El Tribunal Oral Federal resolvió condenar a CFK por el delito de administración fraudulenta en perjuicio contra la administración, con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de sus bienes, como así también, absolverla por el delito de asociación ilícita.
Uno de los contenidos de la garantía del debido proceso consiste en la inmediatez de los fundamentos que motivan la decisión que se adopta a través de una sentencia. Una garantía implícita también se vincula con uno de los objetivos constitucionales establecidos por el preámbulo como lo es afianzar la justicia. Tal como sostiene Leandro Guzmán, los jueces y las juezas deben desarrollar una motivación autosuficiente que sostenga la decisión adoptada respetando el principio de congruencia, adecuándose a los términos que se planteó el litigio y valorar razonablemente los hechos, las pruebas y las normas aplicables.
El art. 400 del código procesal penal habilita a los tribunales en ciertos supuestos de suspensión del juicio y cuando la audiencia del juicio oral se hubiera extendido por más de seis meses extender el plazo de la lectura de los fundamentos del fallo de 5 a 40 días. No es una imposición sino una facultad que puede ejercerse o no. Una breve reseña de los fundamentos o resumen ejecutivo no suple dicha omisión.
La importancia del caso y su impacto en la opinión pública hace que la falta de fundamentos de manera sincrónica con lo resuelto adormezca la legitimidad del fallo y genere varios tipos de especulaciones.
El fallo se vincula con el mandato constitucional previsto por el art. 36 de la Constitución Nacional en cuanto procura evitar y sancionar los delitos dolosos contra el Estado que conlleven enriquecimiento por atentar contra el sistema democrático y cumplir con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino al ratificar Convenciones regionales y universales contra la corrupción.
La sentencia no implica que CFK vaya de forma inmediata a prisión, que no pueda presentarse a competir electoralmente en 2023 o que sus bienes sean decomisados en el acto. Comienza un largo camino de apelaciones que empieza en la Cámara de Casación Penal y culmina en la Corte Suprema de Justicia. Recién después de estas revisiones ordinarias por parte de la Casación y extraordinarias por la Corte Suprema de Justicia será cuando la sentencia dictada quede firme en caso de ser confirmada se ejecutará plenamente.
El tribunal se concentró en el delito vinculado con la corrupción y será fundamental conocer en profundidad los fundamentos para poder analizar la forma que el tribunal valoró razonablemente los hechos y las pruebas para arribar a la condena y derrumbar el principio de inocencia. Especialmente, si se trata de prueba indirecta la cual también puede llevar a una condena pero deber ser contundente y precisa.
Un largo camino judicial con variadas connotaciones políticas son los próximos capítulos que surcarán esta sentencia en los tiempos que vendrán.