OPINIÓN

Cinco medidas que Joe Biden podría tomar contra el dinero sucio y el secreto financiero

Joe Biden, presidente de los Estados Unidos

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La retórica inicial de la Administración Biden alentó en quienes apoyan el combate contra la corrupción la expectativa de que el mandato del nuevo presidente estadounidense pueda marcar un punto de inflexión en la lucha contra el dinero sucio y el abuso de los paraísos fiscales. Estos dos problemas superpuestos están agravados por el secreto que protege a grandes sumas de dinero tanto de los recaudadores de impuestos como de  las autoridades policiales.

"Tomaremos medidas enérgicas contra los paraísos fiscales y el financiamiento ilícito, que contribuyen a la desigualdad de ingresos, financian el terrorismo y generan una influencia extranjera perniciosa", señala la Guía Estratégica de Seguridad Nacional Provisional de la administración, publicada el mes pasado, que identifica la lucha contra la corrupción global como tema  prioritario en materia de seguridad. La estrategia refleja las promesas que hizo Joe Biden durante la campaña.

Las promesas llegan en un momento en que Estados Unidos, como muchos otros países, está experimentando el impulso político de propuestas para garantizar que personas y corporaciones de altos ingresos paguen más impuestos para ayudar al alivio de la pandemia y la recuperación económica.

Es hora de "cambiar el paradigma", dijo Biden en su primera conferencia de prensa, para "recompensar el trabajo, no solo la riqueza", una línea que reforzó sus promesas de elevar las tasas impositivas marginales para individuos y empresas de mayores ingresos. En línea con su anuncio, Biden dio a conocer una propuesta de aumento de impuestos sobre las corporaciones y las ganancias extranjeras para pagar su plan de infraestructura.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, su sigla en inglés) ha documentado a través de varias investigaciones cómo millonarios -incluidos políticos corruptos, traficantes de drogas, violadores de derechos humanos y evasores de impuestos- utilizan el sistema offshore para ocultar su riqueza. Más recientemente, en 2020, la investigación de FinCEN Files reveló cómo los bancos permiten que miles de millones de dólares de dinero sospechoso circulen a través de sus cuentas.

Hasta ahora, el gobierno de Biden no ha proporcionado detalles sobre cómo podría salir adelante la lucha prometida contra los paraísos fiscales y el dinero sucio.

Los expertos en impuestos y lavado de dinero consideran que hay al menos cinco reformas que el nuevo presidente debería priorizar.

1. Tomar medidas enérgicas contra los paraísos fiscales en el país y en el extranjero

Los Estados Unidos han servido como un paraíso financiero para mandatarios corruptos, evasores de impuestos y delincuentes durante décadas. El país ha sido clasificado constantemente por la Red de Justicia Fiscal entre las principales jurisdicciones que facilitan la opacidad financiera. El propio Biden representó durante 30 años en el Senado a Delaware, un estado conocido como paraíso del secreto corporativo.

Estimaciones del Internal Revenue Service (IRS, la autoridad impositiva estadounidense) y de economistas y académicos indican que el 1% de los ciudadanos de más de altos ingresos de ese país  evita informar más sobre el  20% de sus ganancias; esto es una proporción significativamente más alta de lo que se suponía años atrás. Los más ricos emplean estrategias sofisticadas para evadir el impuesto sobre la renta, incluyendo impuestos sobre depósitos off shore.

El nuevo plan de Biden promete reforzar la capacidad de aplicación de las normas del IRS. “Las grandes corporaciones aprovechan lagunas legales para evadir obligaciones fiscales, y un ejército de asesores fiscales y contables bien pagados que les ayudan a salirse con la suya”, dice la propuesta. "Un IRS con fondos insuficientes carece de la capacidad para investigar estas maniobras fiscales sospechosas".

Durante su declaración ante el Comité de Finanzas del Senado la semana pasada, Kimberly Clausing, subsecretaria adjunta del Departamento del Tesoro, enfatizó la necesidad de reformas y modernización para construir un sistema tributario que sea “adecuado para su propósito, justo y enfocado en las necesidades de todos los estadounidenses ".

Clausing dijo que si bien la desigualdad económica aumentó en las últimas décadas, los gobiernos de todo el mundo han trasladado la carga fiscal de la riqueza y los ingresos corporativos a los trabajadores individuales. “En lugar de atenuar la desigualdad económica, a menudo el sistema fiscal la ha exacerbado”, agregó.

A pesar de las medidas adoptadas en 2017 destinadas a reducir la "transferencia de ganancias" -el movimiento estratégico de ganancias de jurisdicciones con impuestos más altos a jurisdicciones con impuestos más bajos-, Clausing dijo que "el uso de paraísos fiscales para evadir impuestos continúa sin cesar".

“Necesitamos mejores instrumentos para defender la base impositiva corporativa de Estados Unidos de la transferencia de ganancias a paraísos offshore para evadir impuestos”, dijo Clausing. "Podemos hacer mucho más para garantizar que nuestro sistema fiscal funcione para los trabajadores estadounidenses."

2. Eliminar las lagunas de la Ley de Transparencia Corporativa

La presidencia de Donald Trump terminó con los legisladores impulsando la histórica Ley de Transparencia Corporativa CTA), una reforma largamente buscada que requiere que las empresas estadounidenses informen sobre sus verdaderos dueños a la Red Contra los Delitos Financieros del Departamento del Tesoro, conocida como FinCEN. Pero las lagunas legales pueden limitar el poder de esa norma. 

Algunos vehículos de inversión de Wall Street creados por fondos de cobertura están exentos, por ejemplo, al igual que las empresas más grandes y posiblemente los fideicomisos. 

Un informe publicado por Transparencia Internacional en febrero pidió una expansión de las reglas de debida diligencia para alcanzar a abogados, contadores, capital privado y fondos de inversión.

Un vocero del senador Sherrod Brown, presidente del Comité Bancario del Senado, dijo que la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de Estados Unidos (GAO) debe investigar si ciertos grupos financieros deberían estar incluidos en las nuevas reglas de transparencia.

“Si bien exime a ciertas entidades, generalmente porque ya brindan información acerca de sus propietarios a otros actores gubernamentales como los organismos reguladores, otras entidades exentas deben ser estudiadas por la GAO en consulta con las fuerzas del orden y los funcionarios de seguridad nacional, con un informe y una recomendación al Congreso sobre si también deberían ser alcanzadas por las nuevas reglas de transparencia ”, indicó la oficina de Brown en un comunicado al ICIJ. "La instrumentación rápida y efectiva de estas nuevas leyes será un gran avance para la transparencia y es una alta prioridad para el presidente (del comité) Brown".

3. Reforma a FinCEN

La implementación y ejecución de la CTA recae en FinCEN, la agencia gubernamental encargada de combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros. Pero un informe reciente de Global Financial Integrity criticó el hecho de que FinCEN no cuenta con los fondos suficientes y está sobrecargado de responsabilidades. Los esfuerzos del gobierno de los Estados Unidos contra el lavado de dinero "son ampliamente vistos como ineficientes e ineficaces", aseveró la organización.

El año pasado, ICIJ, BuzzFeed News y otros medios asociados de todo el mundo publicaron la investigación de FinCEN Files, basada en más de 2.000 registros financieros secretos de esa red. La investigación reveló que los principales bancos realizan transacciones con dinero sucio, en algunos casos  de organizaciones criminales y políticos corruptos, a la vista de los reguladores gubernamentales.

En una reciente conferencia virtual realizada por el Instituto Internacional de Banqueros, el director de FinCEN, Kenneth Blanco, declaró que la agencia se centró en conseguir los recursos necesarios para implementar la ley de Transparencia Corporativa y otras reformas contra el lavado de dinero. FinCEN está solicitando públicamente propuestas para un reporte acerca de la implementación de información de la propiedad efectiva. La consulta estará abierta hasta el 5 de mayo próximo.

Mientras tanto, algunas reformas propuestas a raíz de las revelaciones de FinCEN Files estuvieron en pausa después de que el gobierno de Biden impusiera un congelamiento regulatorio sobre las regulaciones pendientes de la presidencia de Donald Trump. Una de ellas es una propuesta para exigir a los bancos y otras entidades financieras que recopilen y compartan con las autoridades información sobre transacciones potencialmente sospechosas de envíos al exterior por montos de US$ 250 a US$ 3.000. Un vocero de FinCEN declaró al ICIJ que la llamada “regla de viaje” aún está pendiente y que la agencia no pudo proporcionar una actualización. Desde el sector  financiero se advirtió que el cambio podría crear una carga adicional a cumplir por parte de los bancos.

Hay indicios de que la industria financiera también quiere una mejor regulación. Una encuesta reciente de 340 profesionales relacionados con el cumplimiento de las leyes en esta área determinó que a la gran mayoría de los encuestados les gustaría ver más orientación oficial, incluida la información sobre actividades financieras sospechosas y evaluación de riesgos.

4. Hacer responsables a las instituciones financieras 

El enjuiciamiento de los delitos financieros y las multas a las grandes empresas alcanzó un mínimo histórico durante los años de Trump, cuyo gobierno supervisó el desmantelamiento de las regulaciones anticorrupción.

Los críticos de esa gestión esperan ahora que la nueva administración dé prioridad a la rendición de cuentas y que el Departamento de Justicia persiga a los elementos corruptos del sector financiero. La investigación de FinCEN Files mostró cómo los grandes bancos han seguido beneficiándose de transacciones sospechosas, incluso después de haber sido multados por infringir las normas. Por su parte, las agencias gubernamentales responsables de hacer cumplir las leyes de lavado de dinero rara vez procesan a los grandes bancos que violan la ley.

"Lo que esperamos ver en la Casa Blanca son prioridades más altas en estos temas y las señales iniciales son alentadoras, dado lo que Biden ha dicho sobre estos temas y las personas ha designado para puestos clave", afirmó Ian Gary, director ejecutivo de la Coalición FACT.

La nómina de nuevos funcionarios incluye al fiscal general Merrick Garland, un ex juez de la corte federal de apelaciones. Si bien el historial de Garland en esta especialidad no es extenso, su posible fiscal general adjunta, Lisa Monaco, formó parte del Grupo de Trabajo Enron, que investigó uno de los casos de fraude más grandes en la historia de Estados Unidos en 2001. Su nombramiento está pendiente de confirmación.

Gary Gensler, un ex ejecutivo de Wall Street que luego se convirtió en regulador financiero, dirigirá la Comisión de Bolsa y Valores. Es conocido por haber enfrentado a los grandes bancos después de la crisis financiera de 2008, cuando presidía la Comisión de Comercio de Futuros de Commodities de Estados Unidos.

El Departamento del Tesoro está dirigido por Janet Yellen, economista y ex presidenta de la Reserva Federal. En ese cargo, impuso restricciones de crecimiento a Wells Fargo después de que el banco admitió que algunos  empleados crearon cuentas falsas para cumplir con objetivos de ventas poco realistas. Su nominación como Secretaria del Tesoro fue aplaudida por grupos financieros, mientras que algunos grupos progresistas expresaron su preocupación, ya que ha recibido más de US$ 5 millones en honorarios por conferencias de las instituciones financieras que ahora debe regular.

5. Nivelar la carga fiscal

El plan presentado recientemente por Biden aspira a recaudar US$ 2 billones en 15 años para financiar su agenda de infraestructura, recuperando algunas de las reducciones de impuestos corporativos que los republicanos hicieron en 2017. También propone un aumento de la tasa impositiva sobre las ganancias de empresas estadounidenses en el exterior y un impuesto mínimo del 15% sobre la "renta contable" de las empresas.

Se esperan detalles sobre los planes para aumentar los impuestos a las personas más ricas, informó The Wall Street Journal.

Mientras tanto, los senadores Elizabeth Warren y Bernie Sanders han presentado en las últimas semanas proyectos de ley que buscan aumentar los impuestos para los ricos en Estados Unidos.

Sanders, presidente del Comité de Presupuesto del Senado, propuso un esquema de impuestos tanto para las propiedades ricas como para las corporaciones

El proyecto de ley de Warren busca imponer un impuesto anual del 2% a las personas con un patrimonio neto superior a US$ 50 millones y del 3% a quienes posean más de US$ 1.000 millones. Ambas propuestas incluyen medidas destinadas a disuadir el flujo de dinero hacia el exterior.

Sin embargo, Yellen no ha expresado su apoyo a un impuesto sobre el patrimonio, y le dijo a The New York Times que no estaba planeando medidas en ese sentido porque es "algo que tiene problemas de implementación muy difíciles".

Yellen apoya los esfuerzos para crear un acuerdo internacional sobre un impuesto mínimo global para las empresas multinacionales, según The  Washington Post. Los críticos de un impuesto corporativo más alto dicen que un aumento dañaría la competitividad global de Estados Unidos. El cambio iría en contra de una tendencia internacional en las últimas décadas de países que reducen la cantidad de impuestos a las empresas para atraer nuevas inversiones.

Será un tema importante de negociación para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico este año.

Traducción de Alejandra Conti

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