Carta de 500 empresarios y profesionales al Congreso para que frene el juicio político a la Corte

Un grupo de 500 empresarios y profesionales renombrados hicieron llegar hoy una carta abierta a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para presionar al oficialismo en pos de que deje sin efecto el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

“Iniciar un proceso de juicio político a los integrantes de la CSJN por no estar de acuerdo con el contenido de sus sentencias, causa no prevista en la Constitución Nacional, es un desatino institucional que, además de ponernos en evidencia negativamente ante los ojos del mundo, pone en duda cualquier decisión de inversión a largo plazo en Argentina”, argumentaron en el escrito.

Y deslizaron un interrogante: “¿Quién va a invertir en un país que cambia las reglas de juego permanentemente y desconoce los fallos de la Justicia?”

A su entender, “el respeto a la división de poderes y el acatamiento a las sentencias del Poder Judicial son elementos esenciales de dicho marco y fundamentales para que exista y se mantenga la inversión privada y la creación de empleo, único camino para reducir la pobreza que afecta a gran parte de nuestros conciudadanos”.

Los firmantes concluyeron la misiva apelando a “la conciencia y responsabilidad de los diputados para que reflexionen a tiempo, se aboquen a la tarea de abordar los múltiples problemas que aquejan a nuestra población y le eviten a nuestro país un período de turbulencia política injustificada que no contribuye en nada a la solución de dichos problemas”.

Entre los ejecutivos que firman están Facundo Gómez Minujin (JP Morgan-Amcham), Gonzalo Tanoira (ACDE- San Miguel) , Arturo Acevedo (Acíndar), Cristiano Rattazzi (Fiat), Gastón Remy (Nuqlea), Roberto Murchison, Claudio Cesario (ABA), Guibert Englebienne (Globant) y Eduardo Gorchs (Siemens Argentina).

También la suscribieron Alejandro Elsztain (Cresud), Luis Bameule (AEA), Gerardo Cartellone, Carlos Miguens, Eduardo Caride, Javier Goñi (Ledesma), Juan Vaquer (Dupont), Silvia Bulla (Danisco), Nicolás Braun (La Anónima) y Enrique Cristofani. Además, se sumaron Miguel Blanco (Swiss Medical), Juan Carlos Cassagne, Máximo Founruge, Cecilia Mairal y Javier Patrón (Estudio Marval), César Litvin y Santiago Mignone (PwC), Guillermo Lipera (Idea), Alberto Garay (Colegio de Abogados de la Ciudad) y Juan Vaquer (Dupont - ACDE).

Tras impulsar el juicio político contra la Corte junto a una decena de gobernadores oficialistas, el Poder Ejecutivo envió la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso incluyendo en el temario esta iniciativa que permitiría, con mayorías calificadas en ambas cámaras, remover de sus cargos a los magistrados e inhabilitarlos de por vida a ejercer cargos públicos.

En el oficialismo acusan a la cúpula de la Corte Suprema bajo la figura de “mal desempeño en sus funciones” por invadir competencias que son inherentes al Poder Legislativo, como por ejemplo en la selección de los miembros del Consejo de la Magistratura o en la distribución federal de recursos coparticipables.

Según aducen en el Frente de Todos, el máximo tribunal favoreció arbitraria y deliberadamente a Juntos por el Cambio en su fallo vinculado a la integración del Consejo de la Magistratura, y también benefició a la Ciudad en el conflicto por la coparticipación.

En el pedido de juicio político se suman otros móviles como la actuación de la Corte en el fallo del 2x1 a los represores de la última dictadura militar, y el manejo de la obra social, aunque en estos casos la acusación no es contra todos los miembros del tribunal.

 DA