Milagro Sala lleva unos seis años presa, ya atravesó seis juicios orales y públicos y tiene dos condenas en sus espaldas y aunque el presidente Alberto Fernández solicitó a la Corte Suprema de Justicia que “imprima urgencia” al tratamiento de su situación, en el máximo tribunal dicen no tener “en agenda” de corto plazo el caso de la dirigente de la Agrupación Túpac Amaru, informó una fuente de la Corte a elDiarioAR. “La feria judicial está cerca -comienza la segunda quincena de julio- y ese tema sólo está en la agenda política”, agregó la fuente consultada en el Palacio de Justicia.
La Corte podría devolverle la libertad a Sala -actualmente, con prisión domiciliaria-, detenida por una condena que recibió en 2019 a trece años de prisión por los delitos de asociación ilícita, extorsión y fraude a la administración pública. El máximo tribunal está en condiciones de fallar. La queja de la defensa se presentó en marzo de 2020 y el expediente ya circuló por las cuatro vocalías durante varias oportunidades en los últimos dos años.
El caso ya tiene dictamen del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, quien presentó su posición en febrero último: dictaminó contra el pedido de la defensa de Sala. Los abogados de la dirigente plantean que la Corte debe revisar la condena confirmada por la Justicia de Jujuy por la valoración arbitraria de la prueba, por la indeterminación de los hechos por los que Sala y sus coacusados fueron llevados a juicio y por la modificación de esos hechos a lo largo del proceso, entre otras supuestas irregularidades que habrían afectado el derecho de defensa de Sala.
Con el dictamen de Casal contra Sala, el expediente regresó a la Corte en marzo último y desde entonces permanece en la vocalía del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, según el registro público del tribunal.
La causa nació en 2016 con la denuncia espontánea de nueve cooperativistas que refirieron haber sido obligados a facturar obras al Estado que generalmente no hacían y desviar los cobros a Sala y otros dirigentes de la Túpac. Se conoce como el caso “Pibes Villeros”.
Sala fue juzgada junto a otras doce personas y las defraudaciones habrían sido cometidas entre 2013 y 2015 con fondos provenientes de un acuerdo suscripto entre el Instituto de Vivienda y Urbanismo de la provincia de Jujuy (IVUJ) y la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación para la financiación de mejoras habitacionales en San Salvador de Jujuy y San Pedro de Jujuy, entre otros.
La sentencia en esta causa fue confirmada por la Cámara de Casación de Jujuy y el Superior Tribunal provincial.
Notificación
Además de la sentencia a trece años por el caso de los fondos de cooperativas conocido como “Pibes Villeros”, Sala tiene una condena a dos años de prisión efectiva por el delito de amenazas simples en la causa de “las bombachas”.
La líder de la Túpac Amaru fue acusada de amenazar por teléfono a policías de una comisaría para evitar un procedimiento contra la hija de una compañera de la agrupación, quien alegaba haber sido víctima de un robo. Las pruebas fueron las declaraciones de los policías supuestamente amenazados, explicó la defensa ante la consulta.
En esta causa, Sala fue absuelta por el tribunal oral en diciembre de 2017, pero el Ministerio Público Fiscal de la provincia recurrió la sentencia y la Cámara de Casación Penal revocó esa sentencia. Condenó a Milagro a tres años y dos meses de prisión efectiva por el delito de amenazas simples.
Se creen dueños de las personas, que están ejerciendo la peor esclavitud de este siglo que es a través de un plan, robarles la plata, obligar a mujeres con los chicos a que vayan a las marchas.
En 2021, la Corte Suprema dejó firme la condena pero fue reducida a dos años de prisión. Entonces comenzó una discusión legal sobre el cómputo de la pena y si la sentencia estaba o no cumplida. Para Sala, esta discusión es central. Si la Corte Suprema falla a su favor en la causa “Pibes Villeros” y anula la sentencia de trece años, podría recuperar su libertad
Esa posibilidad futura tambaleó esta semana, al día siguiente de la visita que le hizo el Presidente al sanatorio donde permanece internada por una trombosis venosa. Unas 30 horas después del pedido de Fernández a la Corte, el juez de ejecución penal de Jujuy envió a la policía a notificar a Sala en el sanatorio que deberá permanecer presa hasta junio de 2024.
“Se trata de una interpretación completamente ilegal en la que el juez busca computar desde cero una pena que ya está cumplida, ante las presiones de Gerardo Morales y del Ministerio Público de la Acusación. El juez pretende computar una condena de dos años, que Milagro Sala ha cumplido, a partir de ahora. En cualquiera de las lecturas posibles, la pena está cumplida”, sostuvo su equipo de defensa.
Buscan generar un imaginario de que Milagro es una mujer negra y violenta de la política.
Trece causas
Además de los seis juicios que ya atravesó por amenazas, instigación a cometer daños, tentativa de homicidio, extorsión y fraude a la administración pública, Sala acumula en Jujuy otras siete causas abiertas o camino al juicio por delitos similares, explicó a elDiarioAR Marcos Andazabal, abogado de la dirigente.
De las trece causas, díez se originaron a partir de la llegada del radical Gerardo Morales a la gobernación, en diciembre de 2015. Los otros tres expedientes datan de 2011 y 2012, cuando gobernaba otro enemigo político de Sala, el peronista Eduardo Fellner. Dos de ellos se reactivaron con Morales en el poder.
Su detención y el avance de los casos en su contra están vinculados a “una disputa eminentemente política que responde a una disputa política de la provincia de Jujuy pero que excede a la provincia de Jujuy”, dijo a elDiarioAR Elizabeth Gómez Alcorta, exabogada de Sala y ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad. “En su momento, apenas fue detenida, Ernesto Sanz, el socio político y correligionario de Morales, dijo públicamente que si a Milagro no se la detenía, Morales no podía gobernar. No hay mejor manifestación sobre la necesidad de que Milagro siga presa”, afirmó la funcionaria.
En este marco de disputa política, la defensa de Sala ha planteado en repetidas oportunidades presuntas irregularidades y arbitrariedades en la instrucción de las causas en su contra, testigos con intereses políticos o aliados de Morales, hechos prescritos, arbitrariedades en la valoración de las pruebas y fabricación de denuncias.
El miércoles, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió informes al Estado argentino sobre la salud de Sala, quien tiene una medida provisional de ese tribunal a su favor. La CIDH ordenó “proteger su integridad física y psíquica”, informó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
El organismo dio plazo al Estado argentino hasta el 13 de julio próximo para que presente sus observaciones sobre la situación actual de la dirigente social. En 2016, la organización internacional Human Rights Watch (HRW) había solicitado al entonces presidente Mauricio Macri la libertad de Sala. Juan Grabois insistió esta semana con un indulto del presidente Fernández.
En los años 90, Jujuy se quedó sin base productiva: cerraron ferrocarriles, ingenios y minas; y cerró la principal acería. El desempleo aumentó considerablemente y nacieron los movimientos sociales.
Morales
El gobernador de Jujuy ha sostenido que con la detención de Sala puso “orden democrático y restablecimos la paz” y sostuvo que la dirigente acumuló poder durante “más de una década de violencia y corrupción, liderado por personas que están presas y que tienen que seguir presas”.
“Se creen dueños de las personas, que están ejerciendo la peor esclavitud de este siglo que es a través de un plan, robarles la plata, obligar a mujeres con los chicos a que vayan a las marchas”, agregó el gobernador tras la visita de Fernández a Sala en el sanatorio y su pedido a la Corte Suprema. El presidente de la UCR deseó que Milagro Sala “se mejore, pero para que siga cumpliendo la condena que tiene en una cárcel común”.
“Buscan generar un imaginario de que Milagro es una mujer negra y violenta de la política”, afirmó Gómez Alcorta.
Sala llegó a representar a unas 70.000 personas y fue una aliada central del kirchnerismo. Su caída comenzó con la llegada de Morales a la gobernación y la disputa entre ambos por el poder en Jujuy. El radical cortó el financiamiento de su organización.
Ha sido acusada en los medios, un documental y denuncias de ejercer el poder con “control de hierro” y violencia, de reproducir el esquema de los clanes conservadores de la provincia y de haber gobernado un “Estado paralelo”, edificado con los fondos que recibió durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner para la construcción de viviendas, escuelas, clubes y fábricas. Buscan generar un imaginario de que Milagro es una mujer negra y violenta de la política.
Construyó su poder en una provincia gobernada por una élite conformada por pocas familias que se alternaron en el poder y el avance sin retorno del desempleo.
Entre 1987 y 1998, Jujuy tuvo siete gobernadores. “Los gobernadores de la provincia duraban en el poder apenas unos meses o año y medio, el que más duró no superó los tres años”, explicó Christian Schwarz, docente de Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina (UCA).
“Durante ese mismo periodo Jujuy se quedó sin base productiva: cerraron ferrocarriles, ingenios y minas; y cerró la principal acería. El desempleo aumentó considerablemente y nacieron los movimientos sociales. La inestabilidad política finalizó con la llegada de Fellner (en 1998) pero la provincia siguió dependiendo de los aportes del Tesoro Nacional”, afirmó Schwarz. La pobreza se extendió en Jujuy. En 2001, Sala fundó la Túpac Amaru.
ED