La Corte Suprema busca reformar los concursos de jueces en medio del apuro del Gobierno para completar vacantes

La Corte Suprema de Justicia aprobó un nuevo “Proyecto de Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados” y lo remitió al Consejo de la Magistratura para su tratamiento, en un contexto de fuerte atraso en la cobertura de cargos judiciales y tras la reciente asunción de Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio de Justicia.

Distintos relevamientos muestran que un tercio de juzgados y fiscalías federales se encuentran vacantes, una situación que impacta directamente en la duración de las causas y en la sobrecarga de los tribunales. En paralelo, el Gobierno anticipó que buscará avanzar con el envío de pliegos para cubrir más de 200 cargos entre jueces, fiscales y defensores, en un escenario atravesado por la dificultad para alcanzar acuerdos en el Senado.

En ese marco, la iniciativa de la Corte apunta a ordenar la etapa previa —la de los concursos— y reducir los márgenes de discrecionalidad en la selección de candidatos, en un sistema donde las demoras no solo responden a los tiempos políticos, sino también a la complejidad y extensión de los procedimientos.

La decisión se formalizó a través de la Acordada 4/2026, firmada por los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, en la que el máximo tribunal se presenta como “cabeza del Poder Judicial” y plantea la necesidad de impulsar reformas para mejorar la transparencia, la eficiencia y la confianza pública en la Justicia.

Aunque la Constitución y la ley le asignan al Consejo de la Magistratura la organización de los concursos, la Corte resolvió intervenir con una propuesta concreta de reglamentación y pedir su pronta consideración. En los hechos, se trata de una señal política e institucional sobre un sistema que acumula críticas por demoras, falta de previsibilidad y márgenes de discrecionalidad en la selección de candidatos.

Menos discrecionalidad y más reglas objetivas

El proyecto apunta a reorganizar todo el proceso que culmina en la confección de ternas de candidatos que luego se elevan al Poder Ejecutivo. Entre los principales cambios, establece un sistema más rígido de evaluación de antecedentes, con puntajes tabulados y criterios uniformes, para evitar que —como advierte la Corte— se premie “el mero tránsito burocrático” por sobre el mérito real.

También propone modificaciones en las pruebas de oposición. Por un lado, incorpora una instancia general automatizada con preguntas de opción múltiple, basada en un banco público de ítems, y por otro una evaluación práctica con resolución de casos y redacción de sentencias. Todo el proceso estará atravesado por mecanismos de anonimato para evitar sesgos en la corrección.

Otro de los puntos centrales es la redefinición de la entrevista personal, históricamente cuestionada por su carácter subjetivo. El nuevo esquema limita su peso a un máximo de 20 puntos sobre un total de 200, con pautas de evaluación más claras para evitar que altere de manera significativa el orden de mérito construido en las etapas técnicas.

Además, se impulsa la implementación de un legajo digital único para cada aspirante, accesible y auditable, y la generalización de los concursos anticipados, que permitirían iniciar procesos de selección sin necesidad de que exista una vacante concreta al momento de la convocatoria.

El reglamento también fija plazos: el proceso no debería superar los 90 días hábiles desde la prueba de oposición, con una posible prórroga de 30 días.

Un mensaje al Consejo y a las provincias

En la acordada, el tribunal subraya que el diseño de los concursos es un eje central del sistema judicial desde la reforma constitucional de 1994, que creó el Consejo de la Magistratura con la misión de garantizar procesos transparentes y basados en la idoneidad.

Al mismo tiempo, sugiere que el modelo propuesto podría ser replicado —con las adaptaciones necesarias— en las jurisdicciones provinciales, como forma de fortalecer estándares comunes en todo el país.

La iniciativa abre ahora una nueva discusión dentro del Consejo de la Magistratura, que deberá decidir si adopta, modifica o descarta el reglamento impulsado por la Corte. Mientras tanto, deja planteada una tensión de fondo: cómo equilibrar la intervención del máximo tribunal con las competencias propias del órgano encargado de seleccionar a los jueces.

MC