Acusaciones cruzadas entre los representantes de la Argentina y Venezuela en la Corte Penal Internacional

Argentina exigió este lunes una actuación “inmediata” de la Corte Penal Internacional (CPI) ante el “deterioro” de la situación en Venezuela, y Caracas respondió acusando a Buenos Aires de erigirse en un “falso defensor de derechos humanos”, en un cruce de declaraciones que tensó la apertura de la Asamblea de Estados Parte del tribunal en La Haya.

El representante de Argentina, Diego Emilio Sadofschi, advirtió que las “elecciones fraudulentas de julio de 2024” agravaron la situación en Venezuela y lamentó la falta de avances por parte de la CPI desde que la Fiscalía abrió formalmente la investigación en 2021 sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad atribuidos al Gobierno de Nicolás Maduro.

“Las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y otros crímenes de lesa humanidad que perpetra el régimen venezolano requieren investigaciones rigurosas, pero expeditivas, incluyendo órdenes de arresto contra los principales responsables”, advirtió Sadofschi.

En una respuesta inmediata, el embajador venezolano, Héctor Constant Rosales, acusó al Gobierno de Javier Milei de “politizar” de “forma altisonante” la conferencia para atacar “de manera inoportuna” la legitimidad del Ejecutivo venezolano.

Además, tildó de “vergonzosa” la conducta argentina en organismos multilaterales y denunció que Buenos Aires ha votado recientemente contra varias resoluciones de la ONU sobre derechos humanos, incluida una adoptada el pasado 20 de noviembre sobre tortura y tratos crueles, lo que, aseguró, contradice compromisos regionales y la sitúa como “un falso defensor de derechos humanos”.

El choque entre ambos países marcó una de las intervenciones más tensas de la sesión, en el primer día de una semana de conferencia en la que la CPI examina tanto el avance de su investigación sobre Venezuela y otros países, como la cooperación de los países miembros con el tribunal, entre otras cosas, en materia de ejecución de órdenes de arresto.

El representante argentino aclaró hoy que la decisión de Buenos Aires de no bloquear el consenso en la Asamblea que se celebra esta semana “no debe interpretarse como un gesto hacia Venezuela”, sino como una prueba del “compromiso” de Argentina con la CPI y con el funcionamiento de la propia Asamblea, en particular en las negociaciones sobre los países en situación de impago.

En este sentido, Caracas atribuyó su deuda con la institución a las “medidas coercitivas unilaterales ilegales” que, dijo, le impiden cumplir con sus obligaciones financieras, y aseguró que, una vez levantadas esas sanciones, podrá saldar los pagos pendientes con el tribunal.

“Conocemos de la particular sensibilidad en el caso de las medidas coercitivas unilaterales, sabiendo que la Corte hoy, desafortunadamente, es también víctima de estas prácticas que atentan contra el derecho internacional”, agregó Constant Rosales, en referencia a las sanciones estadounidenses que emitió la Administración de Donald Trump contra nueve funcionarios de la CPI por emitir órdenes de detención contra responsables israelíes, incluido el primer ministro Benjamín Netanyahu.

Este cruce entre Venezuela y Argentina se produjo minutos después de que la Fiscalía de la CPI anunciara que cerrará su oficina en Caracas por la falta de “progreso real” de Venezuela en materia de “complementariedad”, el principio que exige al país en cuestión investigar seriamente los crímenes de los que se le acusa antes de que intervenga este tribunal.

La CPI abrió la investigación sobre Venezuela en 2018 a raíz de una remisión de varios países, pero Caracas intentó repetidamente frenar el caso, alegando que su sistema judicial está llevando a cabo investigaciones internas. La Corte rechazó esa posición en 2023 y autorizó la reanudación de las pesquisas por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos desde 2017.

Fiscalía de CPI cerrará su oficina en Caracas

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció este lunes que cerrará su oficina en Caracas por la falta de “progreso real” con Venezuela en materia de “complementariedad”, el principio que exige al país en cuestión investigar seriamente los crímenes de los que se le acusa antes de que intervenga este tribunal.

El fiscal adjunto, Mame Mandiaye Niang, explicó su discurso de apertura de la 24ª Asamblea de Estados Parte de la CPI que, pese al “compromiso sostenido” mantenido con las autoridades venezolanas, la CPI concluyó que “el progreso real sigue siendo un reto”, por lo que decidió clausurar la oficina instalada en el país sudamericano en 2024 para trabajar junto a las autoridades venezolanas.

“Siendo conscientes de la necesidad de gestionar eficazmente nuestros recursos limitados, hemos decidido cerrar nuestra oficina en Caracas”, señaló Niang.

No obstante, Niang subrayó que la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela “permanece activa” y dirigida por un equipo de fiscales que seguirá trabajando desde La Haya.

Caracas siempre rechazó esta investigación, alegando que debía respetarse el principio de complementariedad, por el que el tribunal internacional complementa la justicia nacional del país, no la sustituye, y solo puede intervenir si el Estado afectado no investiga.

El cierre de la oficina marca un giro en la relación entre la CPI y Caracas, que durante meses sostuvo intercambios con el tribunal en torno a la responsabilidad penal por las acusaciones por violaciones de derechos humanos en el país.

El fiscal Karim Khan dijo en abril de 2024 que la apertura de esa oficina era una “oportunidad única” para seguir avanzando en las investigaciones sobre presuntos crímenes de lesa humanidad y crear -señaló- un vínculo entre las leyes y el apoyo técnico que prestarán a la nación caribeña.

La CPI abrió la investigación sobre Venezuela en 2018 a raíz de una remisión de varios países. El Gobierno de Nicolás Maduro intentó repetidamente frenar el caso, alegando que su sistema judicial está llevando a cabo investigaciones internas, pero la Corte rechazó esa posición en 2023 y autorizó la reanudación de las pesquisas por crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017. 

EFE