Causa AMIA: el fiscal pidió procesar a diez iraníes y amplió la acusación contra la cúpula del régimen
El fiscal federal Sebastián Basso, a cargo de la Unidad Fiscal AMIA, solicitó el procesamiento de diez ciudadanos iraníes y libaneses acusados de haber participado en la planificación y ejecución del atentado contra la sede de la AMIA, perpetrado el 18 de julio de 1994 y que dejó 85 muertos y más de 140 heridos. En un dictamen de 201 páginas, firmado esta semana, también pidió la captura internacional de Alí Asghar Hejazi, señalado como uno de los principales jerarcas del régimen iraní.
Según la reconstrucción fiscal y como consignó Infobae, Hejazi integraba la estructura más cercana al líder supremo iraní y habría presidido el denominado Comité Vijeh, el ámbito donde —de acuerdo con la acusación— se analizó el blanco, se recopiló inteligencia y se diseñó la propuesta operativa para destruir la mutual judía en Buenos Aires. Una vez que el plan fue aprobado por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, el ahora imputado habría tenido a su cargo la coordinación general para su ejecución.
La acusación cobró nuevo impulso tras las declaraciones de cuatro disidentes iraníes que testificaron en Francia ante el propio Basso. Con esos elementos, el Ministerio Público requirió la indagatoria de Hejazi, su declaración en rebeldía y la emisión de una orden de captura internacional. El planteo ya fue elevado al Juzgado Federal N° 6, actualmente subrogado por el juez Daniel Rafecas.
Los diez acusados cuyo procesamiento se solicitó ya cuentan con pedido de juicio en ausencia y mantienen alertas rojas de Interpol vigentes desde 2006. Entre ellos figuran exaltos funcionarios del régimen iraní como Alí Fallahian (exministro de Inteligencia), Alí Akbar Velayati (excanciller), Mohsen Rezai (excomandante en jefe de la Guardia Revolucionaria) y Ahmad Vahidi, quien condujo la fuerza Al Quds y recientemente fue designado al frente de la Guardia Revolucionaria. Todos habrían integrado el Consejo Supremo de Seguridad Nacional que, según la hipótesis judicial, autorizó el atentado en una reunión reservada celebrada en agosto de 1993.
También fueron incluidos exdiplomáticos destinados en Buenos Aires: Hadi Soleimanpour, entonces embajador; Mohsen Rabbani, consejero cultural; y Ahmad Reza Asghari, tercer secretario. La investigación sostiene que bajo cobertura diplomática conformaron una red de inteligencia que recopiló información sobre el objetivo, facilitó apoyo logístico y colaboró en maniobras de encubrimiento tras la explosión, aprovechando inmunidades y documentación oficial.
La nómina se completa con miembros de la organización libanesa Hezbollah. El principal señalado es Salman Raouf Salman, sindicado como coordinador operativo en territorio argentino, quien habría ingresado clandestinamente para organizar la llegada, estadía y fuga del comando ejecutor. Junto a él aparecen su hermano Abdallah Salman, vinculado al financiamiento, y Hussein Mounir Mouzannar, comerciante radicado en Paraguay que habría facilitado documentación apócrifa para encubrir identidades.
En términos penales, el fiscal atribuye a los imputados el delito de homicidio calificado por odio racial o religioso y por el empleo de un medio idóneo para causar peligro común, en concurso ideal con lesiones leves, graves y gravísimas sufridas por al menos 141 personas. Además, se los acusa de integrar o colaborar con una banda armada con fines discriminatorios. Como medida patrimonial, Basso solicitó actualizar los embargos preventivos sobre los bienes de los acusados por una suma que supera los 741 mil millones de pesos.
El avance del expediente se da en paralelo a la discusión sobre la aplicación del juicio en ausencia, previsto en la Ley 27.784. La defensa oficial planteó su inconstitucionalidad ante la Cámara Federal de Casación Penal, luego de que tanto Rafecas como la Cámara Federal porteña rechazaran objeciones previas. La definición quedará en manos de la Sala II del máximo tribunal penal.
En este contexto, uno de los acusados, Mohsen Rabbani, reapareció públicamente en medio del actual conflicto en Medio Oriente. En declaraciones a un canal de streaming, negó que Argentina pueda convertirse en objetivo de Irán por el alineamiento internacional del presidente Javier Milei y sostuvo que “los argentinos son amigos”. También defendió al régimen iraní como un sistema “democrático”, cuestionó con dureza al mandatario estadounidense Donald Trump y lamentó la muerte del líder supremo iraní en un reciente bombardeo.
“Es incorrecto decir que Argentina, que está fuera de esta área, sea objetivo de algo. Para nosotros los argentinos son amigos y siempre estamos trabajando juntos. Yo quiero al pueblo argentino”, sostuvo en declaraciones al canal de streaming AZZ.
Más allá de eso, dijo que sería “muy bueno que el gobierno argentino se pare del lado de la verdad”, en el marco del conflicto bélico internacional que protagonizan Estados Unidos e Israel de un lado, e Irán del otro.
Con información de medios y agencias
JIB
0