Opinión
Un veredicto histórico frente al odio y la violencia contra las lesbianas
Por primera vez en la Argentina, una sentencia judicial reconoce el odio hacia la orientación sexual de las víctimas como agravante de un crimen cometido contra mujeres lesbianas. La condena a prisión perpetua de Justo Fernando Barrientos por el ataque contra cuatro mujeres en una pensión del barrio porteño de Barracas constituye un precedente histórico para nuestro país. No solo por la gravedad de los hechos que juzga, sino porque la Justicia reconoce una forma de violencia que durante décadas fue invisibilizada, minimizada o directamente ignorada.
En la madrugada del 6 de mayo de 2024, Barrientos atacó con fuego a las cuatro mujeres en la habitación que compartían. Pamela, Roxana y Andrea murieron como consecuencia del ataque. Sofía fue la única sobreviviente. Sus nombres, sus vidas y las circunstancias en las que fueron violentadas deben permanecer en nuestra memoria colectiva.
La decisión del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 5 marca un punto de inflexión y reconoce que fue un lesbicidio, es decir, el asesinato de una o más mujeres motivado por prejuicios y discriminación hacia su orientación sexual, real o percibida. Se trata de un reconocimiento fundamental, porque aquello que la Justicia no nombra difícilmente pueda ser abordado, prevenido y reparado por el Estado.
Este reconocimiento adquiere todavía mayor relevancia en el contexto político y social que atraviesa nuestro país, en el que las máximas autoridades nacionales promueven discursos que estigmatizan a las personas LGBTI+, cuestionan sus derechos y reproducen prejuicios profundamente arraigados. Las expresiones patologizantes y discriminatorias no son inocuas, especialmente cuando provienen de quienes tienen la responsabilidad institucional de garantizar la igualdad y proteger a todas las personas frente a la violencia.
En la Argentina asistimos, además, a un proceso de desmantelamiento de las estructuras estatales destinadas a prevenir la discriminación, abordar las violencias por motivos de género y garantizar los derechos de las personas LGBTI+. La eliminación o el debilitamiento de estos dispositivos, junto con la legitimación de discursos estigmatizantes desde el poder político, profundizan las condiciones de vulnerabilidad de quienes históricamente han enfrentado mayores obstáculos para ejercer sus derechos.
En este escenario, la sentencia de Barracas representa mucho más que una condena penal. Es el reconocimiento institucional de una violencia que existe, que tiene consecuencias concretas sobre la vida de las personas y que el Estado tiene la obligación de prevenir. Es también un mensaje frente a quienes pretenden negar la existencia de la discriminación por orientación sexual o presentar las políticas de igualdad como privilegios injustificados.
Sin embargo, el carácter histórico de la sentencia no impide reconocer sus límites. Tanto la fiscalía como las tres querellas habían solicitado que se aplicaran conjuntamente el agravante de odio a la orientación sexual y el de violencia de género, previsto para los femicidios. El tribunal reconoció el primero, pero no el segundo. Los fundamentos del veredicto se conocerán el 19 de febrero de 2027. Sin embargo, esta distinción resulta especialmente relevante porque las víctimas fueron atacadas por ser lesbianas, pero también eran mujeres que vivían en una sociedad atravesada por desigualdades estructurales de género. Ambas dimensiones de la discriminación se entrecruzan y no deberían interpretarse como excluyentes.
El reconocimiento judicial de estas violencias debe avanzar hacia una comprensión integral de las experiencias específicas de las personas con identidades lésbicas. Por eso es fundamental que se reconozca el contexto de discriminación y hostigamiento que atravesó el ataque y los estereotipos y prejuicios que pesaban sobre las víctimas.
La respuesta estatal tampoco puede agotarse en una condena, por importante que esta sea. El tribunal no concedió las medidas de reparación ni las garantías de no repetición que solicitó la querella de Sofía. Entre ellas, su abogada había pedido atención psicológica y psiquiátrica gratuita durante el tiempo que la necesite y una prestación equivalente a una pensión por viudez tras la muerte de Andrea. Apoyos concretos para que Sofía pueda reconstruir su vida.
La querella también pidió que se eliminaran las reglas discriminatorias de los paradores porteños. Antes de llegar a la pensión, Sofía y Andrea habían vivido en situación de calle. Según se expuso en el juicio, los paradores no les permitían alojarse juntas como pareja. También se solicitaron políticas públicas para fortalecer la autonomía de las lesbianas, producir información sobre las violencias que enfrentan y protocolos y capacitaciones judiciales que aborden específicamente la violencia hacia las lesbianas y personas LGBTI+. El Estado sigue obligado a reparar el daño sufrido por Sofía y a remover las barreras que el juicio puso en evidencia.
Acceder a la justicia exige que las sobrevivientes puedan reconstruir sus proyectos de vida, que las víctimas sean recordadas con dignidad y que las instituciones adopten medidas concretas para evitar que hechos semejantes vuelvan a ocurrir. Implica también reconocer que la violencia contra las lesbianas no comienza con una agresión física extrema. Se alimenta de la discriminación cotidiana, la exclusión, la precariedad, los prejuicios institucionales y las barreras que obstaculizan el acceso a derechos fundamentales.
Desde Amnistía Internacional acompañamos este proceso porque entendemos que el juicio por el crimen de Barracas trasciende a las víctimas y sus familias. Este caso nos interpela como sociedad acerca de las condiciones en las que viven las lesbianas, de las violencias que permanecen invisibilizadas y de las responsabilidades que tienen las instituciones públicas para garantizar que todas las personas puedan vivir con libertad, igualdad y dignidad.
Esta sentencia es histórica porque reconoce judicialmente una violencia que durante demasiado tiempo fue negada. Pero también nos recuerda que el reconocimiento es apenas un punto de partida. En un país donde las autoridades que deberían proteger los derechos humanos contribuyen a desacreditarlos, defender la igualdad y la diversidad se vuelve una responsabilidad democrática urgente.
La memoria de Pamela, Roxana y Andrea, y la lucha de Sofía por obtener justicia y reparación, nos obligan a seguir reclamando algo tan básico como fundamental: que ninguna persona deba vivir con miedo, sufrir discriminación o perder la vida por amar a quien ama.