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Rusia cometió crímenes de guerra y posibles crímenes contra la humanidad en Ucrania, según una comisión de la ONU

Los miembros de la Comisión de Investigación sobre Ucrania visitaron por primera vez Ucrania a principios de junio de 2022, y hablaron con varios testigos, víctimas y representantes de las autoridades pertinentes.

Icíar Gutiérrez

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La comisión independiente de expertos enviada por la ONU a Ucrania concluyó que las autoridades rusas cometieron una “gran variedad” de violaciones del derecho internacional en diversas regiones del país, “muchas de las cuales equivalen a crímenes de guerra”.

En su informe final, presentado este jueves, detallan profusamente, entre los crímenes cometidos por Rusia, ataques contra civiles, homicidios intencionados, confinamiento ilícito, tortura, trato inhumano, violación y otros actos de violencia sexual, así como traslados forzosos y deportaciones de niños. Sostienen también que las olas de ataques contra infraestructuras energéticas desde el otoño y el uso de la tortura por parte de las autoridades rusas pueden constituir crímenes contra la humanidad.

Durante su investigación, el grupo de expertos visitó 56 localidades y entrevistó a casi 600 personas –348 mujeres y 247 hombres–. Sus investigadores inspeccionaron lugares destruidos, fosas, lugares de detención y tortura, así como restos de armas, y consultaron un gran número de documentos e informes.

Si bien la mayoría de los abusos fueron ampliamente documentados desde el estallido de la guerra hace más de un año, ahora quedan plasmados en una investigación respaldada por la comunidad internacional. La llamada Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania está formada por tres expertos –Erik Møse, presidente de la misma, Jasminka Džumhur y Pablo de Greiff–, y fue creada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para investigar las violaciones y abusos de derechos cometidos en el contexto de la invasión rusa. Tras presentar sus hallazgos preliminares el pasado otoño, ahora publican sus conclusiones y recomendaciones finales ante el Consejo. Según explicaron los miembros de la comisión en una rueda de prensa este jueves, las autoridades rusas no colaboraron en la investigación.

Preguntado al respecto por los periodistas, Møse respondió que la comisión no “constató que se haya producido un genocidio en Ucrania”. “Algunos aspectos pueden plantear interrogantes”, agregó. 

En el texto, el grupo señala que documentaron un “pequeño número” de violaciones cometidas por las fuerzas armadas ucranianas, “incluidos probables ataques indiscriminados y dos incidentes calificados de crímenes de guerra”, en los que se disparó, hirió y torturó a prisioneros de guerra rusos. 

Los supervivientes reiteraron a la comisión de la ONU la importancia de identificar a los responsables y hacerles rendir cuentas. En este sentido, los expertos recomiendan que se investiguen todas las violaciones y crímenes y que los responsables rindan cuentas, ya sea a escala nacional o internacional. En este sentido, reclaman un enfoque integral que incluya tanto la responsabilidad penal como el derecho de las víctimas a la verdad, la reparación y la no repetición.  

Los crímenes constatados

La comisión indica que sus pruebas demuestran que, en las zonas que quedaron bajo su control, las autoridades rusas cometieron homicidios intencionados de civiles o de personas que no participaban en los combates, que constituyen crímenes de guerra y violaciones del derecho a la vida. 

Los expertos dicen estar “impresionados por la magnitud de la destrucción” que vieron durante sus visitas. Las fuerzas armadas rusas llevaron a cabo ataques con armas explosivas en zonas pobladas “con una aparente indiferencia por los daños y el sufrimiento de la población civil, sin tomar las precauciones necesarias”. Estos ataques, en línea con lo que también documentaron diferentes organizaciones internacionales, fueron indiscriminados y desproporcionados y el uso de este tipo de armamento fue sido una de las principales causas de víctimas civiles, según explican.

En el informe también hacen mención a las olas de ataques que las fuerzas armadas rusas comenzaron a lanzar contra las infraestructuras relacionadas con la energía ucranianas a partir del pasado 10 de octubre, a raíz de los cuales regiones enteras y millones de personas se quedaron durante temporadas sin electricidad ni calefacción, especialmente con temperaturas bajo cero. En el documento la comisión deja por escrito que tales ataques pueden constituir crímenes contra la humanidad y recomiendan que esto se investigue más a fondo.

Los expertos también constataron un patrón de confinamiento ilegal generalizado en zonas controladas por las fuerzas armadas rusas, dirigido contra “amplias categorías de hombres, mujeres y niños”. Según detallan, el confinamiento y la detención en instalaciones de Ucrania y Rusia iban acompañados de métodos “sistemáticos” de tortura “contra determinadas categorías de personas por parte de las autoridades rusas”. La comisión–que pone el ejemplo de una persona que fue detenida y sometida a palizas como “castigo por hablar ucraniano” y por “no recordar la letra del himno de la Federación Rusa”–. este patrón de tortura “puede constituir crímenes de lesa humanidad y debe investigarse más a fondo”.

La comisión halló numerosos casos de violación y violencia sexual y de género cometidos por las autoridades rusas cuando hacían visitas casa por casa en localidades que estaban bajo su control y durante confinamientos ilícitos. La violencia sexual fue un aspecto importante de la tortura ejercida por las autoridades rusas, según el grupo. 

Los expertos también se muestran preocupados tras investigar los traslados de niños de Ucrania a Rusia, y en este sentido constatan también que se cometieron violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Explican que las situaciones relativas al traslado y deportación de niños que examinaron también equivalen a crímenes de guerra. De acuerdo con los testigos que hablaron con el grupo, muchos de los niños más pequeños trasladados no pudieron establecer contacto con sus familias y podrían perder el contacto con ellas indefinidamente.

IG

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