Fracaso del Gobierno para derogar las emergencias: los votos que se dieron vuelta, el costo fiscal y ¿Milei veta el Presupuesto?
El Gobierno tenía un caballo de Troya en el Presupuesto 2026: el capítulo 11 en el proyecto que se votó anoche en la Cámara de Diputados buscaba derogar las emergencia universitaria y en discapacidad, restringir el régimen de zona fría y eliminar la automaticidad en la actualización de las Asignaciones Universales por Hijo, por Embarazo y Asignaciones Familiares. Toda una declaración de principios de la gestión de Javier Milei, que rechaza el concepto de “justicia social” y avala la idea del ajuste permanente y el sálvese quien pueda.
Pero el oficialismo recibió anoche un golpazo: una mayoría circunstancial de 123 votos en contra superó a 117 votos positivos. La caída del título fue celebrada con euforia por toda la oposición, que además le asestó un golpe a las bancadas que se inclinaron por acompañar al oficialismo.
El proyecto incorporaba, a pedido del PRO, el cumplimiento de los actos procesales dispuestos por la Corte Suprema sobre el reclamo por la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires –que había negociado Jorge Macri con Diego Santilli–, y también la transferencia de recursos el supremo tribunal al Consejo de la Magistratura por 21.347 millones de pesos. Pero como esta modificación se incorporó en el capítulo 11, que fue votado negativamente en particular, quedó sin efecto.
Los libertarios pagaron caro la ambiciosa jugada de incorporar todas estas medidas en un mismo capítulo y de buscar que se vote en particular por capítulo y no por artículo. Si hubiera optado la segunda estrategia –como propuso en la sesión el jefe del bloque peronista, Germán Martínez–, LLA podría haber salvado la ropa de las pretensiones de sus socios del PRO.
El capítulo 11 cayó porque se dividió el bloque de apoyos que había cerrado a fuerza de billetera en los últimos días. Esta misma semana se conoció que la Casa Rosada había girado ATN a discreción:
- $20 mil millones al peronista Osvaldo Jaldo (Tucumán)
- $12 mil millones al rovirista Hugo Passalacqua (Misiones)
- $11 mil millones al filo libertario Leandro Zdero (Chaco)
- $10.500 millones al peronista Raúl Jalil (Catamarca)
- $7 mil millones a Rogelio Frigerio (Entre Ríos), del PRO
- $6 mil millones al peronista Gustavo Sáenz (Salta)
El teléfono de Santilli y la billetera de Luis Caputo alcanzaron para aprobar el Presupuesto en general, pero la manta fue muy corta en el momento clave del capítulo 11. Ese bloque de aliados circunstanciales se dividió: los diputados salteños rechazaron la apuesta libertaria pero los misioneros apoyaron. “Se dieron vuelta un par que eran claves para el Gobierno”, admitieron cerca de Santilli.
Una fuente parlamentaria hizo el cálculo de que los libertarios perdieron tres veces en la Cámara de Diputados y en el mismo semestre el tema Universidades y Discapacidad.
El rechazo dejó expuesto a los que giraron de manera impresionante, porque varios de esos diputados habían votado, semanas atrás, la insistencia a la ley de emergencia en Discapacidad y rechazado el veto de Milei.
Anoche los legisladores que cambiaron su voto fueron:
- Verónica Razzini, que entró por el PRO en acuerdo con el santafesino Maximiliano Pullaro y saltó a LLA.
- Los misioneros roviristas Alberto Arrúa, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik.
- Los salteños Pablo Outes y Yolanda Vega, ambos del gobernador Sáenz.
- La sanjuanina Nancy Picón, macrista.
- José Luis Garrido, del gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal.
Y en el momento de la votación se ausentaron otros que habían votado a favor de la insistencia de la emergencia:
- Oscar Zago y Eduardo Falcone (MID)
- Álvaro González (PRO)
- Jorge Ávila, sindicalista aliado del gobernador de Chubut, Nacho Torres.
“No estamos en contra de la educación y los discapacitados, pero acceder a eso sería una administración irresponsable”, lanzó esta mañana Bertie Benegas Lynch, que se convirtió en la espada libertaria para defender el Presupuesto 2026, tras la caída en desgracia de José Luis Espert. El legislador dejó flotando en el aire una posibilidad que ya está corriendo en los pasillos parlamentarios: que el Gobierno argumente que el proyecto, sin el capítulo 11, es inviable para el ajuste libertario.
Entonces Milei podría preferir patearlo o hasta vetarlo si lo sanciona el Senado, y volver a gobernar otro año por decreto. “El Gobierno se autorreguló con el equilibrio fiscal, es una obsesión moral, que corresponde a una administración sana”, dijo el diputado.
En la Casa Rosada entienden que ambas emergencias sociales afectan el déficit cero, pero las previsiones de impacto presupuestario no parecen dar ese escenario, según los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso revelan. La emergencia universitaria significaría para este año que aún no terminó $1.959.974 millones, equivalentes a 0,23% del PIB. Y el de la emergencia en discapacidad, en un rango de $2,4 billones (0,28% del PBI) a $4,3 billones (0,51% del PBI).
MC
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