Opinión

Mentiras en política

Mentiras en política

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En las últimas semanas los hechos que conmueven a Colombia, a Nicaragua, a Haití, a Sudáfrica y a Bolivia, por citar solo algunos ejemplos, revitalizaron la discusión sobre la mentira en la vida pública.

El uso de la mentira en la arena política se puede rastrear en el tiempo. Tomo dos casos. Platón en su República la vio con buenos ojos. Dijo que “Una mentira es útil solo como medicina para el hombre y el uso de estas mentiras debe reservarse sólo a los médicos” (recordemos que para Platón el ejercicio de la política estaba reservado a unos pocos). Maquiavelo aconsejó al Príncipe el uso de la mentira, porque “Si todos los hombres fueran buenos, este precepto sería malísimo, pero ellos como son malos y no observarán su fe con respecto a ti si se presentase la ocasión, no estás obligado a guardarles tu fidelidad”. En ambos casos, la mentira está pensada como un recurso para mantener la cohesión de la ciudad (del Estado diríamos hoy), despojada de componentes morales. Pero el devenir histórico modificó el uso de las mentiras en la vida pública.

A partir del siglo XX, con la democracia de masas, la ampliación del derecho al sufragio, la política como una profesión y el impacto de la tecnología en la competencia por acceder a los roles de gobierno convirtieron a la mentira en un recurso de la política práctica. Bernard Manin definió el fenómeno como “democracias de lo público”, en la que los partidos políticos se limitan a crear candidatos que, como si fuesen productos, son consumidos por el electorado. En el caso argentino la promesa de una “revolución productiva”, que fue el caballito de batalla de Carlos Menem en 1989, fue un ejemplo.

No obstante, la revolución comunicacional del siglo XXI expandió la eficacia de la mentira y cambió sus efectos. Las posibilidades de organizarlas y de difundirlas se volvió prácticamente ilimitada, perfeccionando probablemente la experiencia nacionalsocialista de la Alemania de Hitler y Goebbels. Esto incidió en los efectos de la mentira, porque permite construir verdaderas burbujas virtuales, que, aunque carecen a veces de vínculo con la realidad, capturan la subjetividad de los espectadores.

Los romanos distinguían al sujeto de derecho, es decir, al que podía tomar decisiones por sí mismo -con la categoría sui iuris- mientras que llamaban alieni iuris a los que no podían hacerlo. Mi intuición es que, en determinadas situaciones muy específicas, la mentira debidamente organizada y exprimiendo al máximo las capacidades tecnológicas puede convertir a las personas en alieni iruis; es decir, en alineados. El mitin que en base a mentiras montó Donald Trump el 6 de enero de 2021 y que culminó con la invasión del Capitolio por parte de sus seguidores, es un indicador concreto de la potencia de la mentira planificada. 

Es evidente que la mentira es una constante en la vida pública de las sociedades occidentales, aunque las formas en que se la utiliza actualmente permiten sospechar que son algo más que promesas falsas o acusaciones sin fundamento. Probablemente, se convirtió en un elemento decisivo para hacer posibles proyectos políticos que, si bien invocan a la democracia como horizonte normativo, en rigor de verdad están pensando en órdenes políticos poco inclusivos. La mentira puede ser un insumo que apunta a crear una realidad diferente al lenguaje de los hechos. La mentira como vector de construcción política apunta a mantener o sustituir una forma de ejercicio del poder. Esto es decisivo.

En efecto, la mentira como elemento para representar un mundo diferente al de los hechos, es un intento de conservar o reemplazar el estado de las cosas. Fundamentalmente porque busca negar algo real y aturdir al receptor para expropiar su atención. Este es su secreto, ya que significa la expropiación de la atención del receptor mediante el aturdimiento. Lo aturde porque la mentira se emite desde diversos canales y durante mucho tiempo: la prensa, la tv, las redes sociales, los memes. Lo aturde porque la intensidad de la lluvia de información que gira en derredor del mismo eje poco a poco aleja al receptor del mundo de la vida. En fin, esa multiplicación de mensajes inunda los sentidos y obtura la capacidad de correr el barniz y mirar si hay algo tras esas capas espesas de mentiras. Su efecto principal tiene que ver con que desplaza la discusión. La realidad queda a un lado.

La mentira como vector de construcción política apunta a mantener o sustituir una forma de ejercicio del poder.

En la justicia nos pasa todo el tiempo. Los juicios tienen pasos que llevan tiempo. No es factible decir “culpable” o “inocente” en un día. Aunque la justicia es particularmente lenta en nuestro país, necesariamente tiene una temporalidad distinta a la de otras actividades. Así, a menudo se usa la mentira organizada cuando los casos involucran a personas con importantes recursos económicos, políticos y/o simbólicos para crear una situación distinta a la real. Se apuesta al fracaso de la investigación. Cito un ejemplo. Cuando la República Federativa de Brasil y la República Oriental del Uruguay enviaron pruebas oficiales sobre las derivaciones de “Odebrecht” en nuestro país, se decía que esos documentos oficiales eran falsos. Tan bien se organizó, que la discusión se desplazó hacia las mentiras. La intención no era simplemente desprestigiar el proceso penal sino negarlo, porque en esos casos tan importantes es casi imposible que el éxito de la investigación no altere la realidad material que, a través de la mentira, se intentó en esos casos conservar.

El eje que me interesa retener, entonces, no tiene que ver con aspectos éticos que me preocupan y mucho. En este caso, el eje se vincula con el recurso que surge de combinar las posibilidades comunicacionales con mentiras debidamente planificadas para negar hechos que se presumen amenazantes. Ello se traduce en la chance concreta de reducir el espacio público a través de la acción de demonizar o invisibilizar hechos que algún grupo o persona catalogue como un riesgo para afectar determinadas posiciones. Significa que, quien pueda, tiene posibilidades para fijar de facto reglas de juego en la arena pública que distingan lo admisible de lo inadmisible, por fuera de la constitución.  

Y aquí yace una cuestión nodal y que tiene que ver con el pleno imperio de la ley. En una república democrática, son los ciudadanos a través de las mediaciones institucionales, quienes definen lo permitido de lo prohibido. La transformación de la mentira en el sentido precedentemente individualizado es un tópico pendiente de regulación específica; es decir, acorde con los tiempos que corren. Pero en términos individuales hay un terreno que debemos recuperar los ciudadanos y que tiene que ver con valorizar el honor ¿Cómo? Exigiendo mediante la ley que las ofensas personales sean reparadas. Naturalizar la devaluación del honor y tolerar las ofensas son formas de matar por dentro la democracia y de reproducir la eficacia política de la mentira. Sobre todo, porque una sociedad constituida por vínculos sociales que se nutren de la mentira es frágil y solo es remunerativa para aquellos sectores que tiene posibilidades de propagarla de manera sistemática. La mentira es  hostil a las mayorías y abre el camino hacia lo que Robespierre llamó “la aristocracia del dinero”.

FD

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