Se vota este miércoles en Diputados
Cinco provincias y seis grandes mineras: quién es quién detrás de la reforma de la Ley de Glaciares
Cinco provincias con actividad minera y seis grandes mineras. En ese puñado de intereses se concentra la expectativa por la reforma de la Ley de Glaciares que este miércoles concretaría el Gobierno en la Cámara de Diputados. El proyecto apunta a modificar el régimen de protección vigente desde 2010 y habilitar condiciones para el desarrollo de inversiones por miles de millones de dólares en la cordillera de los Andes.
El cambio central que introduce la reforma es en la definición de qué se protege. La ley vigente establece una tutela amplia sobre glaciares y ambiente periglacial, sin distinción. El nuevo esquema propone limitar esa protección a los cuerpos de hielo que demuestren una “función hídrica efectiva”, delegando en las provincias la potestad de determinar qué queda alcanzado y qué no. En la práctica, implica pasar de una protección general a una protección condicionada, con un cambio en los criterios técnicos y en la autoridad que define las áreas vedadas a la actividad minera.
San Juan, Catamarca, Salta, Jujuy y Mendoza aparecen como los principales impulsores territoriales de la iniciativa. Del lado empresario, el mapa se concentra en BHP, Glencore, Barrick Mining, Lundin Mining, Rio Tinto y McEwen Copper, con participaciones cruzadas y financiamiento común. El presidente de la Cámara Argentina de Industrias Mineras, Roberto Cacciola, afirmó ante el Congreso que el 75% de los proyectos cupríferos del país necesitan que “el tema glaciares se resuelva”. La frase condensa el interés en juego y ordena el debate.
El impulso a la reforma fue construido durante años por las provincias con actividad minera. La Mesa del Litio, creada en 2021 por Catamarca, Salta y Jujuy, y la Mesa del Cobre, conformada en 2024 con San Juan y Mendoza, funcionaron como espacios de articulación política. Los fundamentos del proyecto reconocen ese origen y el reclamo de los gobernadores para que cada provincia tenga mayor margen de decisión sobre qué áreas proteger.
Ese alineamiento territorial quedó expuesto en el plenario de comisiones de Diputados que firmó el dictamen este martes en un clima de fuerte tensión. La propia lista de expositores funcionó como una radiografía del mapa político detrás de la reforma. Participaron, de manera presencial, el vicegobernador de Catamarca, Rubén Dusso; la ministra de Minería de esa provincia, Teresita Regalado; el ministro de Minería de Jujuy, José Gómez; la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre; el ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea; el ministro de Producción sanjuanino, Gustavo Fernández; el secretario de Gestión Ambiental de esa provincia, Roberto Moreno; el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero; el subsecretario de Ambiente nacional, Fernando Brom; el subsecretario de Desarrollo Minero, Mario Thiem; y el subsecretario de Política Minera, Federico Caeiro. De forma remota expusieron el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego; el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil; el secretario de Minería de Salta, Gustavo Carrizo; el coordinador de esa área, Juan José Martínez; el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable salteño, Alejandro Aldazabal; y el coordinador de esa cartera, Sebastián Varela.
La nómina exhibe una fuerte presencia de funcionarios de provincias mineras y áreas productivas vinculadas al sector, con escasa participación de distritos sin proyectos en cartera. Ese sesgo fue parte de las críticas durante el debate. Desde el Frente de Izquierda, Romina Del Plá sostuvo: “Las mineras y los funcionarios a sueldo de las mineras son los que han tomado por asalto este plenario de comisiones”. La diputada Sabrina Selva, de Unión por la Patria, agregó que la reforma no había sido consensuada en el Consejo Federal de Medio Ambiente ni con todas las provincias.
Del lado de los respaldos, el gobernador sanjuanino Marcelo Orrego defendió el desarrollo de la actividad y afirmó: “La minería y el ambiente van de la mano, es el mundo que viene y sin minería no va a haber futuro”. La discusión volvió a mostrar una lógica que ya había atravesado el Senado: más que por pertenencia partidaria, las posiciones se ordenaron por intereses territoriales vinculados a los proyectos.
En ese contexto, la figura del secretario de Minería, Luis Lucero, quedó en el centro de la discusión. Horas antes del plenario fue denunciado penalmente por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas por presunto conflicto de intereses, en base a su trayectoria previa como abogado de empresas mineras en el estudio Marval O’Farrell Mairal. Según la presentación, el funcionario había sido formalmente excusado de intervenir en decisiones vinculadas a proyectos como El Pachón y Agua Rica–Alumbrera, pero esa excusación “no fue efectiva” y habría participado en iniciativas orientadas a flexibilizar la Ley de Glaciares. El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro cuestionó la presencia del secretario de Minería y advirtió: “No está participando como un mero actor del Poder Ejecutivo, asesoró a una o más de decenas de empresas mineras”.
El interés empresarial
La reforma de la Ley 26.639 se inserta en un esquema más amplio de incentivos a la inversión minera. El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) garantiza estabilidad fiscal por 30 años, beneficios impositivos y acceso a arbitrajes internacionales. A eso se suman la eliminación de retenciones a productos mineros y acuerdos sobre minerales críticos. En ese contexto, la modificación de la ley apunta a remover un límite específico: la protección de glaciares y ambiente periglacial en zonas donde se ubican varios de los proyectos en cartera.
Recién en ese marco aparece el detalle de los desarrollos concretos. San Juan concentra el eje más dinámico. Allí opera Veladero, de Barrick Mining, con antecedentes de al menos cinco derrames de solución cianurada desde 2015; El Pachón, controlado por Glencore, con una inversión proyectada de 9.500 millones de dólares; y Los Azules, de McEwen Copper, aprobado dentro del RIGI con una inversión estimada en 2.700 millones.
Este último proyecto cuenta con declaración de impacto ambiental aprobada bajo la normativa vigente de la Ley de Glaciares y fue diseñado en ese marco. Según la empresa, su factibilidad “está completamente compatible con la ley como está”, aunque su CEO, Michael Meding, sostuvo ante elDiarioAR que “una mejora en las definiciones de la ley de glaciares […] te mejora la financiabilidad de proyectos porque sacás incertidumbre”.
El proyecto Vicuña, el joint venture entre BHP y Lundin Mining que integra Filo del Sol y Josemaría, prevé inversiones cercanas a los 18.000 millones de dólares. Desde la compañía aseguran que el desarrollo no requiere una modificación de la ley para avanzar, aunque respaldan la reforma como sector. En Catamarca, el proyecto MARA —también bajo control de Glencore— se apoya sobre la infraestructura de Minera Alumbrera y registra antecedentes judiciales por violaciones a la normativa ambiental vigente.
Los accionistas de Vicuña Corp fueron recibidos por Javier Milei en Casa Rosada nueve días antes de la votación en el Senado, donde el proyecto obtuvo media sanción el 26 de febrero con 40 votos a favor. En la foto se mostraron Jack Lundin, CEO de Lundin Mining y miembro del directorio de Vicuña; Carlos Ramírez, vicepresidente en BHP y presidente del directorio de Vicuña; Ron Hochstein, CEO y José Luis Morea, Country Director en la Argentina.
Las posiciones empresariales convergen en un punto: no plantean la reforma como condición excluyente para avanzar, pero sí como un mecanismo para reducir incertidumbre regulatoria. El CEO de Glencore en Argentina, Martín Pérez de Solay, sostuvo que en el área de El Pachón hay glaciares que “no tienen función hídrica contundente”. En la misma línea, Meding planteó que “hay que entender cuál es la contribución de un glaciar o de un glaciar de escombro al sistema hídrico”.
El nivel más profundo del mapa aparece al observar la estructura del capital. El informe “Los ganadores del deshielo”, del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, identifica una presencia transversal de los fondos BlackRock y Vanguard en las principales mineras. BlackRock posee el 5,6% de BHP y el 7,3% de Glencore, mientras que Vanguard controla alrededor del 5,36% de BHP. El documento lo sintetiza: “Los principales beneficiarios de esta reforma comparten accionistas comunes, entre ellos los grandes fondos de inversión globales”.
El mismo informe describe el cambio que introduce la reforma en términos precisos: “Se reemplaza la protección general de glaciares y ambiente periglacial por un esquema condicionado a la demostración de su funcionalidad hídrica”. Y agrega: “Se invierte la carga de la prueba: ya no son las actividades las que deben demostrar que no afectan, sino que el glaciar debe probar que merece protección”. También advierte que “la fijación de umbrales mínimos excluye glaciares de pequeñas dimensiones que cumplen un rol clave en el sistema hídrico andino”.
En ese marco, concluye que “la reforma habilita el avance de proyectos mineros que actualmente se encuentran limitados por la legislación vigente”. Más de 85 constitucionalistas advirtieron que estos cambios podrían implicar un retroceso en materia de protección ambiental en relación con el artículo 41 de la Constitución Nacional.
*Con la colaboración de Alejandro Rebossio
MC