Un nuevo intento privatizador de Aerolíneas en la Argentina pendular

Muchas veces se sostiene que Argentina es pendular, y esa caracterización también sirve para pensar la relación entre el Estado (o la sociedad) y Aerolíneas Argentinas. Al igual que con YPF, AySA, los ferrocarriles, la gestión privada ya se probó y fracasó. Sin embargo, los intentos privatizadores perseveran, y con distintos rostros, vuelven a la carga contra la empresa estatal, aprovechando la oleada libertaria.

Este viernes el vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que el Gobierno buscará avanzar con la privatización de Aerolíneas Argentinas, independientemente de que esa iniciativa fue desestimada en el debate de la ley Bases en el Congreso. Según indicó, avanzarán por decreto presidencial.

Algunos títulos noticiosos de la época pre-reestatización pueden permitir ilustrar la situación de Aerolíneas en manos privadas:

La línea de bandera privatizada en los 90 sufrió un proceso de desguace y vaciamiento que terminó generando las condiciones para que en el año 2008 se sancione la Ley 26.466, en la que se declara de utilidad pública y sujetas a expropiación las acciones de las empresas Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur Sociedad Anónima y de sus empresas controladas. 

16 años después, ese mismo Congreso quiere desprenderse de Aerolíneas, luego de haber saneado la compañía, incrementado sustancialmente la conectividad y reduciendo a 0 el aporte que recibe del Tesoro nacional. 

El saneamiento de la compañía y la reducción del aporte estatal

 Luego de la crisis del COVID, que quebró a más de 50 compañías aéreas en todo el mundo, Aerolíneas pudo año tras año mejorar su resultado operativo: de una pérdida de US$654 millones en 2020, a -439 millones en 2021, -247 en 2022 y -48 millones al primer semestre de 2023 (último dato auditado).

En lo que respecta a transferencias recibidas por parte del Estado Nacional, en 2022 recibió transferencias por $47.705 millones, esto es, 0,28% del total de gastos del Sector Público Nacional. En 2023, si bien se devengaron aportes del Tesoro por $40.500 millones, efectivamente pagados fueron 0. Es decir, al Estado Nacional no le costó plata sostener la línea de bandera en 2023, ya que su déficit lo financió con el sector privado, como hacen otras compañías. En lo que va de 2024, el Estado le transfirió a Aerolíneas $58.733 millones, que según la Oficina Nacional de Presupuesto fueron para financiar “un plan de reducción de personal”. Para eso sí hay plata.

Resulta paradójico que habiendo finalizado el primer año en el que Aerolíneas no recibió transferencias, busquen privatizarla. Lo hacen además en medio de una disputa feroz con el gremio que representa a los trabajadores. Los números muestran por qué el reclamo sindical: en el primer semestre de 2024, el gasto en remuneraciones de Aerolíneas Argentinas se redujo 50% con respecto al mismo período del año anterior.

Lo hacen también a la par que instalan una campaña de desprestigio de la empresa, mientras buscan que la compre la compañía que se encuentra en el top 10 mundial de mayor porcentaje de cancelaciones: FlyBondi. Aerolíneas Argentinas en manos estatales, por su parte, se encuentra en el top 10 de desempeño entre las compañías de América Latina.

¿Por qué una aerolínea de bandera?

Es una pregunta que se formula recurrentemente. Argentina es uno de los países de mayor extensión territorial del mundo. A su vez, su desarrollo económico al interior resulta sumamente desigual. Si no se garantiza desde el Estado la conectividad aérea, difícilmente pueda reducirse esa desigualdad regional. En esa misión, Aerolíneas Argentinas es un actor clave, que permite financiar con rutas rentables otras rutas menos rentables pero fundamentales para un proceso de desarrollo.

Es la empresa que conecta exclusivamente a 42 rutas federales; es la única empresa que llega a 21 destinos de cabotaje de la Argentina: Resistencia, Río Gallegos, Rosario, Santa Rosa, Catamarca, Formosa, La Rioja, San Luis, Santa Fe, Paraná, San Juan, Viedma, Río Grande, Río Hondo, Río Cuarto, San Rafael, Bahía Blanca, Reconquista, Mar Del Plata, Esquel y Merlo. Este panorama por lo menos era el que dejó la gestión anterior a diciembre de 2023, ya que al asumir Milei, hubo cambios y recortes: a Río Cuarto por ejemplo se anunció el cese de la ruta, y tuvo que intervenir la intendencia para financiar los vuelos; a Reconquista se interrumpieron; el denominado corredor atlántico también será suspendido a partir del primero de octubre.

Es también la compañía que trajo a quienes quedaron varados durante la pandemia, la que trajo las vacunas, las que repatrió a ciudadanos desde Israel tras el estallido del conflicto bélico, la que traslada tejidos y órganos para trasplantes en vinculación con el INCUCAI.

Y sin embargo, un conjunto de legisladores opositores aliados al gobierno, quieren entregarla a las low cost, que ya demostraron en la experiencia macrista que no garantizan conectividad, sino que sólo van allí donde la rentabilidad es alta. Es comprensible que lo hagan, y por eso mismo debe haber otro tipo de gestión aerocomercial (estatal) que vele por los intereses del desarrollo económico de nuestro país. Esa no es una tarea de privados, por más que así lo sostenga el actual presidente.