COMIENZAN LAS AUDIENCIAS EN NOVIEMBRE

Cuadernos: lo que pasó y lo que se viene en el expediente que tiene en vilo a los empresarios de la construcción

elDiarioAR

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Son días clave en la previa del juicio oral y público por el caso de los cuadernos, el mayor expediente de presunta corrupción en la obra pública de la era kirchnerista. La causa se encuentra en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 7, presidido por Enrique Méndez Signori e integrado por Fernando Canero y Germán Castelli. La acusación está a cargo de la fiscal Fabiana León y la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado del Ejecutivo.

A menos de ocho semanas del comienzo del debate, elDiarioAR consultó documentos judiciales, abogados y fuentes oficiales para explicar en qué estado se encuentra el caso, qué pasó la última semana y cómo sigue. Aquí, algunas claves sobre el juicio que deberán afrontar desde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el exministro Julio De Vido hasta empresarios como Aldo Roggio y Ángelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri.

¿Cuál es el estado actual del caso cuadernos?

El expediente se encuentra en la etapa previa al comienzo del juicio oral y público. Además, se encuentra en etapa de producción de prueba complementaria, es decir, aquellas medidas de prueba (pericias, incorporación de documentos, entre otras) que las partes (fiscalía, querella, defensas) proponen incorporar al debate del juicio. Estas son analizadas por el tribunal, que acepta o no su incorporación en el debate. Se trata de prueba complementaria a la que ya formaba parte del expediente cuando llegó del juzgado de instrucción.

¿Cuándo comienza el juicio oral y público?

La primera audiencia está programada para el 6 de noviembre. La causa se inició en agosto de 2018, por lo que llega a etapa de audiencias orales y públicas siete años más tarde. 

¿Quiénes son los acusados?

En un primer tramo de la investigación, el fiscal de instrucción, Carlos Stornelli, pidió la elevación a juicio de Fernández de Kirchner;el exministro de Planificación, De Vido; los funcionarios Roberto Baratta, Nestor Lazzarte, Claudio Uberti, José Francisco López, José María Olazagasti, Rafael Enrique Llorens y Germán Ariel Nivello. También van a juicio el financista Ernesto Clarens y los empresarios Guillermo Enrique Wagner, Gerardo Luis Ferreyra y Oscar Alberto Thomas, junto al chofer Oscar Centeno. Todos por el delito de asociación ilícita. Además, pidió que fueran a juicio otros empresarios que habrían pagado sobornos para ser beneficiados con contratos estatales.

En una segunda etapa, Stornelli amplió su acusación contra otros empresarios por los delitos de cohecho activo y pasivo, dación y recepción de dádivas, relacionadas con contratos energéticos, de obra pública y transporte. Además, imputó al exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, ex secretarios de Transporte.

De acuerdo al último informe de la fiscalía de juicio, el caso tiene en total 159 imputados acusados por 540 hechos. La fiscal León había solicitado en 2023 casi 900 testigos.

¿Qué pasó esta semana?

El viernes, el tribunal realizó una audiencia previa al juicio para que las partes declaren sus posiciones ante el pedido de más 47 empresarios y cuatro exfuncionarios que ofrecen pagar una recomposición económica para evitar el juicio y la sentencia en su contra bajo la figura de reparación integral. 

La reparación integral está prevista en el artículo 59, inciso 6°, del Código Penal, y establece que la acción penal se extinguirá por conciliación o reparación integral del perjuicio. En este caso, el perjuicio sería el pago de coimas admitidas en sus confesiones por los empresarios. 

Esta disposición legal, luego regulada por la Ley 27.147, permite la resolución de conflictos penales mediante la reparación a la víctima, en este caso, el Estado, de alguna manera. Los empresarios y exfuncionarios suponen que el pago de una suma de dinero puede reparar el daño causado al Estado.

Durante la audiencia, la fiscal León y los querellantes se manifestaron en contra de las propuestas de las defensas y el tribunal fijó una nueva audiencia para el martes próximo, con el objetivo de terminar de escuchar a los empresarios y sus argumentos. 

León opinó que debían rechazarse las propuestas de reparación integral ofrecidas por las defensas de los 47 empresarios y los cuatro exfuncionarios acusados de entregar y recibir sobornos para adjudicar contratos estatales, entre otros actos de corrupción. 

¿Quiénes pidieron la reparación económica?

Durante la audiencia del viernes último, los abogados de 47 empresarios solicitaron acogerse a este beneficio para evitar el juicio. Se trata de Roberto Juan Orazi, Jorge Balán, Miguel Marcelino Aznar, Carlos y Osvaldo De Sousa, Cristóbal López, Pablo José Gutiérrez, Adrián y Mauricio Pascucci, Mario Rovella, Patricio Gerbi, Hugo Dragonetti, Juan Manuel Collazo, Ernesto Clarens, Sergio Tasselli, Carlos Daniel Román, Carlos Eduardo Arroyo, Julio José Paolini, Ángel Jorge Calcaterra, Héctor Sánchez Caballero, Santiago Altieri, Jorge Sergio Benolol, Guillermo Escolar, Oscar Abel Sansiñena, Juan José Luciano, Gabriel Pedro Losi, Ricardo Scuncia, Gerardo Cartellone, Aldo Benito Roggio, Daniel Pitón, Ricardo Antonio Repetti, Jorge Neira, Osvaldo Atenor Acosta, Benjamín Gabriel Romero, Rodolfo Armando Poblete, Enrique Pescarnona, Francisco Valenti, Juan Carlos y César De Goycoechea, Mario Maxit, Claudio Glazman, Alberto Padoan, Armando Losón, Luis Armani, Miguel Ángel Marconi, Hernán Gómez y Marcelo Marcuzzi.

También lo hicieron las defensas de cuatro exfuncionarios: Abal Medina; su secretario Hugo Martín Larraburu; el ex asesor de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Walter Rodolfo Fagyas; y el ex director de Energías Renovables de esa cartera, Fabián García Ramón.

¿Cómo sigue el trámite del juicio?

Tras la audiencia del próximo martes -si es que no se extienden las exposiciones de las defensas en audiencias subsiguientes-, los jueces deberán decidir si aceptan o no las propuestas de recomposición económica. Si no las aceptan, los empresarios seguirán camino al juicio oral y público. Los empresarios ofrecieron distintos montos para “saldar” sus situaciones procesales. 

ED/MG