Un policía mata a tiros a un malabarista y desata protestas en Chile: “El arte callejero no es delito”

Artistas callejeros y vecinos despiden a Francisco Martínez, muerto por los disparos de un Carabinero.

Meritxell Freixas

Santiago de Chile/elDiario.es —

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Un nuevo caso de violencia policial sacude una vez más Chile. El viernes 5 de febrero un carabinero mató a tiros a un malabarista callejero en la ciudad sureña de Panguipulli, 800 kilómetros al sur de la capital. El tiroteo se produjo en un control de identidad al que el joven se había negado.

La escena, que quedó registrada en un video que se hizo viral, muestra cómo tras una discusión, un policía apunta con un arma de fuego a Francisco Martínez Romero, de 27 años, quien arremete en su contra con dos de los sables que utilizaba para su espectáculo artístico. A continuación, el policía le dispara, causando su muerte.

El viernes, poco después de que el video comenzase a circular por redes sociales, se desataron protestas en todo el país, pero tomaron más fuerza en Panguipulli. Se produjeron enfrentamientos con la policía, barricadas e incendios. Durante la tarde, diez edificios públicos, entre ellos el ayuntamiento de la localidad, fueron incendiados.

Las protestas continuaron durante el fin de semana y este lunes se convocaron manifestaciones en todo el país. Una de las más concurridas fue la de Santiago, donde centenares de manifestantes, sobre todo jóvenes, salieron a la calle para protestar por lo ocurrido. “El arte callejero no es delito”, fue una de las consignas que se podía leer.  

También este lunes, el agente Juan González Iturriaga, autor de los disparos y detenido el mismo viernes, pasó a disposición judicial y pudieron conocerse más detalles del suceso. El fiscal afirmó que el carabinero disparó seis veces a Francisco, el último de ellos al corazón. “El último proyectil percutido no se encuentra amparado por el derecho y constituye un exceso policial en el uso de la fuerza”, indicó el magistrado del Juzgado de Panguipulli. Según él, el sexto fue “innecesario” ya que Martínez ya estaba afectado por otros dos disparos anteriores que había recibido en sus piernas.

El tribunal dio por buena la tesis de la Fiscalía, acreditó la investigación por homicidio simple y decretó el arresto domiciliario del imputado. El abogado defensor sostuvo el argumento de la “legítima defensa” del agente, mientras que los querellantes particulares, uno en representación de la hermana de la víctima y otro del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), rebatieron esa tesis con el razonamiento de que en el momento del disparo “letal” –como lo calificó el fiscal– la víctima ya se encontraba en el suelo. 

Reforma policial pendiente

En su versión de los hechos, Carabineros, el cuerpo policial militarizado del país, siempre insistió que existió “un peligro inminente” para la vida del policía. El Gobierno, por su parte, hizo énfasis en los desperfectos provocados en la infraestructura pública a causa de los disturbios y condenó la violencia de los manifestantes, pero no la policial, de la cual, dice, espera los resultados de la investigación.

“De la misma manera que hemos pedido que se juzgue el comportamiento de los policías, estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para que las personas que quemaron la Municipalidad y las oficinas públicas se enfrenten a la justicia y reciban las sanciones que se merecen”, dijo el presidente Sebastián Piñera antes de manifestar su apoyo a Carabineros.

La oposición, en cambio, ha sido contundente a la hora de rechazar la actuación policial. Condenó los hechos y exige que se retome el debate sobre la reforma de la policía, un proyecto de ley que se encuentra paralizado en el Congreso y sin avances reales.

“Condenamos enérgicamente este crimen”, dijo el Partido Socialista, que también criticó el “uso desproporcionado e injustificado de la fuerza”. “No fue un incidente, fue un asesinato. No es un hecho aislado, la brutalidad es reiterada. No es aleatorio, es contra el pueblo, es clasista”, publicó en Twitter la diputada comunista Camila Vallejo.

La parlamentaria recordó que, en noviembre, dos niños residentes de un hogar del Servicio Nacional de Menores (Sename) resultaron heridos por disparos de un efectivo de Carabineros, lo que costó el cargo al anterior general director del cuerpo, Mario Rozas.

Antes de eso, otro caso de violencia policial tuvo lugar cuando, en una manifestación convocada en Santiago, un agente empujó a un menor desde un puente hacía el río Mapocho. Francisco Martínez resultó ser tío del adolescente que fue arrojado al río. “Pasar dos veces por lo mismo es muy fuerte, además Pancho murió. Estamos todos shockeados”, lamentó Rocío Caviedes, hermana del malabarista.

Desde el estallido social de octubre de 2019, la institución permanece bajo lupa. En los últimos 15 meses ha sido duramente cuestionada y acusada por organismos nacionales e internacionales de múltiples violaciones de los derechos humanos. Esto se suma a las críticas que ya venía cosechando por una trama de corrupción que involucra el desfalco de millones de dólares. Pese al descrédito, el Ejecutivo no ha dado señales de querer mantener la reforma como una de sus prioridades. Tras los hechos del viernes, ningún miembro del Gobierno hizo referencia al tema.

El control de identidad 

La muerte de Francisco Martínez ha puesto en cuestión también los controles preventivos de identidad, una polémica ley impulsada durante el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet.

Para la socióloga y experta en seguridad ciudadana en América Latina Lucía Dammert, esta ley “ha generado abusos”. En su opinión, “la policía controla la identidad de aquellas personas que cree que pueden estar vinculadas a un delito bajo la lógica del ellos contra nosotros, de la amenaza que son, para ellos, los jóvenes y miembros de sectores populares, principalmente hombres”.

Según Dammert, en los últimos años se pasó de dos millones de controles de identidad a casi siete, con niveles mínimos de identificación de personas vinculadas a hechos delictivos. Ante estos resultados y a raíz de lo ocurrido, la coalición de izquierda Frente Amplio los quiere derogar.

El debate sobre el papel de las fuerzas de seguridad se ha reactivado. La investigación por el homicidio del artista durará cuatro meses y sus avances tendrán impacto en el proceso constituyente que el país acaba de abrir para redactar una nueva Constitución. 

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