Derechos Humanos
Argentina otorga estatus de refugiadas políticas a familiares de las dos chicas asesinadas por el ejército paraguayo
El Estado argentino otorgó el estatus de “refugiadas políticas” a seis mujeres familiares de miembros del grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que opera en el norte de ese país. Se trata de las madres, tías y otros parientes de Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, las dos niñas de 11 años asesinadas por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) de Paraguay el 2 de septiembre de 2020; y de la joven de 14 años Carmen Elizabeth Villalba, desaparecida desde el 30 de noviembre pasado.
El refugio político alcanza a Myrian Villalba, Alexandra Villalba, Mariana de Jesús Ayala López, María Rosa Villalba, Daniela Esperanza Meza Villalba y Magna Esmeralda Meza Villalba, quienes pasaron hace varios años desde Paraguay hacia la provincia de Misiones “escapando de una muerte segura”, según planteó la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina, entidad que las representa legalmente.
La Comisión Nacional para los Refugiados firmó la resolución el pasado 18 de febrero, que establece “la condición de refugiada en los términos de la Ley N.º 26.165”. De esta forma, las mujeres podrán regularizar su situación migratoria, y ya no podrán, en caso de existir una causa judicial en su contra, ser extraditadas al Paraguay.
El complejo proceso para llegar a ese reconocimiento fue realizado por la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina que, además, defiende a los presos acusados de pertenecer al EPP.
“Hace muchos años que la Gremial dio una mano para sacar de la zona de conflicto armado a muchos niños, hijos de militantes del EPP con sus madres. Algunas compañeras vinieron embarazadas, escapando en algunos casos de una muerte segura”, se resaltó desde la entidad de abogados y abogadas.
Las mujeres se establecieron en Puerto Rico, Misiones, “y ahí los niños fueron creciendo, estudiando e integrándose. Sus madres estudiaron, como Laura (actualmente detenida en Paraguay) que es enfermera y Myriam que es abogada”.
La Gremial explicó que “a partir de las tragedias y matanzas” producidas en la persecución del EPP “la inteligencia militar paraguaya (asesorada por yankis, israelíes y colombianos) puso sus miras reales y judiciales en esos niños y sus madres. Fueron denunciados y reclamados en extradición. Hubo que sacarlos de Misiones donde estaban a metros del Paraguay, y traerlos para Buenos Aires, con los drones de la inteligencia militar sobrevolando siempre su casa”. En ese contexto la organización inició los trámites para lograr el estatus de “refugiadas políticas”, finalmente otorgado a mediados de este mes.
“Saber que todos estas niñas y las compañeras, las hermanas y la mamá de Carmen Villalba (detenida en Paraguay) no serán alcanzados por el genocida e infanticida Gobierno y Estado Paraguayo, nos llena de tranquilidad”, concluyó la Gremial.
Informe sobre derechos humanos
Paralelamente, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) realizó una “Misión de Observación en la zona Norte del país” y concluyó en la enumeración de diversas violaciones a los derechos humanos.
La organización -que este viernes presentó en conferencia de prensa su informe preliminar- cuestionó el accionar del Estado por la “militarización” de las tareas de seguridad, pero al mismo tiempo caracterizó al Ejército del Pueblo Paraguayo como “organización criminal” y equiparó sus acciones con las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Gobierno de Mario Abdo Benítez.
Entre el 22 y 26 de febrero de 2021, la CODEHUPY llevó a cabo una misión de observación en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, en la zona norte de la región Oriental del Paraguay, que, según se explicó, “tuvo el objetivo general de relevar información sobre la situación de los Derechos Humanos en las comunidades que conviven desde el año 2013 con un proceso de militarización y presencia de grupos criminales en la zona norte del Paraguay”.
Durante la conferencia de prensa brindada por Myrian González y Oscar Ayala, ambos secretarios Ejecutivos de la entidad, se calificó como “organización criminal” al EPP y se enumeraron como “hechos graves y sistemáticos” los “secuestros y asesinatos” reivindicados por el grupo guerrillero.
Incluso llegó a cuestionar a las familias de las niñas por no protegerlas, en el contexto de violencia en el norte del país, y habló de “enfrentamiento” entre el EPP y las FTC el día del asesinato de las menores.
Ayala pidió que el Estado aborde la situación generada por la presencia del EPP con un “tratamiento policial y como un tema de seguridad”, y que descarte, en ese sentido, una salida negociada políticamente como sucede en otros países en los que se reconoce a estas organizaciones como “beligerantes”.
La CODEHUPY criticó la persecución contra campesinos y dirigentes sociales, a quienes el Gobierno caracteriza como colaboradores del EPP y los condena en juicios sin contar con los elementos probatorios mínimos necesarios.
Durante su intervención, Ayala cuestionó que esa tarea haya quedado en manos del Ejército y otras fuerzas de seguridad no policiales; pidió “más acción gubernamental para prevenir estos hechos” y un “cambio de estrategia en las políticas de seguridad del Estado”, y se solidarizó con los familiares de las personas que el EPP mantiene secuestradas.
Los referentes de la organización de derechos humanos no hicieron mención a la situación del asesinato de las dos niñas argentinas de 11 años y a la desaparición de la joven de 14, sino hasta que fueron consultados por la prensa. Tras la pregunta Ayala dijo que la Fuerza de Tarea Conjunta debiera realizar un “esfuerzo mayor” en la búsqueda de Carmen Elizabeth y “pegar carteles con su rostro” en las localidades del Departamento de Concepción.
Críticas
El informe de la CODEHUPY fue criticado por referentes de organismos de derechos humanos y organizaciones de Argentina.
Durante la conferencia de prensa en Paraguay, la co-Presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), María Elena Nadde, intervino de manera virtual en los comentarios de la transmisión para aclarar que “los delitos de la sociedad civil o de particulares no justifican el terrorismo de Estado”.
En un mismo sentido, preguntó: “¿De las niñas argentinas asesinadas no van a comentar nada?, ¿y de la adolescente desaparecida? Desde APDH Argentina estamos muy preocupados”, dijo.
En tanto, para Laura Taffetani de la Gremial de Abogados y Abogadas, la conferencia de prensa de la CODEHUPY fue “lamentable” porque “pone en el mismo nivel la situación de las familias a la obligación del Estado. El rol de un organismo de derechos humanos es solamente controlar las violaciones que existen de derechos humanos de un Estado, y no tiene la potestad para evaluar otras situaciones de los particulares, ni siquiera la de las organizaciones sociales, políticas, e incluso armadas”.
“Lamento mucho este tipo de informes, en la Argentina ya lo hemos vivido con la Teoría de los dos demonios”, cuestionó.
Agregó que “ante hechos tan graves como ha sido la ejecución de niñas, (la CODEHUPY) habla de enfrentamiento sin aportar cuáles son los elementos que han tenido ellos en su investigación -que no sea la posición de la Fuerza de Tarea Conjunta- para decir que lo hubo”.
“Realmente uno espera que en oportunidad de hacer una misión tan importante se dé una actitud que pudiera ayudar al esclarecimiento de la situación de las niñas y también el rol del estado en la búsqueda de Carmen Elizabeth. Poco ayuda una organización de derechos humanos que toma la postura del Estado”.
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