Condena a CFK: ahora, lo que importa son los fundamentos

Finalmente, Cristina Fernández fue condenada en el juicio conocido como “Vialidad”. Como se esperaba, la sentencia judicial se recibió de manera diferente en los “ismos” que dividen a nuestra vida pública. Ambos confirmaron sus prejuicios. La representación de un sector se inscribe en una reivindicación frente a la corrupción. Mientras que desde el otro lado se confirma la percepción de una persecución política. La primera impresión es obvia, la sentencia de los jueces es objeto de dos miradas irreconciliables.

Por esas cosas que tiene la ley de enjuiciamiento criminal, no conocemos las razones en base a la que los jueces justificaron teóricamente la condena por defraudación y tampoco los motivos sobre los que descartaron la acusación de asociación ilícita. Esto quiere decir que se carecen de elementos para comprender y eventualmente criticar la expresión del sistema judicial. Sin embargo, a ambos lados de la grieta, hubo expresiones contundentes. Ello es un síntoma del modo en que funciona la vida pública. Básicamente atravesada por una avidez de novedades. Se esperan con ansiedad novedades capaces de habilitar la presencia en los medios de comunicación masiva y en las redes sociales para “decir algo”.

Esa avidez de novedades para “decir algo” en el espacio público no es neutral. En efecto, es una premisa obvia que nuestra institucionalidad es muy frágil y que quienes las ponen en movimiento permanecen envueltos en una sospecha generalizada. A veces justificada, a veces no, pero sospecha al fin. Lo que ocurrió el 6 de diciembre no es un hecho menor, porque el sistema judicial cerró la primera etapa de un longevo proceso con la sentencia que condena a la actual vicepresidenta de la nación. La gravedad del tema es indiscutible y el desafío del aparato judicial es muy alto, porque el 9 de marzo próximo debe comunicar a los ciudadanos por qué llegó a esa conclusión, tal como lo exige el artículo 1 de la Constitución Nacional, que consagra la forma republicana de gobierno.

En medio de esa adversidad institucional, los jueces deberán justificar su resolución para dos destinatarios. Por un lado, a las partes del juicio. Por el otro, a todos los ciudadanos. Deberán explicar en un lenguaje simple, pero teóricamente sólido, por qué hubo condenas, por qué hubo absoluciones, por qué hubo diferencias en las escalas penales que aplicaron y cómo funcionará el decomiso de bienes porque, en nuestro sistema judicial, el artículo 29 del Código Penal pone en cabeza de los jueces el deber de evitar que el delito rinda beneficios. 

Pero también los magistrados seguramente disiparán algunas dudas que envuelven al tribunal en particular y al sistema judicial en general. Me refiero al episodio del equipo de fútbol Liverpool, al incidente del mate, etc. Es que parte de la legitimidad de la sentencia se juega en la legitimidad del tribunal. Por ello es importante que los ciudadanos podamos conocer en una sentencia todo lo que ocurrió en el juicio. Es vital tener condensado en un solo texto el devenir completo de un juicio que seguramente quedará en los registros como uno de los más importantes de nuestra historia política.

Una sentencia judicial de estas características, para ser aceptada debe ser comprensible. Porque la comprensión de un texto es lo que permite su discusión seria. En particular, porque los jueces estarán enviando un poderoso mensaje a la sociedad en general y especialmente a las élites políticas y económicas. De acuerdo con el resumen que el propio tribunal difundió, se van a adentrar en un aspecto muy sensible de los actos de gobierno. Me refiero a la cuestión de la administración del dinero común. Esto es, cómo se debe administrar el dinero de todos los ciudadanos. 

En un país con los problemas que sobre ese punto existen desde hace mucho tiempo, es importantísimo que los magistrados expliquen con claridad qué se puede hacer, qué no se puede hacer y cuál es la forma de hacerlo. También deberán explicar cómo los condenados tienen que devolver el dinero y responder con su patrimonio por el daño causado al tesoro público. En otras palabras, los jueces tienen la posibilidad y el deber de elaborar un texto que explique a la gente de a pie por qué los funcionarios tienen que hacerse cargo de sus actos y en qué consiste ese hacerse cargo.

Decía que en ese marco la avidez de novedades no contribuye al fortalecimiento de las instituciones de la democracia. La participación en la vida pública es conflictiva porque supone los encontronazos entre diferentes visiones del mundo. En el mercado de las opiniones hay tensiones y pujas. La discusión para definir el significado del derecho integra el elenco de tensiones, aunque es una labor del sistema judicial saldar el debate. Me preocupa que desde ayer se inició un debate muy fuerte acerca del significado del delito por el que se condenó a Cristina Fernández de Kirchner y sobre el desarrollo de ese juicio. Y me preocupa porque no se conocen las razones de los jueces. Se trata de críticas que responden a la avidez de novedades. Pero además de ello, decía que esas perspectivas no son neutrales porque hieren aún más la alicaída legitimidad de las instituciones. Coqueteando con Max Weber, se puede concluir que nuestras élites se comportan de acuerdo con la ética de la convicción, pero muchas veces dejando a un lado la responsabilidad por sus acciones. Weber recomendada a quien consagra su vida a la política balancear sus convicciones más íntimas con los efectos de sus acciones, porque el buen político combina sus convicciones con la responsabilidad derivada de sus actos. 

Para un ecosistema institucional tan frágil como el nuestro, en el que las mediaciones instituidas por la república democrática tienen muchos problemas para satisfacer las demandas ciudadanas, no creo que sea saludable un comportamiento de la dirigencia que, con sus acciones -porque los discursos son una forma de acción social-, adelante un debate que necesariamente debe darse, pero que sobre bases sólidas solo puede empezar después del 9 de marzo de 2023.