últimos datos oficiales informados por los países al Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. Esto representa al menos 12 muertes violentas de mujeres por razón de género cada día en la región.

En 2021, de los 18 países o territorios de América Latina que proporcionaron información, 11 presentaban una tasa igual o superior a 1 víctima de femicidio por cada 100.000 mujeres. Las mayores tasas de femicidio en América Latina se registraron en Honduras (4,6 casos por cada 100.000 mujeres), República Dominicana (2,7 casos por cada 100.000 mujeres), El Salvador (2,4 casos por cada 100.000 mujeres), Estado Plurinacional de Bolivia (1,8 casos por cada 100.000 mujeres) y Brasil (1,7 casos por cada 100.000 mujeres).

En el caso del Caribe, 11 países y territorios entregaron información correspondiente a 2021 sobre muertes violentas de mujeres por razón de género, según la cual un total de 28 mujeres fueron víctimas de violencia letal de género en la subregión. Belice y Guyana presentaron las mayores tasas de femicidio en el Caribe (3,5 y 2,0 por cada 100.000 mujeres, respectivamente), mientras que el mayor número absoluto de víctimas se registró en Jamaica (9 víctimas en 2021).

Al analizar las tasas de femicidio en 18 países y territorios de América Latina en el período 2019-2021, se observa que en 10 países estas se han mantenido iguales o superiores a 1 caso por cada 100.000 mujeres en todo el período (Argentina, Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, República Dominicana y Uruguay).

La información disponible muestra que el femicidio persiste en la región, configurando una realidad inaceptable de flagrante violación de los derechos humanos de mujeres y niñas. De mayor incidencia resultan los contextos en los que existe fuerte presencia de la delincuencia organizada, violencia estructural y crónica, inseguridad ciudadana e intensos flujos migratorios. No ha sido posible identificar tendencias regionales de alza o disminución de esta forma extrema de violencia durante eventos de gran impacto, como la pandemia del Covid-19, que podrían suponer cambios sustantivos.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) acompaña a varios países de la región en el mejoramiento de sus registros administrativos sobre femicidio, y observa su fortalecimiento general en términos de fiabilidad, lo que potencia la comparabilidad a nivel regional. Respecto a la relación entre víctimas y victimarios, es posible notar una diferencia importante entre las dinámicas registradas en diferentes países de la región. En un primer caso, Chile, Paraguay, Ecuador, Perú, Uruguay y Argentina registraron que la mayoría de las muertes de mujeres por razón de género ocurrieron en el ámbito de las relaciones de pareja. A su vez, en la República Dominicana y Costa Rica esta misma vinculación entre víctimas y victimarios se registró en alrededor de la mitad de los femicidios. En El Salvador y Honduras, en menos del 25% de los casos los perpetradores fueron personas con quienes las víctimas tenían relaciones de pareja. Esto significa que, en estos últimos países, un número significativo de femicidios fueron perpetrados por sujetos con quienes las víctimas no habían mantenido relaciones de pareja, quienes pueden haber sido personas con quienes habían convivido o no, incluidas personas desconocidas. En estos casos, dinámicas más amplias relacionadas con la delincuencia organizada y la conflictividad social, expresadas en la violencia de género en el ámbito público, cumplen un papel importante.  

La información estadística de calidad sobre femicidios requiere ir más allá del conteo del número de víctimas. Tiene importancia el conocer una serie de datos clave, como las características de las víctimas y los agresores, la relación entre ellos, los contextos en que se desarrollaron estos delitos, el medio utilizado para causar la muerte y si la víctima había presentado alguna queja previa contra el agresor, entre otros.

Reparaciones económicas y servicios de atención a niñas, niños y adolescentes huérfanos a causa de femicidio

En 2021, al menos 781 niñas, niños y adolescentes y otros dependientes perdieron a su madre o cuidadoraa a causa del femicidio en 10 países de la región que cuentan con datos al respecto. Este número revela el gran impacto que tiene la violencia de género no solo en las mujeres víctimas, sino también en sus familias, la comunidad y la sociedad en su conjunto. La reparación es uno de los pilares fundamentales de los abordajes integrales a la violencia por razón de género, y puede traducirse en indemnizaciones monetarias, prestación de servicios jurídicos, sociales y de salud, incluidos servicios de salud mental para una recuperación completa, así como garantías de no repetición, todas las cuales son extensivas a las víctimas indirectas. En América Latina, un grupo creciente de países ha ido incorporando en sus marcos legales y en políticas públicas la garantía para que los hijos e hijas de mujeres víctimas de femicidio reciban reparaciones económicas y servicios de atención integral. Este es el caso en Argentina (Ley núm. 27452, conocida como Ley Brisa, de 2018), Costa Rica (Ley de reparación integral para personas sobrevivientes de femicidio, de 2022), Ecuador (Decreto 696, de 2018), Perú (Decreto de Urgencia 005, de 2020) y Uruguay (Ley núm. 18850, de 2011). En México, los códigos penales de tres entidades federativas (Aguascalientes, Estado de México y Veracruz) hacen alguna referencia a la reparación del daño a niñas, niños y adolescentes.

La muerte de una mujer en un contexto de femicidio significa, además de una violación de su derecho a la vida, la exposición de sus hijos e hijas a una situación de vulnerabilidad. Los Estados deben asumir el compromiso y la responsabilidad de cuidar a estos niños y niñas, proveyendo los recursos y la atención necesarias para que ellos logren atravesar el trauma generado y desarrollarse en sus vidas de manera digna.

En 2021, factores críticos como la condición de embarazo de las víctimas y si estas tenían personas dependientes a su cargo solo fueron informados por un reducido número de países. A la vez, los datos proporcionados por los países reflejan un notorio subregistro de variables desagregadas, como la condición étnico-racial y la condición de ocupación, que evidencia la escasa aplicación, en los servicios vinculados a este tema, de enfoques interseccionales que contribuyan a ofrecer respuestas integrales a la complejidad de factores que conforman la violencia contra las mujeres y niñas.

Las variables en la información que el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe solicita a los países, con excepción del número de personas dependientes a cargo, son consideradas clave por la Clasificación Internacional de Delitos con Fines Estadísticos y el Marco estadístico para medir el homicidio de mujeres y niñas por razones de género aprobados por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas. Varios países, en informes y publicaciones oficiales, proporcionan información sobre otras variables como las siguientes: tipo de arma utilizada para consumar el femicidio o feminicidio (Argentina, Chile, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá, Perú y Uruguay), lugar de ocurrencia del delito (Argentina, Chile, Honduras, Perú y Uruguay), denuncias previas de violencia (Argentina y Chile), e identidad de género, orientación sexual y situación de discapacidad de la víctima (Argentina). Entre los 13 países que informaron sobre la nacionalidad de las mujeres víctimas de femicidio en 2021, se destacan Chile, donde las mujeres extranjeras fueron un 18% de las víctimas; República Dominicana, con un 13% de los casos, y Costa Rica, con un 11%. En el Caribe, Belice registró una víctima extranjera, lo que corresponde a un 14% del total de muertes violentas de mujeres por razón de género.

Entre las mujeres en situación de movilidad humana, factores como el miedo a buscar ayuda institucional debido a una situación de irregularidad, la falta de redes de apoyo, barreras idiomáticas y la discriminación interseccional relacionada con la condición étnico-racial y el estrato social, entre otros, generan una mayor vulnerabilidad frente al riesgo de violencia extrema por razón de género.

Niñas y adolescentes: la violencia por razones de género se inicia a temprana edad

La violencia por razón de género es un fenómeno que se expresa de diferentes formas y afecta a las mujeres de manera transversal. Para visibilizar diferentes aspectos de esta grave violación de los derechos humanos, el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe pone el foco en la situación frente a la violencia de niñas y adolescentes mujeres, dado que la discriminación de género adquiere particularidades específicas cuando se cruza con la edad y el ciclo de vida, factores que también representan un eje determinante de la distribución del bienestar y el poder en la estructura social. Es sabido que, en relación con sus pares varones, las niñas y adolescentes mujeres experimentan un abanico más amplio de formas de victimización y están más expuestas que cualquier otro grupo a formas específicas de violencia, como la violencia sexual y los matrimonios y uniones infantiles, tempranos y forzados.

De acuerdo a los datos de 16 países y territorios de la región entre 2019 y 2021, se observa que adolescentes y jóvenes de entre 15 y 29 años componen el tramo etario en que se concentra la mayor proporción de casos de femicidio. La vez, más de un 4% del total de esos delitos corresponden a niñas menores de 14 años. Se ha constatado que tanto mujeres adultas como niñas y adolescentes mujeres presentan una mayor exposición a este tipo de violencia que los hombres de sus mismos grupos etarios.

Los matrimonios y uniones infantiles, tempranos y forzados

Una manifestación de violencia de género y una práctica nociva y violenta, que afecta fuertemente el desarrollo integral de niñas y adolescentes, y las expone a situaciones de violencia, embarazos no deseados a temprana edad y sobrecarga de trabajo de cuidados cuando todavía no han consolidado sus trayectorias educativas o sus decisiones laborales. Los matrimonios y uniones infantiles, tempranos y forzados son una realidad extendida en América Latina y el Caribe y afectan a 1 de cada 5 niñas y adolescentes, reproduciendo y profundizando las desigualdades de género existentes en la sociedad. Esta práctica nociva y violenta impacta en la autonomía física de niñas y adolescentes y en el goce de sus derechos sexuales y reproductivos, y las expone a mayor riesgo de sufrir violencia obstétrica cuando son madres y al control sobre su cuerpo y sus decisiones por parte de su pareja y su familia, así como al riesgo de ser sometidas a aislamiento social y discriminación escolar, entre otras formas de exclusión que atentan contra su pleno desarrollo.

La persistencia inaceptable de las diversas manifestaciones de la violencia, en su carácter complejo y multicausal, hace evidente la dificultad de desatar los nudos estructurales de la desigualdad, específicamente el que se refiere a los patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos. A ello se une el aumento de discursos de odio y grupos que los promueven en toda la región, lo que ha provocado un incremento de las hostilidades en contra de las organizaciones de mujeres y feministas, y en especial en contra de defensoras de los derechos humanos, activistas LGBTQI+, periodistas, influenciadoras digitales, lideresas indígenas y afrodescendientes, y otras lideresas que actúan en contra de la violencia sexista. 

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