Ana Castellani: “Hay una idea de que el empleado público es el de ventanilla, pero eso no es ni el 25%”

–¿Por qué considera que el achicamiento del Estado se volvió una de las principales propuestas de campaña de dos de los tres candidatos más votados en las PASO? Hablo de Javier Milei y Patricia Bullrich.

–Hay una mayoría de trabajadores que están excluidos del sistema formal y han perdido capacidad adquisitiva en un país que hace 10 años que no logra incrementar el PBI per cápita de manera sostenida. Ese es el escenario de fondo, con gobiernos en los que se fueron depositando expectativas y que no lograron cumplirlas. En ese escenario viene alguien como Milei y dice que el problema se debe a que la casta utiliza el Estado para su propio beneficio y te oprime con los impuestos. Entonces, afirma, lo que hay que hacer es achicar el Estado. Lo mismo sucedió a fines de los 80 cuando tras la crisis hiperinflacionaria se dijo: “Señoras y señores, esto se debe a que el Estado no tiene manera de manejar todas las empresas y hay que achicarlo. Hay que desprenderse de eso y modernizarse”. Y la sociedad lo aceptó, porque con tal de volver a una estabilización de la moneda y a una situación de normalidad estuvo dispuesta a vender las empresas públicas que se habían ido construyendo a lo largo del Siglo XX, en algunos casos con déficits muy concretos en los servicios que brindaba. 

–¿En cuánto afecta también la crisis económica actual?

–Tuvimos un deterioro muy pronunciado de todos los ingresos porque el proceso inflacionario es destructivo. El nivel de desocupación actual (6,9%) es, dentro de todo, razonable, pero la mitad de la población económicamente activa trabaja en la informalidad. Y también hay que decir que la pandemia fue catastrófica, especialmente, para los trabajadores informales. La pandemia mostró con mucha claridad que todos los empleados públicos siguieron trabajando, algunos en forma presencial y otros desde sus casas, y cobraron su salario regularmente. Los trabajadores registrados en el sector privado cobraron en algunos casos sus salarios completos, en otros casos con ayuda del Estado a través del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y en otros, menos. Y eso marcó una idea de privilegio. En ese escenario, insisto, viene alguien y te señala que la culpa de tus males es del Estado… Pero también creo que hay funciones del Estado que están naturalizadas por la sociedad, desde que se asfalten y limpien las calles, que funcione un semáforo, que venga la ambulancia, que puedas atenderte en un hospital público. Es cierto que habría que mejorar algunas cosas, pero en todo caso se logrará contratando más trabajadores o ampliando el alcance del servicio, pero nunca menos. El ejemplo más contundente es la cobertura gratuita de los medicamentos para los adultos mayores afiliados al PAMI o las vacunas del Calendario Nacional. En general, los argentinos no tenemos registro de cuánto cuesta un parto o que te atiendan en la vía pública tras un accidente; ni siquiera hablo de una enfermedad grave que requiera medicamentos costosos e pesos o drogas carísimas en dólares. Hablo de cosas más comunes y visibles.

–¿En cuánto influye todavía hoy aquel personaje televisivo de Antonio Gasalla que parodiaba a una supuesta empleada estatal?

–Hay una idea de que el empleado público es el de ventanilla, el que atiende al público, pero el Estado nacional no tiene ni el 25% de su dotación dedicada a la atención a la ciudadanía. El grueso está en otras tareas de mucha mayor complejidad. Sí estoy de acuerdo en tener un debate sobre la Administración Pública Nacional para poder definir cuáles son las políticas públicas que van a persistir más allá de los cambios de gestión. No hubo una continuidad de las políticas públicas del Estado en estos 40 años de democracia. Si viene un gobierno y desmantela todo lo que hizo el anterior, no va a funcionar bien. Los liberales, que quieren manejar todo como una empresa, tendrían que pensar si someterían sus planes de negocios a estos vaivenes; se funden si lo hacen. Hay que tener un norte con respecto al manejo del Estado. Y eso también es un llamado de atención a toda la clase política, porque cuando es oficialismo cree que la Administración Pública es parte de una caja de herramientas de uso exclusivo. Cada gobierno tiene que aprender a gestionar con la Administración Pública que tiene, con los empleados que tiene y que vienen de otros gobiernos, que entraron en otros períodos, que concursaron y demostraron idoneidad para hacerlo.

–¿Qué Administración Pública Nacional heredará el próximo gobierno?

–Mucho mejor que la que recibimos. Porque lo bueno que hizo la gestión anterior nosotros lo mantuvimos e, incluso, lo mejoramos. Por ejemplo, el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos, que implicó la despapelización de los expedientes. En el ámbito de la capacitación, hemos logrado, gracias a la digitalización y la virtualización que nos impuso la pandemia, extender la oferta de cursos para trabajadores hasta multiplicarla por diez. Para llevar a cabo ese proceso, incrementamos mucho el presupuesto. También estamos concursando 16.000 cargos, de los cuales casi 9.000 los tenemos terminados y el resto se encuentran en proceso. Eso no pasó nunca antes. Dejamos una APN mejor de la que la recibimos, aunque falta mucho.

GT/DTC