La reforma laboral se presenta hoy en el debate público a partir de sus disposiciones legales —en el marco del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo—; sin embargo, ese plano resulta central precisamente porque habilita la institucionalización de un determinado orden social. A través de los cambios normativos que propone, la reforma no solo introduce modificaciones jurídicas, sino que configura transformaciones estructurales en las condiciones de vida, redefiniendo los márgenes de previsibilidad sobre los que se organiza la vida cotidiana.
El impacto de una reforma laboral se define por la manera en que sus disposiciones le dan forma a la Cuestión Social, en tanto inciden sobre los márgenes de autonomía de los trabajadores, las dinámicas familiares y las desigualdades preexistentes. En este sentido, el conjunto de títulos que integran la reforma puede leerse como la institucionalización de un régimen de precarización, en la medida en que consolida un modelo de incertidumbre permanente.
Este desplazamiento —hacia la precariedad como norma— no es accidental. Responde a una lógica política más amplia que presupone, y al mismo tiempo consolida, una determinada configuración social. La reforma resulta posible en una sociedad previamente fragmentada en sus formas de contratación, balcanizada en sus condiciones de trabajo y atravesada por un desgaste sostenido de las capacidades de organización y articulación colectiva. En ese marco, la incertidumbre deja de operar como un efecto no deseado y pasa a constituirse en un componente funcional del proyecto.
Presentada como modernización, la reforma enviada al Congreso funciona en los hechos como un dispositivo de producción de inseguridad social, y no ya de protección, cuyos efectos exceden el ámbito del trabajo para penetrar en la organización familiar, en el reparto de los cuidados, en la previsibilidad económica y en la cohesión comunitaria. En este marco, la noción de modernización opera como un significante legitimador que dinamiza el discurso público, pero que oculta más de lo que revela. Lejos de modernizar las relaciones laborales, la reforma institucionaliza prácticas y vínculos ya presentes en el mundo del trabajo contemporáneo, consolidando normativamente formas de precariedad que hasta ahora operaban de manera informal.
Convertir la incertidumbre en norma no es simplemente flexibilizar. Es transformar la estructura misma sobre la cual las personas organizan su vida cotidiana. Ese movimiento, lejos de ser neutral, requiere —y a la vez reproduce— una sociedad debilitada.
Si bien la historia no ofrece garantías ni modelos a reproducir mecánicamente, sí habilita lecturas que permiten pensar el sentido instituyente de determinadas reformas y su capacidad para dar forma a la Cuestión Social. En ese marco, experiencias como la Asignación Universal por Hijo o los proyectos de licencias parentales, entre muchos otros. muestran que es posible diseñar políticas que, lejos de profundizar la incertidumbre, extienden derechos históricamente asociados al trabajo protegido —como el salario familiar o las licencias— hacia sectores excluidos del empleo formal. Se trata de intervenciones que amplían la cobertura social, estabilizan trayectorias de vida y fortalecen la cohesión social. Nombrarlas no implica nostalgia ni repetición, sino recuperar horizontes posibles que hoy parecen deliberadamente clausurados por un enfoque que concibe la modernización como sinónimo de desprotección.
*Tania Etulian es miembro del Centro de Estudios Atenea